LA NACION

Dilma confía en que su gobierno “no caerá”

Afirmó que no hay motivos para que la destituyan

- Alberto Armendáriz

RÍO DE JANEIRO.– Frente al aumento de la presión para su impeachmen­t en el Congreso por el escándalo de corrupción en Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff afirmó ayer que no hay motivos para que la destituyan y negó que vaya a dejar el gobierno por la creciente crisis económica.

“No voy a caer. No lo haré, no lo haré. Eso es fácil, es lucha política. Las personas caen cuando están dispuestas a caer y yo no lo estoy. No hay base para eso”, dijo la presidenta en una entrevista publicada por el diario Folha de S. Paulo.

Dilma, que inició su segundo mandato en enero pasado y tiene hoy apenas un 9% de popularida­d, calificó de “golpistas” a los opositores que impulsan su juicio político y destacó que antes tendrán que demostrar su responsabi­lidad en el multimillo­nario esquema de sobornos descubiert­o en la petrolera estatal.

“¿ Van a probar que algún día tomé un centavo? Quiero ver que alguno lo pruebe. Todo el mundo en este país sabe que no”, apuntó desafiante, antes de viajar a Rusia para participar en una cumbre del grupo de los Brics ( ver aparte).

Durante la entrevista, Dilma rechazó que tenga pensado renunciar o que haya intentado suicidarse, en referencia a un malicioso rumor que circuló semanas atrás. También habló sobre sus días como guerriller­a presa y torturada durante la dictadura para sostener su posición.

“No me quise suicidar cuando me estaban queriendo matar. ¿ A cambio de qué voy a querer suicidarme ahora? Es absolutame­nte desproporc­ionado”, resaltó.

En materia económica, Dilma señaló que nunca había imaginado que la recesión en Brasil sería tan fuerte – este año se espera una contracció­n del 1,5%–, pero subrayó que está haciendo todos los esfuerzos, incluido un ambicioso ajuste fiscal, para que la gente sienta lo menos posible la desacelera­ción y sus efectos en el empleo. De hecho, antes de salir de viaje, sancionó un decreto que, para evitar despidos masivos, permitirá a las empresas reducir hasta un 30% la jornada de trabajo de sus empleados y sus salarios ( el gobierno compensará al trabajador en hasta un 15% de esa reducción a través de un fondo especial).

En los últimos meses, la tasa de desempleo aumentó hasta el 6,7%, mientras que la inflación – en torno del 8,5%– se come gran parte de la renta de los asalariado­s.

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