Rechazo de empresarios a una medida que juzgan peligrosa

Creen que las nuevas atribuciones de la AFI están reñidas con el Estado de Derecho y que el avance supone un gesto de autoritarismo de parte del Gobierno

La lista es bastante conocida. Cada uno a su turno, en el transcurso de los últimos años, empresarios de primera línea o simples gerentes fueron acusados de diferentes iniciativas que, en algunos casos, la Casa Rosada llegó a juzgar como ataques contra el orden institucional. Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Eduardo Eurnekian, de Corporación América; Jorge Brito, del Banco Macro; Juan José Aranguren, de Shell; Gabriel Martino, del HSBC, o Rodrigo Saldaña, de Jorge Toselli Inmobiliaria, integraron, entre muchos otros, una nómina que recibió desde escraches por cadena nacional por comprar dólares o quejarse de la caída en la actividad hasta causas penales en la Justicia por presunto lavado de dinero.

La relación entre el kirchnerismo y el poder económico siempre fue turbulenta. Sin embargo, en tiempos de nerviosismo cambiario, la tensión se extendió incluso a pequeños ahorristas como Julio Cesar Durán, el famoso “abuelito amarrete”, así llamado por la presidenta de la Nación, que presentó en la Justicia el primer amparo para comprar diez dólares que pretendía regalarles a sus nietos.

Ayer, enterados del decreto 1311, que se publicó en el Boletín Oficial y que incluye entre el universo sujeto a espionaje a quienes intenten desestabilizar el orden constitucional mediante “corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos y golpes de mercado”, empresarios de rubros diversos expresaron su desacuerdo y evaluaron como peligrosa la medida. La mayoría se negó a opinar en voz alta o se excusó de hacerlo hasta tanto pudiera ponerse al tanto de los alcances de la decisión. Sin embargo, otros prefirieron oponerse públicamente a lo que consideran una nueva escalada contra el Estado de Derecho o el sentido común.

Uno de ellos fue Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que agrupa a dueños o máximos ejecutivos de compañías. “Todos los países del mundo tienen sus sistemas de inteligencia destinados a protegerse de ataques externos. Hoy podríamos agregar al narcotráfico como gran amenaza externa. Pero, evidentemente, hacer inteligencia de los propios ciudadanos argentinos va en contra de todo lo que debería ser un país civilizado”, dijo.

Se le sumó Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina y líder de la cámara alimentaria Copal. “En el principio republicano de división de poderes, corresponde al Poder Judicial investigar estas cuestiones o pedir, si correspondiere y en el caso de que fuere necesario, a los organismos del Poder Ejecutivo, pero nunca autónomamente a los órganos del Estado dedicados a eso”, afirmó el abogado laboralista.

Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, fue igualmente crítico. “De la medida sólo pude leer algunos títulos que son preocupantes como, por ejemplo, el referido a que la Agencia Federal de Inteligencia [ AFI] pueda investigar a empresas para evitar el desabastecimiento. Analizaremos toda la norma para emitir un pronunciamiento.”

Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, fue el más contundente de todos. “Esto es un nuevo signo de autoritarismo por parte del Gobierno. Ellos pretenden amedrentar las voces independientes mediante el espionaje”, cuestionó.

Cristiano Rattazzi, líder y uno de los dueños de Fiat Auto, dudó de las verdaderas intenciones de la medida: “Es un disparate. Hay tantos disparates, que éste es un disparate más. Habría que ver cómo se instrumenta, pero es evidente que, con el nuevo marco normativo, algunos van a tratar de sacar alguna ventaja individual”.

La mayor parte de las reacciones adversas se percibieron en el sector financiero, el más expuesto a eventuales iniciativas de espionaje. En un contexto de diversos intentos oficiales por contener al dólar, bancos y sociedades de bolsa están desde hace meses bajo el escrutinio del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP y la Procelac.

Ayer, las nuevas funciones de AFI sólo profundizaron el recelo con que este sector se maneja en sus operaciones diarias. Porque en la práctica, dicen sus representantes, hace tiempo que se sienten observados. “Lo de la AFI terminó de matar al mercado”, resumió un operador con años en la City.

“No existe el secreto bursátil. Si la AFIP nos pide algo, hay que darle toda la información – apuntó otro–. Esto sólo transparenta además algo que ya estaba: los reguladores saben perfecto cuánto movemos, dónde están las cuevas, quiénes operan blue o no.”

En la rueda de ayer, además, la noticia no hizo más que contribuir, con otros factores, a que el dólar paralelo escalara unos centavos más. “Toda esta presión sólo puede tomarse como una señal de que no tienen tan controlado el mercado cambiario; de lo contrario utilizarían otras herramientas”, evaluó otro operador.

Para un hombre de años en la plaza local, que esta nueva facultad de la AFI se haya plasmado en el Boletín Oficial tiene como objetivo principal infundir miedo en un momento en que la cuestión cambiaria muestra gran fragilidad. “Espiar ya nos espiaban seguro; ahora sólo lo dicen en papeles”, concluyó.