Irán: la comunidad judía teme por la parcialidad de dos magistrados
AMIA y DAIA quieren evitar que Figueroa y Vázquez decidan sobre el memorándum
La comunidad judía no quiere que la jueza de Casación Ana María Figueroa y el flamante conjuez Claudio Marcelo Vázquez decidan si es constitucional o no el memorándum firmado por el Gobierno argentino con irán para supuestamente interrogar a los sospechosos del ataque al edificio de la AMIA, ocurrido en 1994.
La AMIA y la DAIA se presentaron ayer en el expediente en que se debe decidir la constitucionalidad de ese acuerdo y recusaron a Figueroa y a Vázquez. Figueroa es la presidenta de la Casación, que exhibió posturas cercanas al Gobierno. Y Vázquez es el abogado de Lomas de Zamora, de simpatías kirchneristas, cercano al viceministro de Justicia, Julián Álvarez, que fue nombrado conjuez en la Casación en lugar del desplazado juez Luis María Cabral.
El reemplazo se produjo justo cuando Cabral iba a votar en contra del pacto. Ese voto, sumado al del tercer camarista, Juan Carlos Gemignani, iba a significar una derrota que el Gobierno no estaba dispuesto a sufrir. El kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura avanzó sobre Cabral y evitó así un fallo negativo.
Pero cuando notificaron a la AMIA y la DAIA quién era el nuevo conjuez que iba a tratar el ca- so, las entidades lo recusaron. Y lo hicieron también con Figueroa. Argumentaron que hace dos años iniciaron este caso como un amparo y que debía resolverse de inmediato.
La AMIA y la DAIA dijeron que el mismo día en que se iba a decidir el fallo, Figueroa invocó el vencimiento de la subrogancia de Cabral, el Consejo de la Magistratura designó a su suplente y Vázquez juró esa misma tardenoche. Por eso, la AMIA y la DAIA dijeron que tienen “temor de parcialidad” por parte de Cabral y Figueroa. Temen que “puedan tener algún interés en el resultado del proceso”.
El tono del escrito es respetuoso y menciona que no ponen en duda la honorabilidad de los jueces, pero señala que cuando el demandado es el Estado, como en este caso, es doblemente importante la garantía de independencia e imparcialidad de los magistrados intervinientes. Dijeron la AMIA y la DAIA que tienen “una preocupación legítima y fundamentos serios y razonables” para que su miedo a la parcialidad sea justificado.
invocaron antecedentes de tribunales internacionales y hasta un voto de la propia jueza Figueroa en el caso Hotesur, en el que se había pronunciado para apartar al juez Claudio Bonadio ante el temor de parcialidad que esgrimió la sobrina de la presidenta Romina Mercado. Figueroa, en ese caso, perdió la votación con sus colegas y Bonadio siguió en el caso.
Agregaron la DAIA y la AMIA que Figueroa había dicho por radio que nadie iba a sacar a los jueces de la sala en el caso AMIA y que sólo pensarlo era “de una supina ignorancia jurídica”. Los hechos la desmintieron. Fue ella quien pidió correr a Cabral y ahora la recusan por eso. Vázquez, en tanto, enfrenta denuncias penales por el modo en que fue designado.
Quienes deben evaluar esta recusación, en primer lugar, son los propios jueces, con la intervención de Gemignani, el tercer integrante de la Sala. Ante un fallo contrario, la AMIA y la DAIA podrían llegar a la Corte.
En tanto, el fiscal Raúl Pleé, que es la otra parte en el caso, analiza presentar un pedido de nulidad de toda la causa en la que se discute la constitucionalidad del memorándum firmado con irán. Pleé analiza el modo como quedó finalmente integrado el tribunal con el conjuez Vázquez, que llegó a la lista de subrogantes con el voto de los senadores kirchneristas y a juez con el voto de los consejeros de la Magistratura que responden al Gobierno.
El pacto con irán, que no está en vigor y no fue aprobado por el Parlamento iraní, es considerado vital para el Gobierno. Sobre todo, luego de que el fallecido fiscal Alberto nisman entendió que fue firmado para encubrir a irán por el ataque a la AMIA y facilitar su exoneración. nisman denunció a la presidenta Cristina Kirchner por eso, pero esa causa no prosperó en la Cámara Federal ni en Casación, tras una activa intervención de operadores judiciales que responden al Gobierno.