El 9 de Julio, reinventado por el populismo historicista
La pretensión de imponer el mero voluntarismo de una facción política a la memoria colectiva es una manipulación típica de todos los autoritarismos
La propensión de la presidenta Cristina Kirchner por desfigurar acontecimientos históricos ajustándolos a la lógica del populismo y no a la historia misma ha primado con descaro en este gobierno por sobre cualquier ejercicio de razonabilidad. La jefa del Estado parece creer que la verdad histórica puede torcerse mediante el ejercicio de un desaforado voluntarismo. No debería sorprender esa nefasta tendencia por cambiar los hechos a gusto personal en alguien capaz de manipular circunstancias que están a la vista, como la pobreza o la inflación, cuyo registro estadístico se adultera burdamente desde el Estado. Tampoco asombra que se especule con declaraciones de la independencia que son indemostrables en una dirigente política que ha inventado un pasado para su propia biografía.
En ese increíble afán por deformar los hechos del pasado a fin de servir a una concepción maniquea de la historia, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 8 de enero de este año un decreto, refrendado por el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por el que declaró el 29 de junio Día de la Primera Declaración Independentista para los argentinos. Sus émulos en la Cámara de Diputados de la Nación habían ido, meses antes, incluso más lejos, al punto de tomar esa supuesta fecha, invocada en su momento por el caudillo oriental José Artigas, como acreedora a un feriado nacional.
El proyecto de los diputados oficialistas contó en su parte general con el voto de varios legisladores de la oposición. Es un hecho que llama la atención sobre si hubieran firmado a ciegas lo que les trajeron a su consideración o si de ordinario prescindieran de consultas con historiadores confiables de modo de contrastar sus opiniones con las panfletarias que a estas alturas bien podrían revestir en el elenco político del Indec. Los diputados opositores involucrados en el asunto se negaron, eso sí, a prestar conformidad a que se sumara un feriado nacional a un calendario escolar que por ley debería cumplir, y no cumple, con 180 días de clases al año. Eso fue todo.
Con una seriedad que faltó en aquellos dos ámbitos, el proyecto de Diputados no prosperó en el Senado de la Nación. Por una vez, por lo menos, la Cámara alta se comportó como la representación cabal del conjunto de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no como mero apéndice del Poder Ejecutivo. La iniciativa fue archivada y descansa así, felizmente, en un nicho entre las causas fenecidas.
Todo comenzó con la elección de una fecha arbitraria: la del comienzo de las deliberaciones del denominado Congreso de Oriente en Arroyo de la China ( hoy, Concepción del Uruguay). Allí, las provincias bajo la égida del general Artigas, que no participaban en la magna asamblea de Tucumán y se hallaban enfrentadas con el Directorio, se reunieron para fijar los términos de una propuesta de paz que formularían al Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En un reciente dictamen originado en la consulta que le formuló la Comisión Nacional de Filatelia con el propósito de emitir un sello que llevaría la inscripción “2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”, la Academia Nacional de la Historia dejó aclarado que la denominación que se da al mencionado encuentro de los representantes de las provincias Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Misiones, no concuerda con el que señalan diversas e irrefutables fuentes que lo nombran Congreso de Oriente o Congreso de Arroyo de la China.
En la parte sustancial del dictamen de la Academia, se subraya: “En cuanto a la afirmación central del texto en el sentido de que el 29 de junio de 1815 « los representantes destinados al Congreso declaran la Independencia no sólo de España, sino también de toda otra dominación extranjera... » y otras expresiones como « la primera declaración de Independencia, o primer hito de ruptura » , no se encuentran respaldadas por documentos históricos explícitos. Como lo reconoce el propio texto – dijo la institución–, no existen las actas de dicha reunión y en las tres cartas conocidas que se refieren a lo sucedido el día 29 de junio en el Congreso no hay ninguna mención concreta de semejante propósito o declaración de Independencia”. Tales son las cartas de Artigas al Cabildo de Montevideo, del diputado José A. Cabrera al gobernador de Córdoba y del diputado Pascual Diez de Andino al gobernador de Santa Fe, todas ellas fechadas el 30 de junio de 1815. Lo mismo decía años más tarde el delegado por Maldonado, Francisco Martínez.
De todo ello se deduce la falta de asidero del decreto de la Casa Rosada y del proyecto que en Diputados logró aprobarse con la invocación de que por esa curiosa vía se reconocería la participación de las provincias ausentes en lo que fue la asamblea de Tucumán. O sea, como si ellas no hubieran sido hasta aquí parte de la historia argentina y de sus más trascendentes decisiones.
Ha habido, en el fondo, un temerario ninguneo de la memoria de quienes, soportando todo tipo de incomodidades y peligros, llegaron a San Miguel de Tucumán para deliberar sobre el modo de organizar el país y darle una presencia en el concierto de las naciones a través de la formal declaración de independencia de España y de toda otra dominación extranjera.
Por cierto, existieron en el Congreso posiciones encontradas acerca de la forma de gobierno y muchas otras cuestiones – propias de los tiempos que corrían, con las fuerzas de la reacción en auge, en Europa–, pero el acta del 9 de julio de 1816, complementada con la del 19 de ese mes, manifiesta con claridad una determinación que se sostuvo en los campos de batalla y permitió al Libertador San Martín garantizar la independencia argentina y sostener la de Chile y Perú.
El objetivo oficial de retacearle al Congreso de Tucumán la gloria de la primera declaración independentista se relaciona indudablemente con el capricho de oponer a la reunión “de los doctores” presididos por Francisco Laprida la supuesta anticipación que Artigas comunicó a Pueyrredón sólo cuando éste, como director supremo, le anunció el gran hecho histórico del 9 de julio.
El populismo historicista nunca comulgó, por otra parte, con la sanción de la constitución unitaria dictada, casi tres años más tarde del acontecimiento de Tucumán, por la misma asamblea, ya trasladada a Buenos Aires. Para acentuar lo absurdo del enredo provocado, el gobierno actual se proclama federal y es, en verdad, uno de los más centralistas de la historia argentina y de los que más ha vulnerado el sistema consagrado por la Ley Fundamental de 1853.
La propensión a distorsionar lo que sucedió, a imponer la memoria sobre la historia, es una manipulación típica de todos los autoritarismos. Esa inclinación a imponer un pasado, que es una dimensión colectiva, es un subterfugio para controlar el presente, imponiendo al conjunto de la sociedad valores y criterios de facción.
Los dogmas contenidos en “el relato” no responden a la realidad de los hechos ni pueden superar la fuerza incontrastable de los documentos históricos. No podría aquella pretensión desteñir una tradición que viene de los orígenes de la nacionalidad y rechaza, como lo comprendió el Senado, el corazón de los argentinos.
Ni siquiera los uruguayos, que tienen cuatro grandes celebraciones nacionales al año – entre ellas, el 25 de agosto, por la Independencia, y el 18 de julio, por la jura de la Constitución–, conceden al funambulesco 29 de junio la categoría que, de un día para otro, osó formalizarse aquí, por un capricho político más, para consumo de los azorados argentinos. Como dijo el ex presidente Julio María Sanguinetti recientemente: Artigas no tenía nada de peronista; creía en la división de poderes y era popular, no populista.