LA NACION

El próximo gobierno heredará 8800 concursos ya abiertos para ocupar cargos en el Estado

Fueron convocados para planta permanente en varios ministerio­s y organismos públicos

- Mariano Obarrio

En los últimos seis años, el gobierno de Cristina Kirchner convocó más de 11.000 concursos entre empleados públicos para ocupar nuevos cargos en planta permanente en ministerio­s y organismos del Estado. De ese total, 2200 agentes ya fueron asignados y quedan casi 8800 concursos pendientes para que resuelva la administra­ción que asumirá el poder el 10 de diciembre próximo.

Será uno de los primeros conflictos para Daniel Scioli o Mauricio Macri, los candidatos presidenci­ales que competirán en el ballottage del domingo próximo. Según confiaron a la nacion en ambos equipos, Scioli sería más contemplat­ivo con los casi 9000 concursos; Macri los revisaría caso por caso.

Según datos de fuentes de recursos humanos de la Casa Rosada, entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2014, se realizaron más de 4000 convocator­ias a concursos dentro del Poder Ejecutivo y de sus ministerio­s. Sólo en todo 2015 se agregaron 7000 concursos. La cifra total fue de más de 11.000 cargos para planta permanente.

De todas esas competenci­as abiertas, se designó a 2200 agentes con estabilida­d definitiva. Son los que concursaro­n en los primeros años desde 2009. Por ese motivo, unos 8800 concursos están aún en marcha y en diversas etapas de avance por definirse bajo el eventual gobierno de Scioli o el de Macri.

Esos concursos abiertos involucran a empleados de la presidenci­a de la Nación y de todos los ministerio­s. Pero se concentran en la Cancillerí­a y los ministerio­s de Trabajo, Economía, Desarrollo Social, Salud, Justicia y Cultura.

Los pases a planta permanente generaron un fuerte conflicto político la semana última, cuando se supo que el Gobierno y varios municipios dejan a sus futuras administra­ciones miles de concursos abiertos por nuevos cargos en la planta permanente.

En el Boletín Oficial de los últimos tres días, hasta ayer, apareciero­n convocator­ias a miles de cargos para todos esos ministerio­s del Poder Ejecutivo Nacional y designacio­nes de cientos de empleados contratado­s en forma temporaria.

Pero hace siete días eso se había verificado también en municipios bonaerense­s como Merlo, Malvinas Argentinas y La Plata, que dejaron como herencia abultados nombramien­tos en sus plantas permanente­s.

Incluso, en Concepción, en la provincia de Tucumán, el nuevo jefe comunal, Roberto Sánchez, de Cambiemos, fue sitiado durante varias horas el 9 de este mes por punteros kirchneris­tas instigados por su antecesor, Osvaldo Morelli, luego de que dio de baja 430 nombramien­tos a planta permanente.

El peso de La Cámpora

Según confiaron a la nacion fuentes oficiales y gremiales, la Presidenta pretende darles estabilida­d a miles de militantes de La Cámpora en el Estado para mantener cuotas de poder en el futuro y condiciona­r a su sucesor.

Ello engrosaría las capas geológicas de la administra­ción con empleados fieles a ella, que no podrían ser despedidos sin un previo sumario e indemnizac­ión.

La historia de los concursos comenzó en 2008. El decreto 2098/08 homologó el convenio colectivo de trabajo del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep). El jefe del Gabinete era Sergio Massa y la norma fue elaborada por el entonces subsecreta­rio de Gestión Pública, luego jefe de Gabinete y actual senador, Juan Manuel Abal Medina.

Se establecía­n criterios muy rígidos para las categorías A,B, C, D,E y F referidas a diverso grado de capacitaci­ón y títulos de grado universita­rio.

Aquella rigidez les generó fuertes críticas internas a Abal Medina y a Massa. La Presidenta comenzó entonces a firmar nombramien­tos “por excepción” y regidos por el artículo 9° de la ley marco de regulación de empleo público, la 25.164/99.

El régimen excepciona­l era sólo para tareas “transitori­as o estacional­es”. Sin embargo, esos empleados suelen durar años sin concursar y sin estabilida­d laboral en el empleo público como ordena la Constituci­ón, lo cual implica una precarizac­ión laboral en el Estado.

Más del 40% de los trabajador­es del Estado están precarizad­os con contratos temporario­s o monotribut­istas. Para revertir ese déficit en 2014 se decidió el descongela­miento de 7500 vacantes para planta permanente. Se aceleraron, así, los concursos, aunque quedaron sospechado­s por favorecer a los empleados con llegada a La Cámpora.

Sin contar las Fuerzas Armadas y de seguridad federales, de 146.485 cargos en el Gobierno existen 84.569 en planta permanente (58%) y 61.916 (42%) con contratos temporario­s renovables cada seis meses o monotribut­istas.

Desde 2006, según el presupuest­o, la planta total de la administra­ción pública (incluidas las Fuerzas Armadas y de seguridad) creció con 106.000 nuevos empleados públicos. La mayoría de ellos fueron por contrato y muchos están vinculados con La Cámpora. El desmanejo de los recursos humanos durante la gestión dio lugar a todo tipo de sospechas.

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