La Justicia pone freno a la intervención de la CNV en empresas
La Cámara otorgó una cautelar a Papel Prensa y revirtió un fallo de primera instancia
El artículo más polémico de la ley de mercado de capitales que impulsó el Gobierno en 2012, que habilitaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a intervenir empresas, quedó ayer en suspenso por orden de la Justicia.
Ante un recurso de amparo presentado por Papel Prensa, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revirtió un fallo de primera instancia y suspendió la aplicación del artículo 20 de la ley 26.831, sancionada en 2012, en particular del apartado que habilita a la CNV a “designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la comisión”.
Con la firma de los camaristas Jorge Morán, Marcelo Duffy y Rogelio Vicenti el fallo dejó sin efecto, además, el apartado II, que le permitía al regulador “separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas”. Según la misma ley, esta última medida sólo podía ser apelada “en única instancia ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas”.
El tribunal consideró que esas atribuciones que la ley le otorgó a la CNV “podrían implicar una indebida delegación de facultades que hace a la esencia de la función judicial por parte del Congreso en el Poder Ejecutivo”.
Según el fallo, “asiste razón a los recurrentes en cuanto el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 20, inciso a, apartados I y II, sin previa intervención de su parte, impediría requerir y obtener en tiempo útil el control judicial de aquéllas”.
“En este sentido, contrariamente a lo señalado por la jueza de grado, las meras manifestaciones de los apoderados judiciales… no logran soslayar el riesgo de que efectivamente se verifique tal conducta por parte de la conducción de la Comisión Nacional de Valores, toda vez que aquéllos se limitaron a negar que se hubiere verificado en el pasado el despliegue de cualquier actividad tendiente al ejercicio de las prerrogativas previstas en las normas cuestionadas, pero sin comprometer en forma expresa e indubitable la conducta de esta última para el futuro”, agregó. La medida cautelar, señaló, regirá hasta tanto “se dicte sentencia definitiva o por un plazo máximo de seis meses, lo que ocurra primero”.
Artículo polémico
En 2012, el Gobierno impulsó una reforma de la ley del mercado de capitales e incluyó a última hora el polémico artículo en el texto que finalmente fue aprobado por el Congreso. Entre los empresarios hubo en ese momento fuertes críticas a las nuevas atribuciones de la CNV, dado que la norma les quitaba cualquier posibilidad de recurrir la decisión del regulador ante la Justicia.
Por un lado, en la reglamentación de la ley, el Gobierno estableció que las disposiciones del veedor pueden apelarse en única instancia ante el presidente de la CNV. Mientras que, de manera similar, la intervención de una compañía sólo podía recurrirse ante el Ministro de Economía, de quien en definitiva también depende la CNV.
De acuerdo con la reglamentación del artículo 20, quienes tengan al menos 2 por ciento del capital social o de los valores negociables en circulación de una compañía pueden efectuar una denuncia ante la CNV en caso de considerar que están siendo vulnerados sus derechos. La CNV luego puede designar un veedor en la empresa, que puede ser un funcionario de la propia estructura o “un tercero”.
El Estado, a través de la Anses, es accionista de más de cuarenta empresas cotizantes. En la mayoría tiene una participación muy superior al dos por ciento del capital social.