Banco Central, vaciamiento y relato
Frente a la crítica situación de la entidad monetaria, al gobierno cristinista sólo se le ocurre responsabilizar a la Justicia por una corrida cambiaria
El reciente allanamiento del Banco Central por las controvertidas operaciones de venta de dólares a futuro dispuestas por la autoridad monetaria, que merecieron una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, es apenas un capítulo más sobre la grave herencia económica que dejará el gobierno kirchnerista a quienes asuman el 10 de diciembre próximo.
Más que las acciones dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación que se sigue por las sospechosas operaciones del Banco Central, llamaron la atención algunas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, difundidas a través de la red social Twitter, en contra de las medidas judiciales.
La primera mandataria habló de una “corrida cambiaria judicial” al referirse al allanamiento dispuesto por el citado juez para secuestrar documentación sobre las operaciones en el mercado del dólar a futuro. Señaló que esa decisión judicial “interrumpió por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado de cambios”. Posteriormente, se preguntó: “¿Qué puede suceder si se interrumpe el normal funcionamiento del BCRA en el mercado de cambios? Básicamente, el mercado pasaría a controlar el valor del dólar y con toda seguridad se generaría una devaluación o pérdida de reservas”.
Aunque ya no sorprende el supino desconocimiento en materia económica de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, indigna que, ante una medida judicial que resulta lógica frente a las denuncias sobre una eventual defraudación, desconozca que si alguien ha hecho hasta lo imposible para interrumpir el normal funcionamiento del Banco Central ha sido su propio gobierno. Desde poner fin a la independencia de la autoridad monetaria, que pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y, en los últimos tiempos, del Ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof, hasta instrumentar un cepo cambiario que, lejos de morigerar la demanda de divisas frente a la huida de los inversores y del común de la gente del peso argentino, potenció la apetencia de dólares y las operaciones en el mercado paralelo.
Pese a que Cristina Kirchner esgrime que por primera vez se interrumpió el funcionamiento del mercado de cambios por una decisión judicial, hay que hacer notar que este mercado –paradójicamente denominado Mercado Único y Libre de Cambio, pese a no ser ni único ni libre– hace rato que ha sido destruido por el afán intervencionista y la ignorancia con que su gobierno enfrentó la crisis de confianza en materia económica.
A partir de una denuncia presentada por los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente, se investiga si las decisiones en materia cambiaria impulsadas por el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, representan un daño para la solvencia de la entidad, en tanto se vendieron contratos a futuro por miles de millones de dólares a precios que no sólo resultan muy inferiores a las expectativas del mercado, sino francamente irrisorios en comparación con los valores operados en el mercado neoyorquino. Concretamente, el BCRA vendió en las últimas semanas dólares a un promedio de 10,65 pesos para los meses de enero, febrero y marzo, cuando esos mismos dólares cotizaban en Nueva York por encima de los 15 pesos. Y si bien las operaciones de venta de dólares a futuro son legales, resulta claramente sospechoso que el Banco Central se haya convertido en el único oferente de esos contratos, por cuanto nadie está dispuesto a vender dólares a esos valores.
El Banco Central expresó en un comunicado que su intervención en el mercado de futuros es “absolutamente transparente” y que continuará con su política “para garantizar la estabilidad financiera y cambiaria y contribuir al crecimiento económico con inclusión social”. Sin embargo, de acuerdo con distintos cálculos que realizan analistas del sector privado, las últimas intervenciones de la entidad monetaria podrían derivar en pérdidas del orden de los 35.000 a los 45.000 millones de pesos, que deberían asumir las próximas autoridades nacionales.
Como se puede advertir, sobran motivos para pensar que estamos ante un caso más de mal desempeño de los deberes de funcionario público, que se suma a una política monetaria y cambiaria desastrosa, que ha virtualmente destruido el comercio exterior, al derrumbar las exportaciones, al tiempo que ha acentuado la presión sobre las reservas internacionales.
Lo cierto es que el actual nivel de reservas es el más bajo en los ocho años de gestión de Cristina Kirchner al frente del país; que el superávit comercial prácticamente ha desaparecido, pese a las fuertes restricciones sobre las importaciones; que el déficit fiscal ha trepado a niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo, del orden del 7 por ciento del PBI, y que se ha dado lugar a una creciente expansión monetaria que alimenta una inflación descontrolada. El uso del atraso cambiario como ancla antiinflacionaria no sólo ha arrasado con el comercio exterior y con las economías regionales, sino que ha aumentado la brecha cambiaria con el mercado marginal y ya ha llegado a su límite.
Frente a esta crítica situación, que ha derivado en un pésimo manejo del patrimonio del Banco Central, el gobierno kirchnerista sólo puede atinar a seguir dando rienda suelta a su relato, al extremo actual de acusar a la Justicia y a un hipotético gobierno de la oposición por sus propios desmanejos.