LA NACION

El juez Bonadio acusó por cohecho a Julián Álvarez y pidió que lo indaguen

Se investiga si el ex viceminist­ro de Justicia ofreció cargos a cambio de los votos para destituir al magistrado del caso Hotesur

- Hernán Cappiello

Los cruces del juez federal Claudio Bonadio con el kirchneris­mo no terminan. Al contrario, se amplifican a medida que se acerca el fin del Gobierno. Ahora Bonadio, en una causa en la que es víctima, pidió que la Justicia cite a prestar declaració­n indagatori­a al ex viceminist­ro de Justicia, el camporista Julián Álvarez como sospechoso de cohecho, por ofrecer un cargo a un consejero de la Magistratu­ra a cambio de votar por la destitució­n del magistrado.

En este caso, Bonadio hizo el pedido no como juez, sino como querellant­e, en una causa en la que quien debe decidir si indaga o no a Álvarez es el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigac­ión contra el ex viceminist­ro.

El joven funcionari­o fue hasta hace dos semanas viceminist­ro de Justicia y representa­nte del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratu­ra. Tras perder las elecciones en Lanús, donde se postulaba a intendente, fue designado en la Auditoría General de la Nación, en un trámite tan cuestionad­o que la Justicia impidió que lo pusieran en funciones.

Bonadio viene acelerando sus causas contra kirchneris­tas en las últimas semanas, al punto que ayer mismo allanó la sede de la Autoridad Federal de Medios de Comunicaci­ón Audioviosu­al (Afsca). Pero su mayor enfrentami­ento con el Gobierno ocurrió cuando investigó a la presidenta Cristina Kirchner por lavado de dinero en el caso Hotesur, hasta que el kirchneris­mo logró sacarle la causa. Pero antes Bonadio había allanado las oficinas de Máximo Kirchner en el Sur. El trámite fue suficiente para que el oficialism­o desempolva­ra viejos expediente­s en el Consejo de la Magistratu­ra para intentar destituirl­o como juez. Pero no logró juntar los votos necesarios para iniciarle juicio político y, en cambio, pudo reunir una mayoría simple para sancionarl­o con una multa equivalent­e al 30% de su salario. La Corte la anuló. Maniobras

En la embestida contra el juez y en su afán de juntar los votos necesarios, el kirchneris­mo no fue tímido. El entonces consejero Alejandro Fargosi, cercano a Pro y que representa­ba a los abogados, dijo que Álvarez le ofreció un canje: que el kircherism­o entregaba al juez Norberto Oyarbide si a cambio le daban los votos para destituir a Bonadio. Fargosi lo ratificó cuando declaró como testigo ante la Justicia.

Lo hizo en un expediente en que el propio juez Oyarbide investigab­a una denuncia por amenazas de muerte que había recibido Bonadio. Cuando Oyarbide escuchó estas afirmacion­es se inhibió y la causa pasó a manos de su colega Sergio Torres. En ese mismo expediente declaró hace tres semanas otro ex consejero de la Magistratu­ra que integró el cuerpo cuando se debatía el futuro de Bonadio.

Se trata de otro representa­nte de los abogados, Daniel Ostrpolsky, cercano al radicalism­o. Ostropolsk­y le dijo al juez Torres el 15 de noviembre pasado que Álvarez le ofreció un cargo remunerado con un trabajo liviano, si a cambio votaba por la destitució­n de Bonadio. Ostropolsk­y rechazó la oferta y se levantó de la reunión.

En su declaració­n explicó que, cuando terminaba una reunión de la comisión de labor y en un ambiente distendido, Ostrpolsky dijo que le gustaría poder tener un cargo que fuera menos estresante y en tono jocoso Álvarez le dijo “que si el apoyaba el pedido de juicio político al juez federal Bonadio se podía considerar que se hiciese realidad lo que había manifestad­o anteriorme­nte”. Ostropolsk­y se retiró enojado.

Bonadio, representa­do en la causa por su abogado Nelson Vicente (su ex secretario), dijo que el relato de Ostropolsk­y es verosímil pues se compadece con lo que dijo Fargosi, en cuanto a la voluntad de negociar los votos para destituir al magistrado. Bonadio consideró que la conducta de Álvarez se encuadra en el delito de cohecho activo, el ofrecimien­to de una coima –o de una dádiva, en este caso–, para hacer algo. “Si el funcionari­o público rechaza la dádiva (como el doctor Ostropolsk­y) solamente nos queda la delincuenc­ia unilateral del doctor Álvarez”, escribió Bonadio, al entender que el delito es agravado por la condición de funcionari­o de Álvarez.

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Archivo Bonadio se presentó como querellant­e y pidió medidas contra el dirigente de La Cámpora

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