“El populismo radicalizado no se rinde: todo lo que lo contradiga es obra de los enemigos”
El cambio de gobierno se está convirtiendo en un proceso tortuoso, plagado de tensiones e incertidumbres. Es cierto que hubo gestos amables, alguna foto de funcionarios entrantes y salientes sonriendo, o reuniones entre las partes consideradas productivas. Pero, a nivel de los actores principales, la transición semeja un puente roto. Macri y Cristina sostuvieron una reunión irrelevante y la actitud posterior de la Presidenta demostró la intención de entorpecer la gestión del mandatario electo. En paralelo, la Corte Suprema falló, después de un largo proceso, a favor de tres provincias, reconociéndoles el derecho a ser resarcidas por descuentos en la coparticipación federal. El fallo, que tiene repercusiones en el balance económico y político del país, fue sorpresivo y el gobierno recién elegido se quejó, por lo bajo, de no haber sido siquiera consultado o advertido. Profundizando la incertidumbre, Cristina le devolvió al resto de las provincias los descuentos que motivaron la demanda que resolvió la Corte. Se había beneficiado con ellos, pero se los negó al nuevo gobierno.
En simultáneo con estos hechos, se desarrolla una disputa sintomática sobre dónde deben transferirse los atributos del mando presidencial. Además, los militantes kirchneristas llaman a despedir con una gran manifestación frente al Congreso a Cristina, ocupando el espacio público tradicionalmente reservado a los simpatizantes del partido que ganó las elecciones. No terminan aquí las discordias. Hebe de Bonafini declaró que el presidente electo es un enemigo y un amplio arco kirchnerista no cesa de atribuirle la intención de favorecer a los ricos. El nuevo gobierno mantiene una calma tensa y repite su mantra: buscará gobernar con eficiencia para restituir la confianza; cuando esta virtud se afiance, el país empezará a resolver sus problemas. Visiones en pugna que tal vez anticipen la dinámica política de los próximos años.
¿Qué lectura puede hacerse de estas tensiones? Se sugieren aquí algunas claves. En primer lugar, no se asiste a una mera transferencia de gobierno, sino a un proceso mucho más complejo: un cambio de cultura política y administrativa. En segundo lugar, se trata de una transición sin reglas, por la convergencia de tres factores: el mencionado divorcio cultural de las partes; la ausencia de entrenamiento, debido a que la alternancia es infrecuente, y la anomia de la clase dirigente, que se manifiesta a través de comportamientos sectoriales egoístas y la emergencia de problemas estructurales irresueltos.
De estos factores, el cambio de cultura no constituye una novedad en la historia de la administración pública. La discusión llega tarde a la Argentina. Se origina en un argumento sostenido por el positivismo a principios del siglo XIX, que se reactualizó hace 50 años. Se basa en la idea de que la administración debe guiarse por criterios técnicos, antes que políticos. De allí surge una de los proyectos centrales de Pro: incorporar el management a la función de gobierno. Cuando Cristina dice que “un país no se gobierna como una empresa”, ataca el punto, contraponiendo la ideología a la tecnología. Según el kirchnerismo, el ideal tecnocrático es una amenaza para el pueblo y debe denunciárselo. El populismo radicalizado no se rinde: todo lo que lo contradiga es obra de los enemigos del interés general.
Pero la transición no se agota en un combate de visiones. Además, carece de guión. La Argentina casi se acostumbró a ser gobernada siempre por el mismo partido, por lo que está floja de instrucciones para la alternancia. El kirchnerismo más fanático expresa la ausencia de criterio y madurez para asimilar el traspaso: sufre la pérdida del poder, que ha naturalizado, como una ofensa; ataca al que ganó en vez de ayudarlo, desvirtúa la tradición de transferencia de los atributos del mando, se aferra a los espacios públicos como si fueran propios. La falta de reglas para la mudanza del poder confirma, sin embargo, un déficit aún mayor, que excede al kirchnerismo: la anomia que rige la acción de las elites argentinas, y los problemas históricos y estructurales que la expresan.
En este sentido, el fallo inoportuno de la Corte Suprema, que posibilitó una de las últimas mezquindades de Cristina; el aumento brutal de los precios de la canasta familiar, y el escándalo de la AFA, tres hechos aparentemente inconexos, constituyen síntomas de anomia social. En primer lugar, porque recuerdan “la impaciencia afiebrada” –la expresión es de Durkheim– de actores que atienden a su interés, sin considerar el del conjunto. Y en segundo lugar, porque patentizan problemas estructurales no resueltos: la coparticipación federal, la inequidad tributaria, el conflicto distributivo, la baja calidad de las instituciones. Dramas históricos achacables a las elites, que nunca acordaron las reglas para hacer sustentable el progreso del país.
Esta transición desnuda la anomia, pero puede significar también una oportunidad. En este caótico tránsito, los primeros pasos del gobierno electo son, paradójicamente, contraculturales. Intentan restablecer tres organizadores elementales de la vida pública, olvidados por los argentinos: el diálogo, la confianza y el sentido común.