Valiosos primeros pasos hacia la normalidad
A excepción del equivocado procedimiento para nombrar dos jueces en la Corte, el gobierno de Macri ha dado señales hacia un horizonte más previsible
Al cabo de su primera semana como presidente, Mauricio Macri y su equipo gubernamental han dado señales más que alentadoras para la recuperación de un país normal y más previsible. Lejos de los gritos proferidos a través de la cadena nacional, de los humillantes escraches públicos contra los adversarios de turno o las voces disidentes, de la incapacidad para admitir errores y de la soberbia que asociaba cualquier sugerencia de rectificación con una acción conspirativa, la racionalidad, la moderación y la prudencia no exenta de valentía han sido las líneas rectoras del nuevo gobierno nacional.
En menos tiempo del esperado, el primer mandatario honró su palabra al dar cumplimiento a dos importantes cuestiones prometidas durante la campaña electoral. En primer lugar, cumplió los compromisos que había contraído con el campo, al anunciar la eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícolas –a excepción de la soja, a la que se le aplicó una rebaja de cinco puntos–, y extendió ese beneficio a las exportaciones industriales. El segundo paso fue poner fin al cepo cambiario y liberar las operaciones de compraventa de moneda extranjera, tras cuatro años de restricciones absurdas que agravaron la situación, acelerando la fuga de capitales, obstaculizando la llegada de inversiones, derrumbando las exportaciones y perdiendo más reservas internacionales.
La reforma cambiaria se efectuó hasta ahora con verdadero profesionalismo y una buena dosis de coraje. Si bien la actualización del valor del peso frente al dólar en función de la oferta y la demanda en el mercado era un dato que se descontaba desde hacía semanas o meses, las medidas no estuvieron exentas de ciertas sorpresas positivas, como el hecho de que, al igual que antes del cepo, se fijara en dos millones de dólares el monto máximo mensual para la adquisición de divisas por parte de las personas, cuando algunas versiones habían dado cuenta de un monto muchísimo menor. La apertura del mercado convalidó una depreciación de nuestra moneda respecto del ficticio valor con el que operaba en un mercado oficial al que muy pocos podían acceder y con severas restricciones. Por lo tanto, más que de una devaluación del peso, debería hablarse de un sinceramiento.
Tras la primera etapa de corrección cambiaria debería venir otra de estabilización y coordinación, de modo que, ya sin cepo, nuestra economía sea percibida como sustentable por los actores económicos. Será vital para lograr ese propósito que se ataque fuertemente el déficit fiscal, que ha trepado a niveles récord, del orden del 8% del PBI, merced a la pésima gestión kirchnerista y a la desconfianza que alimentó entre los inversores, pese a la elevadísima presión tributaria.
La apuesta del Gobierno de quitar trabas a la economía, como con la anunciada eliminación de las declaraciones juradas anticipadas de importaciones (DJAI) y los registros de operaciones de exportación (ROE), deberá ser combinada con una baja del gasto improductivo y con una política de transparencia en el sector público que impida la corrupción administrativa, además de la gradual baja de los subsidios por los servicios de luz y gas, en el marco de la emergencia energética anticipada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sin afectar a los sectores de menores ingresos.
La eficiente coordinación que exhibió el flamante gobierno a la hora de poner en marcha las medidas económicas, lamentablemente, no encontró correlato en la apresurada e inconsulta manera en la que el Presidente pretendió regularizar la situación de la Corte Suprema de Justicia, cuando designó mediante un más que controvertido decreto a dos jueces en comisión. Como señalamos en esta columna editorial, se trató de un error capaz de comprometer la legitimidad republicana y el principio de división de poderes, por cuanto, de tratarse de una cuestión urgente, Macri debió convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, para que el Senado prestara acuerdo a sus candidatos, cuyos antecedentes resultan a primera vista intachables.
Cabría preguntarse, si se aceptara el criterio presidencial de nombrar a dos jueces en comisión sin el aval parlamentario –lo que configuraría un peligrosísimo precedente–, con qué autoridad podría una Corte integrada con magistrados designados por decreto revisar los numerosos casos de jueces subrogantes heredados del kirchnerismo, que constituye uno de los problemas más acuciantes por resolver en el ámbito del Poder Judicial.
Los argentinos hemos sufrido la llamada “mayoría automática” de una Corte que, durante el menemismo, buscó favorecer las políticas del Gobierno, así como asistimos al juzgamiento y destitución de algunos de sus miembros durante los difíciles tiempos del “corralito”, signados por una mayúscula crisis de representación. La esperanza que ha generado el reciente cambio político en la sociedad se refleja también en la necesidad de contar con jueces independientes del poder político de turno. Esto requiere un proceso en el que no sólo se designe a los probos, sino que se respeten a rajatabla los mecanismos constitucionales ordinarios.
Luego de las numerosas críticas que, tanto en círculos políticos como judiciales y académicos, mereció el decreto presidencial, Macri inició un camino de acercamiento a los senadores nacionales y a otros sectores, que como primera medida derivó en la postergación del proceso de jura de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Es de esperar que el Presidente asuma su error y pueda desandar el paso que dio en falso, probablemente mal asesorado por supuestos operadores judiciales que la nueva etapa política debería erradicar. La ciudadanía exige que sus gobernantes cuenten con la humildad y el coraje necesarios para enmendar errores y que reine el pleno respeto a las instituciones de la República.