Hambre extrema y vulneración de derechos
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), ha informado sobre la alimentación insuficiente que asedia a niños y adolescentes en áreas suburbanas de nuestro país, donde se conjugan entre otros factores el hambre con la pobreza de recursos. Según ese estudio, se estima que, a fines de 2014, no menos de 2,5 millones de personas de hasta 17 años padecían de carencias significativas y, dentro de ese grupo, llegaban a 568.000 los que sufrían de hambre severa no obstante el beneficio que reportó la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es de hacer notar que el afán de confrontar los datos señalados con los oficiales del anterior gobierno no es posible desde 2013, cuando el kirchnerismo decidió de manera siniestra no publicar más ese tipo de información.
En ese grave e inexplicable contexto representa un significativo paso adelante el dado por el nuevo gobierno al prometer no sólo un sinceramiento de estos datos, sino trabajar para lograr una drástica disminución de la pobreza.
Los penosos problemas de la insuficiente alimentación se unen a otras cuestiones no menos agudas, como el hacinamiento y la falta de salubridad en las viviendas. También, a la falta de una educación elemental en una población adulta sumida en necesidades que no puede resolver.
El mayor número de personas en esa triste y escandalosa condición habita en el conurbano bonaerense, área en la cual se calcula que prácticamente el 68% de los menores de edad padece hambre. Si se comparan los datos más recientes con otros anteriores referidos al mismo problema, la cantidad de chicos en esa dura situación aumentó un 21%.
Se ha podido comprobar que ciertas medidas económicas reducen parcialmente esos graves problemas, pero persisten otras privaciones, como la falta de agua corriente y de sanitarios, que lesionan derechos esenciales, según opinó Ianina Tuñón, investigadora de la UCA.
La suma de carencias que sufre la minoridad no es de fácil ni inmediata solución. En opinión de Tuñón, es necesario generar “programas complementarios de fortalecimiento de las capacidades productivas” y capacitar a los adultos en la preparación de una alimentación adecuada según las edades de los chicos. Se justifica insistir, en este punto, en que resulta indispensable contar con una información precisa de carácter oficial sobre la cantidad de pobres e indigentes de nuestro país.
El tratamiento de los problemas que afectan a las generaciones más jóvenes reclama un esfuerzo planificado y continuo a fin de resolver cuestiones de salud, alimentación y atención médica; además, concierne a las políticas económicas y laborales la gradual disminución del desempleo y la pobreza. Ambas cuestiones se encuentran íntimamente ligadas a los objetivos que el nuevo gobierno ha priorizado y para las cuales habrá que trabajar sin mayor pérdida de tiempo.