Dos enigmas que marcarán la gestión
Mauricio Macri despliega una agenda electrizante. Durante su primera semana en la presidencia, unificó con éxito el mercado de cambios; derogó retenciones agropecuarias e industriales; anunció la eliminación de las declaraciones juradas para importación; desactivó, de manera bastante heterodoxa, la bomba de tiempo del mercado de futuros del dólar, y consiguió que Federico Sturzenegger asumiera al frente del Banco Central.
Hoy estrenará su cargo más allá de las fronteras en la cumbre del Mercosur. Aunque no podrá verse con Nicolás Maduro, a quien reclama la liberación de presos políticos, volverá a encontrarse con Dilma Rousseff, cuando en Brasil aparecen revelaciones escabrosas.
El viernes pasado, Fernando Soares, uno de los arrepentidos de Petrobras, prometió a la justicia dar detalles sobre una trama de corrupción que involucraría a dos ex ministros argentinos. Soares consignaría las maniobras del kirchnerista Julio De Vido y de su antecesor y consejero menemista Roberto Dromi para forzar a la petrolera brasileña a vender sus acciones en la transportadora eléctrica Transener a un consorcio nacional. Habría sido a comienzos de 2007, en el período de Néstor Kirchner. Las autoridades argentinas prohibieron a Petrobras vender su participación al fondo Eton. E influyeron para que lo hiciera a un consorcio de la estatal Enarsa y Electroingeniería, la empresa de Gerardo Ferreyra, el íntimo amigo de Carlos Zannini. Por entonces, Dromi asesoraba a Ferreyra, gran beneficiario de contratos estatales durante la “década ganada”. En la trastienda de la reunión de hoy, los funcionarios de Macri indagarán a sus colegas brasileños sobre los pormenores de este caso.
Macri va tomando así el control de las palancas de su gestión. Pero en el trasfondo de esa tarea surgen dos enigmas que, sin pertenecer al ritmo del día a día, cobijan los mayores desafíos de su liderazgo. El primero: ¿cómo se pasa de una hegemonía autoritaria a un orden pluralista, en el que ningún actor puede fijar el rumbo de la vida pública sin pactar con otros? El segundo: ¿cómo se pasa de una economía subsidiada por los excepcionales precios de las materias primas a otra más competitiva? Son las preguntas que la historia tenía preparadas para Macri.
El poder se ha fragmentado. Cada vez que el Gobierno emprenda una decisión relevante deberá incluir en su ecuación a sus rivales. Dicho de un modo más concreto: si quiere tener éxito, el Presidente debe darse una estrategia hacia el peronismo. Es la lección que dejó la turbulencia por la designación en comisión de dos ministros de la Corte.
Macri está buscando una receta para lograr ese objetivo. El primer intento, hacer jurar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti ignorando al Senado, fracasó. El error de procedimiento es evidente. El Presidente tomó la decisión sin consultar a Gabriela Michetti y Federico Pinedo, que son sus “ministros” en esa cámara. Es como si hubiera anunciado el fin del cepo sin hablar con Alfonso Prat-Gay.
Los senadores peronistas propusieron, entonces, una transacción. Ofrecieron a Michetti y a Pinedo aprobar los candidatos del Poder Ejecutivo a cambio de ampliar la Corte a siete miembros y postular a dos de ellos. Miguel Pichetto sugirió a Santiago Corcuera, integrante de la Cámara Nacional Electoral, y a Domingo Sesín, presidente del Superior Tribunal de Córdoba, de buen trato con Ricardo Lorenzetti y cuyo pliego envió ya Cristina Kirchner.
Macri rechazó la propuesta. No sólo porque no quiere desistir de su negativa a agrandar la Corte, formulada en la campaña. El principal motivo es éste: ¿por qué reconocer semejante poder a Pichetto, quien ni siquiera cuenta con el aval del gobernador de su provincia, Río Negro, Alberto Weretilneck?
El ensayo y el error en la polémica por la Corte condujeron a Macri a una cuestión muy relevante: ¿quién es el dueño del poder en el PJ? La derrota suele transformar a esa fuerza en una hidra de siete cabezas. Sergio Massa es un aliado condicional, porque en dos años se enfrentará a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y su acuerdo con María Eugenia Vidal no incluyó compromisos en el Congreso. Además, la disidencia por el nombramiento de Rosenkrantz y Rosatti abrió una herida en la relación con Macri. En una comunicación privada Massa habría tenido alguna frase altisonante.
Desde la Casa Rosada iluminan a Juan Manuel Urtubey, quien se propone como primus inter pares de una liga de gobernadores a la que se sumó la fueguina Rosana Bertone. Sin embargo, el salteño no incluyó en su cordialidad el voto de su hermano senador, Rodolfo, quien no se distingue de Pichetto. Además está Cristina Kirchner, a punto de instalarse en la Capital Federal para conducir la “resistencia al ajuste de Macri”, mientras su cuñada Alicia pide fondos para Santa Cruz. La señora de Kirchner sueña con competir, en 2017, como candidata a senadora por ese distrito. Por la banca bonaerense pelearía Daniel Scioli. Siempre y cuando ella cumpla su promesa. Zannini convoca a los intendentes para esta aventura. Varios de ellos, como Martín Insaurralde y Alejandro Granados, respondieron con frialdad. Están fundando el colaboracionismo, la línea interna más atractiva para los peronistas necesitados de recursos. ¿Macri y Vidal sabrán agradecer?
Macri eligió una táctica para navegar este archipiélago. Negociará con los gobernadores del PJ, uno a uno, para alcanzar a través de ellos un acuerdo en el Congreso. El banco de pruebas de ese pacto será la aprobación de los dos ministros de la Corte. Esta opción pone en el centro de la escena al ministro del Interior, Rogelio Frigerio; su secretario político, Sebastián García De Luca; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el jefe del bloque de Pro, Nicolás Massot; Michetti, Pinedo, y los jefes de los bloques radicales, Mario Negri y Ángel Rozas. Marcos Peña coordina este gabinete político.
El segundo gran desafío de Macri es atravesar las aguas del reacomodamiento de precios, para que la economía recupere competitividad y vuelva, hacia finales de 2016, a crear empleo. Es una condición indispensable para que su gobierno gane las elecciones legislativas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
La clave de este proceso es acordar con las organizaciones sociales y, sobre todo, con los sindicatos. Sin contar a empresas como Cresta Roja, que gracias al negocio del subsidio se convirtieron en entidades filantrópicas. El kirchnerismo de Kolina y La Cámpora arraigó en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. En cambio, el Movimiento Evita concentra sus intereses en Trabajo, donde reina Jorge Triaca. Stanley, Vidal y Triaca conocen este entramado. Ahora pretenden fijar una regla: quien rompa la negociación será ignorado como interlocutor.
Un frente más complejo es el sindical. El Gobierno concedió la baja del impuesto a las ganancias para el aguinaldo, un gesto que no alcanza a más de 300.000 trabajadores. Por eso las centrales sindicales piden un bono de $ 1500 para fin de año. Como los empleados públicos son alrededor de 500.000, el costo para el Tesoro sería de $ 1500 millones. Es una suma impagable. Hacienda debe girar fondos para las provincias en emergencia. Ya transfirió $ 4500 millones para que Vidal cubra el rojo que le dejó Scioli.
El sindicalismo pretende consagrar la unidad de la CGT en Mar del Plata, durante la segunda quincena de enero. La competencia por liderar esa central endurece la retórica. Pero Macri envía a los gremialistas un mensaje: está dispuesto a respetar las paritarias y a saldar la deuda con las obras sociales. Son, en los registros contables, alrededor de 25.000 millones de pesos. Pero los sindicatos aceptarían una quita del 50% y que se pagaran $ 2000 millones en efectivo y el resto con un bono. “Si Macri cumpliera, haría lo que nadie hizo”, confiesa un dirigente ligado a Hugo Moyano. ¿Lo elogiaba o lo trataba de incauto?
El Presidente aspira a una contra- prestación: que los sindicatos negocien salarios según la inflación anual que se prevea en marzo, no ahora. Los ministros calculan que será de 25%. Hasta que los gremios acepten el acuerdo, la llave de la caja estará en manos del Gobierno. Macri admitió designar como superintendente de Salud al médico Luis Scervino. Es un subordinado de José Luis Lingeri, gremialista que inaugura su credo macrista, después de haber sido menemista y kirchnerista con la misma convicción. Lingeri debe hacer la vertical: Daniel Chain, el nuevo titular de AySA, conocerá todos sus secretos. El sindicalista condujo esa compañía a través de su anterior presidente, Carlos Ben.
Los fondos de las obras sociales no serán administrados por Scervino, sino por su segundo. Sería Sandro Taricco, quien reportará a Triaca y al ministro de Salud, Jorge Lemus. Hay un figura decisiva en este armado: Alberto Mazza, ex ministro de Salud de Carlos Menem y principal asesor de Lemus.
Los subsidios son insuficientes para apaciguar a todo el gremialismo. Carlos West Ocampo, de Sanidad, a quien su amigo Juan Manzur supo aplacar durante el kirchnerismo, parece haber bajado de Sierra Maestra, adonde nadie sabía que hubiera alguna vez subido. Pero una entrevista con Lemus podría serenarlo.
Moyano, en cambio, sufrió varias derrotas frente a Macri. No pudo colocar a Diego Santilli en Trabajo ni a Guillermo López del Punta en Transporte. Ahora quiere controlar los puertos a través del empresario Gustavo Elías y sus controvertidos lobbistas. Pero Macri aprendió una lección que suele recordar Carlos Tomada: “Moyano fue el peor socio de Néstor. Recibió todo y cuando lo necesitamos ya no estaba más”.
El ensayo y el error en la polémica por la Corte condujeron a Macri a una cuestión muy relevante: ¿quién es el dueño del poder en el PJ?
El sindicalismo pretende consagrar la unidad de la CGT en Mar del Plata, en enero. La competencia por liderar esa central endurece la retórica