Los “carreteros” colombianos Advierten que muchos colombianos son víctimas de trata en Córdoba y en otras provincias.
La Justicia investiga a una red que coopta a personas para hacerlas trabajar en talleres y vender muebles con préstamos usurarios; historias de los estafados
CÓRDOBA.– Empujan un carro cargado con unos cuantos muebles mientras anuncian su oferta, con característico acento, por un megáfono. La escena, que pareciera propia del cuentapropismo de barrio, oculta historias oscuras de trata de personas, lavado de dinero y mafias que investigan las justicias argentina y colombiana. Los vecinos los identifican rápidamente como “los carreteros colombianos”. Desconocen que trabajan en talleres clandestinos, que llegaron de su país engañados y que viven coaccionados.
En 2013, un procedimiento judicial que abarcó diez provincias produjo allanamientos en 90 talleres clandestinos, de los que fueron rescatadas 200 personas en condiciones de esclavitud. Aquí quedaron detenidas 30. Un juez las sobreseyó; el fiscal apeló. Hace pocos días, la Cámara Federal ordenó seguir investigando el lavado de dinero y está por expedirse sobre la causa de trata.
La investigación comenzó en 2010, cuando Migraciones advirtió a la Fiscalía General Federal de esta provincia sobre el llamativo arribo de importantes cantidades de artesanos colombianos sin dinero que se alojaban en un mismo domicilio. Entre 2009 y 2011 ingresaron 3000 al país. El fiscal Enrique Senestrari quedó a cargo de la investigación, que reveló la existencia de una red: “Cuando empezamos a ver noticias de colombianos asesinados decidimos coordinar y empezar los allanamientos, porque nos pareció que todo podía tener relación”, dijo a la nacion.
De aquellos 200 rescatados, muchos regresaron a Colombia, donde declararon ante la justicia. La modalidad “gota a gota” o “paga diario” –de los muebles, que se entregan en cuotas con intereses altísimos– se expande por la región y la convicción es que va de la mano de la trata de personas, el lavado de dinero narco y el sicariato. Al que no puede pagar, la organización le presta plata, y si no cumple, las consecuencias pueden ser temibles.
Senestrari identificó como líder de la banda a Mario Cifuente Hoyos, al que nunca hallaron. En Ecuador maneja Cimplast, empresa que proveía cintas para los muebles. Entre los detenidos estuvieron un hermano y un hermanastro suyos y el contador de la organización, Germán Vásquez Vásquez. Todos están libres y Vásquez Vásquez regresa cada dos meses al país a recaudar el dinero. El juez Ricardo Bustos Fierro –a quien la nacion no logró contactar– determinó que no existía una asociación ilícita, sino relaciones interpersonales de los imputados. En su fallo no juzgó significativas las condiciones paupérrimas de alojamiento, la libertad restringida de los trabajadores ni el hecho de que la organización les pagara los pasajes (que después les cobraba).
Restos del horror
la nacion visitó un galpón en donde funcionó uno de los talleres clandestinos. Hoy, allí trabajan mecánicos, pero está intacto el mínimo espacio donde el nuevo inquilino encontró dos camas en las que dormían y comían los empleados. También quedaron maderas y cintas con las que fabricaban los muebles.
En una recorrida por Pilar, a 40 kilómetros de esta ciudad, esta cronista conversó con vecinos que –entre una y tres veces por mes, a la hora de la siesta– ven pasar los carros y escuchan los anuncios por megáfonos. Una compradora proporcionó a la nacion el papel que, a modo de recibo, le entregaron por una compra.
“No pasó por las últimas dos cuotas, desapareció –explicó–. Me comentaba que tenía la fábrica en Córdoba y que pagaba a la municipalidad para hacer venta ambulante.” En Malagueño los testimonios son similares, aunque dicen: “Hace bastante que no se los ve por acá”.
A Senestrari las pruebas lo persuaden de que se trata de una banda “aceitada y organizada” con ramificaciones en Perú, Chile y Ecuador, según surge de los datos que intercambió con su par colombiana Zeidy Izquierdo Vargas. Al “recaudador” Vásquez Vásquez lo detuvieron con 200.000 pesos después de controlar durante dos años cómo bimestralmente entraba en la Argentina. Para las víctimas, era el “señor de la valija”.
la nacion accedió a la reseña que un matrimonio de 47 años hizo a la Secretaría de Trata de Personas de la provincia en 2014. Llegaron allí después de estar varios meses en Río Tercero trabajando en un taller, donde también vivían. Identificaron como tratante a Adrián Álvarez Ibarra, que les ofreció el trabajo en Colombia. Aceptaron, pero decidieron comprar ellos sus pasajes; vendieron lo poco que tenían y dejaron a sus cinco hijos al cuidado de una tía.
“La oferta laboral era para pintar y refaccionar muebles en la empresa del hermano de Adrián. Llegamos y nos alojaron en un galpón con dos camas; trabajábamos 12 horas diarias y nos pagaban, a los dos, 4000 pesos mensuales, de los cuales debíamos entregar 500 para dormir; no podíamos salir cuando queríamos”, señalaron. Por hacer una mesa de luz, por ejemplo, recibían 30 pesos. A los pocos meses los dejaron sin trabajo. Como no podían pagar un alquiler, se presentaron en las oficinas estatales. Estuvieron en el refugio de la secretaría un tiempo.
Otro testimonio es el de un joven colombiano de clase media que acababa de terminar sus estudios. En su país, una mujer le ofreció un empleo en Córdoba, con pasaje incluido.
Apenas arribó le notificaron que iría a Posadas, en Misiones. Ante la falta de alternativas, aceptó. Descri-
bió las condiciones “inhumanas” en las que vivió y cómo lo sancionaban si demoraba en comer en la calle.
Unos vecinos con los que había trabado amistad le prestaron plata para volver a Córdoba, donde se presentó en el aeropuerto con su pasaje de regreso. Cuando le avisaron que estaba cancelado, fue a la oficina de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“Los ofrecimientos eran engañosos. Está acreditado con fotos y testimonios que los buscaban en el aeropuerto y en terminales de ómnibus, los llevaban a los alojamientos y les cobraban”, explicó Senestrari.
En el caso de Córdoba, los que llegaban eran vulnerables; en Salta, en cambio, hacían ostentación de autos y estilo de vida. El fiscal general Alberto Losada indicó a que
la nacion existe la presunción de que lo que está en juego es dinero de bandas narcos o de paramilitares, que vuelcan esos fondos a las calles a través de préstamos usurarios. Sin documentos de por medio, sólo cuenta la palabra, con los riesgos que eso implica.
La primera cuota, en general, la cobra el vendedor. Después empieza a pasar otro de mayor jerarquía en la red. Senestrari admite que es frecuente que, para “sobrevivir”, la víctima se gane la confianza del tratante y termine replicando el modelo “con los de más abajo”.