Venta ilegal. Once propuestas para combatir un flagelo que invade la ciudad
Investigadores del Conicet y de la UBA analizaron las ferias; en el sistema, dicen, se mezclan relaciones de servidumbre, evasión impositiva, contrabando y una logística organizada
La venta ilegal en la Capital es parte de un circuito económico complejo. Inmigración, relaciones de servidumbre, un sistema logístico organizado, evasión impositiva, corrupción, contrabando y robo de mercaderías, talleres clandestinos y un Estado ausente son los actores que componen el entramado de este sistema, según una investigación realizada por investigadores del Conicet y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS).
El estudio se realizó por iniciativa de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), preocupada por el incremento del comercio ilegal, que incluye la venta en la vía pública y en predios tipo “saladitas”. Según el último relevamiento de la Fecoba, en noviembre se detectaron 132 saladitas activas, con 7724 puestos, y 6516 manteros.
Once, las avenidas Avellaneda y Rivadavia (en Flores) y la zona de Liniers son los rincones donde más se concentra la actividad ilegal. Fueron los lugares relevados entre septiembre y noviembre de 2014, para el informe que elaboraron los sociólogos Agustín Salvia, investigador del Conicet y coordinador general del programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), y Carlos de Angelis, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
“La idea era desentrañar el circuito económico que hay detrás de la venta ilegal. Y buscar políticas públicas para resolver este problema serio en la ciudad”, afirmó el presidente del CEyS, Sergio Abrevaya.
“Nosotros señalamos que hay un mecanismo de política de Estado en la sombra, porque no se llega a comprar mercadería de contrabando o de talleres clandestinos si no hay detrás de ese sistema cierta protección estatal. A su vez, no se puede seguir con este negocio todos los días sin que pase nada, mediante relaciones laborales extralegales o de explotación o servilismo sin que tampoco pase nada”, afirmó Salvia.
Las recomendaciones –sobre la base del informe que titularon “Ferias extralegales en espacios públicos de la ciudad. Un sistema complejo de lealtades, oportunismo y explotación amparado por un Estado en las sombras”– incluyen distintos tipos de medidas, que involucran a diversos niveles de Estado y que el macrismo podría implementar ahora que retiene los gobiernos nacional, porteño y bonaerense.
Abrevaya las presentará en los próximos días a las autoridades pertinentes y a la Legislatura local.
1 Reforzar controles a inmuebles
Se sugiere fiscalizar mejor la compra y el alquiler de inmuebles para evitar que puedan ser utilizados como centros de depósito, reaprovisionamiento y de producción ilegal.
2 Vigilar el tránsito de cargas
Instrumentar severos controles de tránsito sobre el transporte de cargas en las inmediaciones de las ferias, con el fin de evitar la distribución mayorista no fiscalizada; es decir, de mercaderías con origen en la piratería, el contrabando o la falsificación.
3 Fiscalizar la facturación
Incrementar los controles fiscales en materia de facturación (venta y compra de bienes) con el objetivo de evitar la evasión fiscal que se verifica en las ferias ilegales.
4 Mantener las calles liberadas
Instruir a los organismos de control y seguridad para que eviten que la venta ilegal se instale y expanda tanto en las calles como en los locales que abastecen al circuito callejero.
5 Controles de bromatología
Se deben realizar controles sobre las normas mínimas de higiene y seguridad con relación a la conservación, el depósito y la manipulación de mercadería, especialmente en los puestos ambulantes que venden comida o productos peligrosos.
6 Perseguir la connivencia
Los investigadores alertan sobre la necesidad de adoptar medidas para combatir aquellos espacios de corrupción existentes en las fuerzas de seguridad y en las áreas gubernamentales que permiten la venta de productos ilegales en el espacio público.
7 Monitoreos y políticas laborales
Se propone aumentar los controles relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores, ya que se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad económica y laboral (sin aportes jubilatorios, acceso a una obra social, el seguro de trabajo ni el derecho a indemnización o seguro de desempleo). Además, implementar programas específicos que permitan la contención y la reinserción laboral de las personas afectadas al sistema.
8 Educación del consumidor
Sin cliente no hay trata. Es necesario desarrollar campañas de educación dirigidas a los consumidores, para concientizarlos sobre el origen de los productos que se compran en la vía pública, en la mayoría de los casos relacionados con la explotación.
9 Ejercer presión impositiva
Reforzar los controles de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reclamando el cumplimiento de las obligaciones fiscales a monotributistas y empresas, en materia de declaraciones juradas y pago de tributos.
10 Coordinar competencias
Se recomienda propiciar una mayor coordinación entre los gobiernos porteño y nacional, y eventualmente la redacción de un proyecto de ley para que el Congreso Nacional traspase competencias penales a la justicia porteña. Así, las fiscalías de la ciudad de Buenos Aires tendrían competencias plenas para abordar la problemática de la venta ilegal en la Capital, dado que actualmente la limitación de las competencias locales impide avanzar en las investigaciones, de modo de abordar integralmente el fenómeno (penal tributario, laboral, federal).
11 Propiedad intelectual
Controlar la elaboración clandestina de diseños y productos de marca o moda (mayoritariamente circunscripta a talleres textiles clandestinos), ya que por lo general se encuentran en infracción de la ley de marcas y/o de propiedad intelectual, cuyo incumplimiento debe ser sancionado por el fuero federal.