Bajo fuego, Dilma y Lula buscan un plan de acción para salvar al PT
Analizaban anoche los riesgos de incorporar al ex presidente al gabinete, después de las masivas protestas; el cargo de ministro le daría protección legal y más aire al gobierno en caso de impeachment
RÍO DE JANEIRO.– Horas decisivas se vivían anoche en Brasilia. Cada vez más acorralados por gravísimas denuncias de corrupción en torno a Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff y su padrino político, Luiz Inacio Lula da Silva, analizaban los riesgos de sumar al ex mandatario como ministro, una jugada que dotaría al líder del Partido de los Trabajadores ( PT) de inmunidad frente a las investigaciones judiciales y brindaría a la jefa de Estado más armas para defenderse del inminente proceso de impeachment en el Congreso.
El gran interrogante era cómo reaccionaría la sociedad, después de que el domingo unos 3,6 millones de brasileños colmaron las calles del país para exigir la salida de Dilma, repudiar al otrora hiperpopular Lula y condenar las prácticas corruptas de la administración petista.
Mientras Dilma y Lula diseñaban un plan de acción conjunto para salvar el proyecto político del PT, el procurador general de la república, Rodrigo Janot, evaluaba pedir al Supremo Tribunal Federal ( STF) la apertura de una investigación contra ellos por las demoledoras revelaciones de un senador petista arrepentido. Tras varias semanas de filtraciones, ayer se conoció el detalle del acuerdo de delación premiada al que llegó con la Justicia el ex jefe de la bancada oficialista en el Senado, Delcídio Amaral, que acusó a Dilma y Lula de haber estado al tanto de la red de sobornos en Petrobras, y de intentar obstaculizar la investigación judicial sobre el multimillonario caso.
A cambio de una reducción de su condena, Amaral reveló a la fiscalía que la presidenta y su padrino político buscaron chantajear a testigos del esquema del petrolão, los acusó de desviar fondos ilícitos de Petrobras para sus campañas, y de intentar presionar a jueces de los máximos tribunales para no castigar a grandes empresarios involucrados en el pago de las coimas a ex directivos de la petrolera y a políticos oficialistas, entre ellos él mismo.
El defenestrado senador – que había sido detenido en noviembre y fue dejado en libertad condicional en febrero– provocó una fuerte implosión en el gobierno al señalar a una de las personas de mayor confianza de Rousseff, Aloizio Mercadante, actual ministro de Educación y ex jefe de Gabinete, de haberle ofrecido di- nero para que no firmara el acuerdo de confesión. Las maniobras para evitar la confesión de Amaral fueron grabadas por un asesor del senador y ayer la revista Veja hizo públicas las conversaciones.
“La responsabilidad es sólo mía; la iniciativa fue mía”, repitió nervioso Mercadante en una improvisada conferencia de prensa, mientras la oposición ya pedía su renuncia inmediata.
Según el ministro, las grabaciones filtradas fueron editadas y él sólo ofreció su “solidaridad” y “ayuda personal” al asesor de Amaral después del arresto del senador. Nunca habría querido bloquear un eventual trato de delación premiada. En un breve comunicado, el Palacio del Planalto siguió la misma curiosa línea de defensa. “La presidenta Rousseff repudia con vehemencia e indignación el intento de involucrar su nombre en la iniciativa personal del ministro Mercadante”, señaló.
Nada respondió a las otras serias acusaciones que incluyen el nombramiento de un juez adepto al gobierno en el Superior Tribunal de Justicia para que vote a favor de la liberación de los empresarios incriminados por el petrolão; el financiamiento ilegal de sus campañas a través de fondos destinados a la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte ( 12 millones de dólares), o el conocimiento que presuntamente habría tenido la presidenta de la sobrefacturación en la adquisición por parte de Petrobras de la refinería estadounidense Pasadena.
Por su parte, Lula tampoco reaccionó a las denuncias de que habría estado al tanto de todos los desvíos de dinero en Petrobras, o de que intentó comprar el silencio del ex director del área internacional de la petrolera, Nestor Cerveró, uno de los primeros detenidos en las investigaciones que comanda el juez Sergio Moro desde Curitiba. Moro ya forzó a Lula a declarar ante la Justicia dos semanas atrás, por su supuesta adquisición de un lujoso departamento de playa y una chacra en San Pablo a cambio de favores a constructoras envueltas en el petrolão. Si Lula fuera finalmente nombrado ministro de Dilma, sus fueros privilegiados lo dejarían fuera del alcance de la Justicia regular, y sólo el STF podría autorizar su eventual arresto.
En su voluminosa confesión, el senador Amaral no se limitó a acusar sólo a Dilma y Lula; también denuncio prácticas corruptas del vicepresidente, Michel Temer ( perteneciente al principal socio del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), así como al senador Aécio Neves, líder de la principal fuerza opositora, el Partido de la Social Democracia Brasileña ( PSDB). Según Amaral, Neves recibió coimas para favorecer a la empresa eléctrica semiestatal Furnas, y tendría una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein. Neves calificó las acusaciones de Amaral como “absurdas y recalentadas”, basadas en antiguos rumores nunca probados.
Estas revelaciones caldearon aún más el tenso clima político que vive Brasil, en medio de una profunda recesión y con el gobierno paralizado por la crisis política. Y echaron más combustible al intenso debate sobre el impeachment de la presidenta Rousseff en el Congreso, donde ya el año pasado fue responsabilizada por adulterar las cuentas públicas para esconder el déficit, pero fue salvada a último momento por la intervención de la Corte Suprema que adujo errores de procedimiento.
Se espera que el STF defina hoy las reglas exactas para avanzar en este proceso, y la oposición ya ha adelantado que actuará de inmediato para forzar la salida de la mandataria. Sería la segunda presidenta enjuiciada en Brasil desde el retorno de la democracia en 1985, después de que Fernando Collor de Mello enfrentó un impeachment en 1992 y renunció antes de ser destituido.