El riesgo de hundir al país por intentar salvar su pellejo

La probable decisión del ex presidente Lula da Silva de aceptar el cargo de ministro de Gobierno de la presidenta Dilma después de ser recusado dos veces, más allá de explicitar el papel subalterno que ella tiene en relación con su tutor político y que inaugura una especie de parlamentarismo petista, es un ejemplo del desprecio de Lula por la justicia.

Ese desprecio ya había quedado claro por descuido a través de un video de la diputada Jandira Feghali, donde en el fondo de la imagen puede verse a Lula hablando por teléfono con Dilma. En cierto momento, él dice que los fiscales bien pueden “meterse en el c… el proceso”. Luego los petistas quisieron darle otra lectura, al afirmar que se había referido a las “pruebas del proceso”, pero el sentido denigratorio siguió intacto.

Antes, en la declaración que dio ante la Policía Federal y que se divulgó íntegra ayer, Lula ya se había expresado de manera infamante con relación a los fiscales, con el pretexto de estar defendiendo a su mujer: “Que vaya la mujer del fiscal a prestar declaración, que vaya la madre. ¿ Por qué mi mujer?”.

Su confesión de culpa ( la confesión de culpa implícita en la aceptación de un cargo con fueros) llega en el mismo momento en que la denuncia de los fiscales paulistas es traspasada a la esfera del juez Sergio Moro, lo que devela el objetivo de blindarlo con fueros privilegiados ante el Supremo Tribunal Federal ( STF).

Su nominación al cargo de ministro fue calificada de “fraude procesal” por la fiscal Silvana Batini, porque sería una desviación de la finalidad de un acto administrativo de la presidenta de la república.

La nominación de Lula será denunciada ante la justicia por la oposición sobre la base de ese argumento y hasta por “ofensa al principio de moralidad”, ya que Lula está siendo investigado en diversas instancias por la justicia brasileña. Y Dilma puede ser acusada de obstruir la investigación. Sin embargo, ninguna de esas medidas tendrá efectos prácticos, porque son causas y motivaciones mucho más subjetivas que las que presentaba, por ejemplo, el caso del ministro de Justicia, que tenía impedimentos formales para asumir el cargo.

Pero Lula tendrá obstáculos políticos evidentes y no se librará de la mancha de haber huido del juez Moro. La cereza del postre sigue siendo el artículo 51 de la Constitución, que determina que el presidente, el vicepresidente y los ministros sólo pueden ser procesados previa autorización de dos tercios de la Cámara de Diputados.

Su aceptación del cargo, más allá de debilitarlo moral y políticamente, puede desencadenar un problema familiar: Mariza y sus hijos no contarán necesariamente con fueros ante el STF. Según comenta la fiscal Silvana Batini, el STF viene decidiendo sobre la cuestión de esos fueros de manera muy impredecible. Antiguamente, lo usual era que todos los coautores llegaban al STF junto con el procesado que tenía fueros de privilegio. Con el tiempo, eso se fue flexibilizando, porque a medida que hubo un incremento de las acciones penales contra autoridades, los propios tribunales superiores comenzaron a manifestar su incomodidad y empezaron a juzgar separando el proceso o atrayendo la competencia de acuerdo con la conveniencia del proceso, lo que crea cierta imprevisibilidad.

En el caso del mensalão, por ejemplo, juzgó a todos juntos. Pero si los magistrados siguiesen la línea que vienen adoptando en el caso LavaJato, separarán las causas. Lula pone en riesgo su prestigio político con su tentativa de evadir a la justicia e intentar, al mismo tiempo, recons- truir el gobierno de Dilma para que sea viable su candidatura en 2018.

Es evidente que esta simple decisión cambia el juego político y frena lo que parecía una irrefrenable avalancha de diputados a favor del juicio político contra Dilma, sobre todo porque los diputados sólo se inclinarían por esa decisión definitiva si estuviesen convencidos de que se acabó la vida política de este gobierno.

Incluso si Lula decide dar la cara ante la justicia y la opinión pública asumiendo el control del gobierno y tomando medidas populistas para recuperar su popularidad, podría fundir definitivamente al país para salvar su pellejo. En ese caso, nos encaminaremos al peor de los mundos, una “venezuelización” de Brasil, con todas sus consecuencias de radicalización política y depresión económica.

Su nominación al cargo de ministro fue calificada de “fraude procesal” por la fiscal

Lula pone en riesgo su prestigio político con su tentativa de evadir a la justicia