Investigan si el acuerdo implicó un delito penal
El caso lo impulsó el fiscal Delgado; el juez Casanello pidió copia de toda la documentación
La Justicia abrió ayer una nueva causa penal para investigar si el gobierno de Mauricio Macri cometió algún delito en su negociación con los fondos buitre.
La denuncia la había presentado un grupo de abogados encabezados por Eduardo Barcesat, un constitucionalista cercano al kirchnerismo, contra Macri y su gabinete. La impulsó ayer el fiscal federal Federico Delgado, quien pidió una serie de medidas de prueba para que se ordenaran “con la premura del caso”. El juez Sebastián Casanello dispuso las primeras.
Con carácter urgente firmó una “orden de presentación” para que la Jefatura de Gabinete de Ministros entregara una copia de todos los antecedentes y documentos vinculados con el acuerdo con los holdouts.
El fiscal había pedido que se recabaran los originales, pero Casanello entendió que era suficiente contar con una copia certificada de todo. Por eso, además del oficio dirigido a la Jefatura de Gabinete, firmó un pedido para el titular de la Escribanía General de la Nación, el escribano Carlos Marcelo D’Alessio. Le pidió que él – personalmente o con notarios del organismo que dirige– certificara que lo que se llevara la policía fueran copias fieles de los originales. Además, que hiciera un inventario de todos los documentos vinculados con las tratativas o acuerdos para el pago de la deuda.
Delgado presentó su requerimiento de instrucción a primera hora de ayer. Ese requerimiento es el escrito necesario para dar inicio a una investigación penal. Sin requerimiento, no hay causa.
Además de pedir “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los fondos buitre”, el fiscal solicitó otra medida: un peritaje sobre las “políticas públicas” cuestionadas en la causa. Delgado pidió que se les encomendara a un experto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ( Flacso) y a otro de la Universidad Torcuato Di Tella.
Según el fiscal, hay que averiguar si la operación que llevó adelante el macrismo tuvo “ribetes delictivos” y si, como dicen los denunciantes, se “defraudaron las arcas públicas”.
“Cuando el Congreso delegó sus facultades [ para negociar la deuda] fue consciente de que esa delegación tiene que tener límites – afirmó Delgado–. La frontera es el artículo 65 de la ley que, palabras más, palabras menos, supedita la chance del Poder Ejecutivo de manejar la deuda siempre y cuando sea para mejorar su perfil.” Y agregó que definir si el perfil de la deuda mejora o no es “una sencilla operación matemática”.
“Si debemos más, empeora; si debemos menos, mejora. No hay tantas vueltas posibles”, escribió el fiscal.
Además, dijo que debía tenerse en cuenta un precedente de la Corte Suprema en el cual, según Delgado, el tribunal rechazó en “un tema análogo” un cobro ordenado por una sentencia extranjera porque violaba el “orden público” de la Argentina.