Por primera vez un ente estatal protege de abusos a los inquilinos
Es un área especial de la Defensoría del Pueblo porteña; en un mes de funcionamiento, recibió 300 denuncias
Al menos el 30% de las familias porteñas alquila la vivienda que habita. Son unos 340.000 hogares los que cada 24 meses deben someterse a las presiones del mercado inmobiliario. Garantía de propietario en la ciudad de Buenos Aires, recibo de sueldo y dos o más meses de comisión, entre otras exigencias.
El contexto los perjudica. A la ausencia de créditos para acceder a la vivienda propia se suman los incumplimientos de una ley que debería limitar los excesos de las inmobiliarias. Pero el reciente lanzamiento de la Defensoría del Inquilino, en la medida en que se afiance su funcionamiento, podría poner límites a un sistema que asfixia.
La dependencia fue creada en febrero como un área específica dentro de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de concentrar la mayor cantidad de demandas. Se trata de la primera sede oficial descentralizada destinada a los inquilinos.
En menos de un mes de funcionamiento, el ente recibió 300 denuncias por el mal estado de las propiedades, errores en la liquidación de expensas, inmobiliarias que no devuelven el depósito, problemas con la garantía o falta de gas en el edificio. De ese total, ya se resolvió un 40% con acuerdos económicos en beneficio del inquilino.
“El principal problema al renovar un contrato es el efectivo que se necesita. Cuando conseguís el dinero, el problema pasa por encontrar un garante en la ciudad”, enumeró Lucrecia Argal, que alquila un departamento de dos ambientes en Balvanera desde 2001. “Lo que más perjudica es el incremento semestral que aplican los propietarios o las inmobiliarias”, agregó.
Según los datos que se desprenden de los censos de 2001 y 2010, en la Capital se redujo la cantidad de propietarios y se incrementó la de inquilinos. En diez años, los dueños de viviendas pasaron de 692.000 a 649.000, mientras quienes alquilan aumentaron un 50%: de 227.000 hogares a 343.000.
“Abarcamos el primer escalón de la atención de la demanda, involucrándonos en las firmas de los contratos. Luego intervenimos en las conciliaciones entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias, con asesoramiento legal gratuito de los abogados de la Defensoría”, explicó a la nacion el encargado de la Defensoría del Inquilino, Fernando Muñoz.
De acuerdo con la información que surge de esa área, en la ciudad se firman unos 15.000 contratos mensuales con un valor de alquiler promedio que ronda los $ 6000. Si se respetara el artículo 57 de la ley 2340, las inmobiliarias deberían cobrar el 4,15% del valor total del contrato en concepto de comisión, el equivalente a un mes de alquiler. Pero la circular 350 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) limita la comisión de los intermediarios al valor de dos meses de alquiler. “Las inmobiliarias cobran dos meses y la ley les faculta un mes de comisión. Quiere decir que, por año, las inmobiliarias cobran $ 1080 millones en forma ilegal”, sostuvo Muñoz.
Sin embargo, para Cucicba la situación actual no contiene vacíos legales como, a su entender, existían antes de la sanción de la circular 350. “Había un conflicto de leyes: por un lado, la ley nacional 2340, y por el otro, la libre contratación entre las partes que establece el Código Civil. Cucicba puso límites. Es una interpretación que hace el colegio de dos leyes antagónicas”, argumentó Héctor D’Odorico, presidente de Cucicba.
A la creación de la Defensoría del Inquilino se sumaron algunas acciones que tienen la misma intención: defender los intereses de quienes alquilan ante los abusos. “Es común encontrarse con departamentos con problemas de humedad o cañerías. Y que el dueño no se haga cargo. O que debas convivir con arreglos de pintura o plomería al menos la mitad del año”, contó Carolina Acevedo, que en los últimos cinco años renovó el contrato dos veces.
Para prevenir los atropellos que enfrentan a diario los inquilinos, en la Legislatura porteña se presentaron tres proyectos –de los diputados Adrián Camps, Paula Oliveto y María Rosa Muiños– que ponen el centro de atención en cómo se manejan las inmobiliarias. Otros 15 legisladores elevaron un pedido de informe para saber por qué se cobran comisiones por encima de lo que marca la ley.
La Defensoría del Inquilino se propone también alertar a los vecinos sobre otros aspectos. Por ejemplo, que el impuesto inmobiliario lo debe abonar el propietario y no el inquilino. “Son unos $ 900 millones anuales que se ahorran los dueños”, explicó Muñoz. “Sucede igual con las expensas extraordinarias. Estas cosas se pueden denunciar en nuestra dependencia”, agregó.
Fernando muñoz
defensor del inquilino “Cada año las inmobiliarias cobran $ 1080 millones por comisiones en forma ilegal. Corresponde abonar sólo un mes de alquiler por ese concepto”