El Gobierno impulsará un proyecto de debate presidencial obligatorio
Sería para las elecciones generales y el ballottage; los candidatos que no se presenten a debatir serán expuestos en sus spots de campaña; la oposición respalda la iniciativa
De aprobarse el proyecto que el gobierno de Mauricio Macri enviará al Congreso el mes que viene, a partir de las próximas elecciones presidenciales los candidatos estarán obligados por ley a participar de un debate público con el resto de los competidores.
Así lo establece una iniciativa que elabora la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, a cargo de Adrián Pérez. De acuerdo con el borrador del proyecto, que cuenta con el visto bueno del Presidente, los candidatos deberán debatir antes de las elecciones generales y, en caso de haberlo, en la previa del ballottage.
Si un postulante se negara a participar del debate, estipula la propuesta, cada uno de sus spots de campaña será acompañado por la transmisión del mensaje: “El siguiente espacio ha sido cedido por la Dirección Nacional Electoral a una agrupación política cuyo candi- dato a presidente no cumple con la obligación de debatir”. La sanción, en defitiva, será exponerlo ante la opinión pública.
En las últimas elecciones se produjo por primera vez en la historia un debate presidencial entre los dos candidatos en carrera para el ballottage: Macri y Daniel Scioli. Lo organizó Argentina Debate, un espacio promovido por un grupo de instituciones de la sociedad civil, por lo que no fue obligatorio. En otros países de América latina es una práctica ya instalada. México es el de legislación más avanzada.
La iniciativa, que está terminando de redactarse después de una ronda de consultas con partidos políticos, gobiernos provinciales, juzgados electorales, académicos y organizaciones no gubernamentales, es parte de un paquete de leyes de reforma política que impulsa la Casa Rosada. Además del debate presidencial obligatorio, se va a promover un sistema de boleta única electrónica, una simplificación del calendario electoral y un acuerdo federal para limitar las reeleccio- nes de gobernadores e intendentes.
“Nos parece fundamental que exista un debate obligatorio porque es la única oportunidad con la que cuentan los ciudadanos para observar y escuchar la conforntación de ideas y propuestas entre quienes aspiran a ocupar la presidencia”, dijo Pérez a la nacion. “Quien pretende gobernar un país debe asumir el compromiso de presentar sus propuestas y exponerlas a la crítica de otros aspirantes”, completó. Otras propuestas
Según los planes de la Secretaría de Asuntos Políticos, la discusión empezará en alrededor de un mes, en la Cámara de Diputados. Como se trata de una reforma electoral, requiere para su aprobación de una mayoría agravada de la mitad más uno del cuerpo. A juzgar por la opinión de los principales referentes del oficialismo y de la oposición en la materia, el proyecto obtendrá un respaldo contundente.
“Si los ciudadanos estamos obligados a votar y a financiar a los partidos políticos, ¿ cómo los can- didatos no van a estar obligados a debatir? El debate es un derecho de los ciudadanos, no una concesión de la dirigencia”, argumentó la diputada de Cambiemos Carla Carrizo, autora de uno de los proyectos con estado parlamentario para que haya debate obligatorio.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja trató el año pasado nueve iniciativas similares, presentadas por diputados de distintos bloques, y llegó a elaborar un predictamen. La presidenta de la comisión era entonces la kirchnerista Diana Conti, que hoy es vicepresidenta. “Es una herramienta muy útil para esclarecer a la opinión pública sobre las propuestas de cada candidato”, sostuvo. En la misma línea, el diputado del Bloque Justicialista Pablo Kosiner lo calificó como una “muy buena” propuesta. “Todo proceso que acerque el sistema político a la gente y que arrime elementos para un voto más informado es muy positivo”, afirmó.
El Frente Renovador, el otro actor importante en la Cámara de Diputados, también anticipó su respal- do a la iniciativa. Graciela Camaño, autora de uno de los proyectos presentados el año pasado, propuso tener el tema resuelto antes de 2017 y pidió que la reforma política también incluya mayores limitaciones a la publicidad de gestión del Poder Ejecutivo. “Es una ventaja injusta para los oficialismos”, argumentó.
El borrador del proyecto del Gobierno contempla una serie de modificaciones al capítulo cuarto bis del Código Electoral Nacional, referido a la campaña electoral. Se detalla que el debate previo a las elecciones generales debería hacerse dentro de los veinte días y hasta los siete días corridos anteriores a la fecha de los comicios. Si hubiese ballottage, sería dentro de los diez días previos a las elecciones.
La letra chica de la propuesta dice que los apoderados de los partidos deberán ponerse de acuerdo sobre la modalidad del debate y que, de no hacerlo, las decisiones las tomará la Cámara Nacional Electoral. La transmisión sería por la Televisión Pública y por todos los canales que quieran tomar la señal.