La Justicia se encamina a reabrir la causa Skanska con una prueba clave
La Cámara de Casación volverá a evaluar el valor de una grabación en la que un gerente de la firma habla del pago de un soborno; esa conversación había sido declarada nula
La causa donde se investiga a la empresa sueca Skanska por el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas para adjudicarse la ampliación de gasoductos se reactivará en los próximos días. La Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, revisará en una audiencia convocada para el jueves un fallo que insólitamente declaró nula una grabación en la que un ejecutivo de la empresa confiesa el pago de coimas.
Todo hace pensar que la Justicia resucitará la prueba de la coima y reactivará la causa paralizada en 2011. Los funcionarios del kirchnerismo que estaban en la mira de la Justicia por recibir esos sobornos son el ex titular del Enargas Fulvio Madaro y del ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Madaro dependía del ex ministro Julio De Vido.
La reapertura de la causa fue posible por un fallo de la Corte que impulsó el caso y convalidó la actuación del fiscal de Investigaciones Administrativas para apelar la sentencia mediante la cual el kirchnerismo había logrado enterrar el caso en 2011. Ahora los camaristas Juan Carlos Gemignani, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky revisarán el asunto. La prueba clave de la causa Skanska que la Justicia enterró es la grabación de una conversación entre el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate y el síndico de la compañía Claudio Corizzo, que estaba haciendo una auditoría in- terna. El audio, grabado de manera subrepticia, revela que, además de las coimas para la construcción de los gasoductos del Norte y del Sur, se pagaron sobornos para obras en La Pampa y en Perú.
Corizzo, quien llevaba consigo un micrófono, registró cómo Azcárate indicó que el negocio total rondaba los 200 millones de dólares, a la vez que mencionó a un “pingüino”, aunque nunca precisó de quién se trataba. “Es un negocio de cien millones de dólares, de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, doscientos palos verdes. ¿ Y vos le vas a tirar el negocio abajo, al tipo que hizo todo el tromping y al muchacho, al pingüino de acá a dos cuadras?”, dijo el ex gerente. En esa grabación Azcárate reconoce que Skanska coimeó para participar de la ampliación de gasoductos y cuenta cómo el uso de facturas truchas ayudó a concretar la maniobra para justificar el pago de la coima. Precisó que se repartió al menos una parte de ese posible soborno.
A raíz del hallazgo, el kirchnerismo separó a Madaro del Enargas y a Ulloa de Nación Fideicomisos. También renunció el entonces subsecretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez.
La Sala I de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah, había anulado esa prueba porque dijeron que se hizo sin que Azcárate supiera que estaba siendo grabado. La idea era proteger las garantías constitucionales de Azcárate para evitar autoincriminarse. Esa nulidad dictada por el tribunal fue apelada por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, quien intentó que esa medida sea revisada por Casación. Su sucesor en el cargo, Felipe Noailles, insistió en el reclamo, pero Casación lo rechazó porque dijeron que Garrido no está legitimado para interponer el recurso.
La Corte cambió esa situación el año pasado. Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, resolvió dejar sin efecto un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y reconocerle legitimación al fiscal Noailles. Para la Corte, la apelación de Noailles “se corresponde con la función constitucional del Ministerio Público de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.
Hoy Sergio Rodríguez ocupa su lugar. El fiscal de Cámara Germán Moldes no había apelado.
Pero en la audiencia del 31 de marzo estará presente el fiscal ante la Casación Gustavo Weschler impulsando la acción, al igual que el fiscal de investigaciones administrativas Rodríguez. De esta manera, la cinta, grabada en marzo de 2006, asoma como la próxima prueba clave en la investigación que tenía el juez federal Norberto Oyarbide.
El gobierno kirchnerista hizo lo posible para anularla y la desguazó. La parte de los funcionarios las dejó en manos del juez Oyarbide. Y la que corresponde con el uso de facturas truchas para evadir impuestos o encubrir otras actividades delictivas la llevó el juez Javier López Biscayart.