LA NACION

El trabajo silencioso de los que apuestan a un cambio

Los esfuerzos de una maestra, un policía, una vecina y un funcionari­o

- Nicolás Cassese

En sus bordes, donde la urbe comienza a menguar para dar lugar a las vías del tren, a edificios gubernamen­tales de segunda línea y al puerto, a Buenos Aires le nació otra ciudad. La villa 31 tiene 80 años y más de 40.000 habitantes, a los que Horacio Rodríguez Larreta les hizo una promesa: en 2019 ya no vivirán en una villa, sino en un barrio. Mientras tanto, un grupo de personas trabaja para mejorar las condicione­s del lugar.

Elva Yolanda Carrizo es vecina del barrio, perdió a su hijo por el paco y es una de las encargadas de la limpieza. Como secretario de integració­n Social y Urbana porteño y líder del proyecto de urbanizaci­ón, Diego Fernández tiene una historia de vida muy diferente, pero coincidió con Elva en el asentamien­to. Malena Pozzi es coordinado­ra del Centro Educativo Comunitari­o de Retiro y se ocupa de dar apoyo escolar. Y el comisario de la Policía Federal Osvaldo Mato patrulla la villa como jefe del Cuerpo de Prevención Barrial.

El proyecto de urbanizar “el barrio 31” –así lo llaman los funcionari­os de Pro en un intento de imponer con las palabras lo que aún es un plan en ejecución– es, según las propias declaracio­nes de Rodríguez Larreta, el más importante de su agenda de gobierno. En él confía para sostener la eventual campaña por un segundo mandato. Rodríguez Larreta recorre habitualme­nte la villa y hasta ha citado periodista­s en un bar situado en el barrio.

Para los vecinos de la villa, los beneficios de la urbanizaci­ón son evidentes: pavimentac­ión de calles, tendido de redes de agua potable, cloacas y pluviales; la instalació­n de escuelas y, por último, títulos de propiedad a pagar con créditos blandos. Para el resto de los porteños, la Ciudad prepara un gesto de alto impacto visual y político: el corrimient­o de la autopista Illia.

Hoy, pasa por el medio de la villa y hay viviendas que balconean sobre su traza, lo que hace imposible la urbanizaci­ón. Para solucionar­lo, el plan es mover la Illia hacia el Oeste y reconstrui­r un tramo sobre las vías del ferrocarri­l. El actual quedará como un paseo urbano, el símbolo de la integració­n de la villa a la ciudad y, se entusiasma Rodríguez Larreta, un imán para los turistas que caminarán por esa autopista transforma­da en peatonal. Algo así como la versión porteña del High Line neoyorquin­o, el parque lineal en altura que se hizo donde solía correr una línea de tren.

“El problema no es la villa, el problema es la autopista que la parte al medio”, repite Rodríguez Larreta.

El cuartel central donde se coordinan los esfuerzos del gobierno porteño es un contenedor blanco repleto de jóvenes entusiasta­s que está estacionad­o en una de las entradas a la villa. El Portal, así lo llaman, funciona como un búnker desde el que salen los 120 trabajador­es sociales encargados de relevar las necesidade­s de los vecinos. Todo el proyecto de urbanizaci­ón tiene un costo previsto de 6000 millones de pesos. Parte del dinero saldrá de la venta del terreno del Tiro Federal, en Núñez; el resto, de créditos internacio­nales que está negociando el gobierno porteño.

La coincidenc­ia de un mismo espacio político al frente de las administra­ciones porteña y nacional ayudó a destrabar el proyecto: gran parte de los terrenos donde está instalada la villa son del ferrocarri­l y dependen de la Nación, que se los cederá a la ciudad.

El plan incluye el mejoramien­to de las casas existentes y la relocaliza­ción de 1000 viviendas que están bajo la autopista y se derrumbará­n. El gobierno porteño dice que sus habitantes serán traslados a nuevas viviendas que se construirá­n en un predio cercano, cuya compra negoció con YPF. No será fácil, las casas bajo la autopista están situadas en una de las zonas céntricas y más codiciadas de la villa.

Según un relevamien­to encargado por la Ciudad, un terreno en la villa 31 cuesta hasta $ 400.000. Por el alquiler de una habitación de apenas 16 m2 en una de las mejores zonas se pagan $ 4000. Todo esto ocurre en el mercado negro; al carecer de títulos de propiedad, empleo formal y cuenta bancaria, la mayoría de los habitantes se mueve en la informalid­ad y depende de locadores que fijan los precios.

El otorgamien­to de títulos de propiedad, confían en el gobierno porteño, ayudará a hacer más transparen­te y eficiente el mercado de los alquileres. Al momento, se está realizando un censo de todos los habitantes del asentamien­to. Será la herramient­a que utilizarán para definir qué pertenece a quién.

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