Brasil, ante un nuevo peligro: la autoamnistía

La aprobación de una norma por los diputados brasileños pone de manifiesto la resistencia de la clase política ante las investigaciones sobre corrupción

B RASIL es la séptima economía del mundo. No obstante, lleva ya dos años sumergido en una frustrante y profunda recesión económica que aún sigue vigente, ahuyentando la inversión. En los últimos 12 meses, la caída del PBI brasileño ha sido del 4,4%. Para el año que viene, el gobierno de Michel Temer acaba de anunciar un ajuste de marcado perfil pesimista, en tanto limita las expectativas de crecimiento a un anémico 1% de su PBI. Con 12 millones de desempleados, los anuncios alimentan el mal humor y la desazón en los ambientes empresarios brasileños y repercuten en toda la sociedad. Pero las dificultades de Brasil no pasan sólo por lo económico, sino que reconocen también causas morales. Ellas se relacionan con el tremendo impacto generado por la comprobación de la existencia de una enorme ola de corrupción descubierta por la justicia, que afecta a muchos políticos, así como a grandes y medianos empresarios de la construcción vinculados a la obra pública.

Este fenómeno amenaza con crecer aún más a partir de las revelaciones de un extenso acuerdo de delación premiada que estaría por concretarse con la empresa Odebrecht, que ha sido investigada y ahora negocia la reducción de las duras condenas de pérdida de la libertad impuestas por los magistrados a sus máximas autoridades. Los detalles del referido acuerdo trascienden, aunque sólo gota a gota, en los medios brasileños. Afectan no sólo al Partido de los Trabajadores y a sus máximos dirigentes, incluyendo al propio Lula da Silva, sino también a muchas figuras destacadas de otras fuerzas políticas que hoy desempeñan cargos de primer nivel en el gobierno federal brasileño y en su Parlamento.

En los últimos días, los rumores que circulan apuntan nada menos que contra el propio presidente Temer y su canciller, José Serra. Se presume que habrían recibido fondos para financiar clandestinamente sus respectivas campañas electorales, por vías y medios que ciertamente parecen no haber respetado las leyes del país vecino.

Todo esto sale a la luz merced a la actuación del juez Sergio Moro, quien ha demostrado férreamente su independencia, al punto de convertirse en una suerte de héroe nacional para muchos brasileños por haber destapado la maraña de corrupción extendida que afectó las operaciones de la petrolera estatal, Petrobras,

Muchos integrantes de la clase política brasileña, sin embargo, luchan a brazo partido por su supervivencia hasta con insólitas propuestas normativas presentadas ante la Cámara de Diputados, que lucen como aparentes medidas contra la corrupción, pero que en realidad esconderían una autoamnistía.

La Cámara baja brasileña acaba de aprobar unánimemente una norma para proteger a los parlamentarios hacia atrás y, de paso, castigar a los jueces y los fiscales que pudieran incurrir en “abuso de autoridad”, al iniciar procesos sin “indicios mínimos” de la existencia de un delito. Propicia dejar de lado, asimismo, las “delaciones premiadas”, para que en adelante no puedan constituir indicios. Y, finalmente, apunta a castigar las opiniones vertidas en público por los magistrados respecto de acciones judiciales en las que intervienen y que pudieran haber sido iniciadas por el Ministerio Público.

De sancionarse definitivamente estas cuestionables normas, la debilitada salud institucional del país vecino se vería gravemente afectada. Sería un error absolutamente imperdonable que, lejos de modificar un ambiente preñado de corrupción, lo extendería hacia adelante manteniendo las prácticas deshonestas que tanto han afectado a Brasil. Es imperioso corregir el actual estado de cosas sin dejar en la impunidad a los responsables de gestar y operar esquemas fraudulentos con los que se favorecía tanto a la clase política como a algunos inescrupulosos empresarios.

El Senado brasileño cometería un error trágico para la vida institucional brasileña y daría un pésimo ejemplo para los demás países de la región si confirmara la norma aprobada por los diputados, quienes actuaron en momentos en que el país se halla profundamente conmocionado, angustiado y hasta distraído por el trágico accidente aéreo que afectó al equipo de fútbol del club Chapecoense. La cortina de humo que se pretenda construir a partir de ese lamentable accidente no podrá ocultar la inaceptable maniobra en la que está inmersa parte de la clase política para evadir sus responsabilidades, recurriendo a la deplorable técnica de “auto amnistiarse”.