En plena lucha de poderes, la Justicia acorrala al líder del Senado brasileño
Varios fiscales amenazaron con renunciar y provocaron la protesta; la Corte aprobó las denuncias contra Renán Calheiros
BRASILIA.– Mientras la suerte de un poderoso aliado se encuentra amenazada por la Justicia, el gobierno de Michel Temer sufrió esta semana su primer cacerolazo a causa del descontento generado por las nuevas medidas anticorrupción votadas anteayer por la Cámara de Diputados, que amenazan con desatar un verdadero conflicto de poderes en Brasil.
La Corte Suprema de Brasil aceptó ayer las denuncias de supuesta corrupción formuladas contra el presidente del Senado, Renán Calheiros, acusado de recibir coimas de una constructora para el pago de la pensión de una hija.
La decisión fue tomada por ocho votos contra dos y sienta en el banquillo de los acusados a un político de la mayor confianza del presidente, en momentos en que el Senado se apresta a votar importantes medidas de un polémico ajuste fiscal promovido por el gobierno.
En tanto, la polémica iniciativa anticorrupción, que ya tiene media sanción, es rechazada por el Poder Judicial y los fiscales de la operación Lava Jato, que advirtieron que dejarán sus cargos si se aprueba esta medida que permite castigar, incluso con cárcel y bloqueo de bienes personales, a jueces y fiscales que incurran en “abuso de autoridad”.
Durante la noche del miércoles se registraron fuertes cacerolazos desde los balcones de los edificios en algunos barrios de San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre.
El movimiento había sido convocado a través de Facebook por grupos que defendieron el juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, enojados por la decisión del Parlamento de aprobar esta medida.
La polémica surgió porque la Cámara baja alteró un proyecto presentado por los fiscales de la operación Lava Jato, que protestaron por la modificación del proyecto de ley, que había sido refrendado por 2,3 millones de firmas recogidas en las sedes del Ministerio Público del país.
El texto del proyecto de ley, que ahora deberá ser sometido a debate en el Senado, fue aprobado por una aplastante mayoría de 450 votos a favor y sólo uno en contra en una sesión que se prolongó durante 12 horas y se enredó con violentas protestas contra el gobierno frente al a la sede del Congreso.
Una de las principales novedades de la propuesta es que tipifica como delitos de tipo penal las irregularidades en la financiación de campañas electorales, que son uno de los ejes de las investigaciones del escándalo en la estatal Petrobras, que salpica a decenas de políticos y empresas.
La votación en Diputados provocó la rápida reacción de los fiscales de la operación Lava Jato, que ayer en conferencia de prensa amenazaron con renunciar en caso de que Temer no vete esta medida, también criticada por el mediático juez Sergio Moro, encargado de juzgar el caso petrolão.
Frente a esas maniobras, el fiscal Carlos Fernando dos Santos, uno de los responsables de la investigación en Petrobras, denunció que “ciertos sectores” buscaban impedir el castigo a los políticos implicados en ese escándalo.
Los parlamentarios se valen de un proyecto de ley impulsado por la sociedad civil que propone penas más duras a los delitos de corrupción para, por el contrario, minimizar el castigo o “decretar una autoamnistía”, sostuvo.
Deltan Dallagnol, coordinador de los fiscales a cargo del petrolão, criticó a los diputados que esta semana aprobaron “una ley de intimidación” para obstruir las investigaciones.
Por su parte, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que está “estupefacto” por las enmiendas hechas por los diputados, en una nueva escalada de la guerra de poderes en el país. “Estoy estupefacto por lo que pasó. El voto en Diputados significó diezmar el proyecto de las diez medidas”, declaró Janot.
El enfrentamiento ha instalado una suerte de “conflicto de poderes”, según varios analistas, que ven esta crisis como la más grave desde que Temer asumiera la presidencia de forma definitiva el 31 de agosto pasado.
El choque de poderes se intensificó en vísperas de la firma de un acuerdo de “delación premiada” entre la justicia y la constructora Odebrecht, la más implicada en el petrolão para obtener el testimonio de más de 70 ejecutivos a cambio de una reducción en sus eventuales condenas.