Santa María. “Si el ciudadano fiscaliza, previene malas prácticas”
El presidente del Consejo para la Transparencia de Chile vino con su director general para dar recomendaciones sobre la ley de acceso a la información
La Argentina aún gatea en
materia de acceso a la información. A más de dos meses de la sanción de la ley, aún se debe decidir cómo se implementará la herramienta. Esta semana, llegaron al país representantes del Consejo para la Transparencia de Chile, en el marco de un proyecto de cooperación Sur-Sur, financiado por el Fondo Chile a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En diálogo con la nacion, el presidente del organismo chileno, José Luis Santa María, y su director general, Raúl Ferrada Carrasco, recomendaron encarar un profundo “cambio cultural”.
–En la Argentina aún resta reglamentar la ley de acceso a la información. Según sus impresiones, ¿qué pasos falta dar para que entre en vigor plenamente?
José Luis Santa María: –Faltan definiciones organizacionales entre los poderes, porque se plantea la creación de múltiples agencias de transparencia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay que estipular criterios comunes para tramitar los reclamos de acceso a la información, reglas iguales para que no se produzca una disparidad. Por ejemplo, si se solicitan correos electrónicos de funcionarios, ¿se decidirá la apertura o la cerrazón de la información? –La Justicia viene siendo más hermética para brindar información. Se aducen motivos de seguridad y de preservación de las investigaciones. ¿En qué cuestiones ese poder puede ser mas restrictivo que el resto? Raúl Ferrada Carrasco: –En todo lo que tenga que ver con el ejercicio autónomo de sus funciones. No se debe entrar en colisión con cuestiones como la autonomía del Ministerio Público Fiscal o la reserva de las investigaciones. Pero hay que distinguir bien: la Justicia tiene que ser transparente con la
administración de los recursos del Estado, las declaraciones de patrimonio y las declaraciones de interés de sus miembros. –Aquí, por ejemplo, fue muy costoso conocer el sueldo de la ex presidenta. Se argumentaba que afectaba el derecho a los datos personales. ¿Cuál es el límite entre los datos personales y la información pública?
J. L. S. M.: –Los funcionarios públicos tienen un ámbito de privacidad más acotado que una persona de a pie. Los datos personales son en el extremo los que generan una invasión insoportable de la intimidad y no agregan valor al escrutinio público del funcionario. En Chile también hubo reticencia a dar a conocer los sueldos, pero hubo un clamor de los chilenos por conocer las remuneraciones, no sólo del presidente, sino también de los alcaldes. La remuneración de todos los funcionarios debe ser pública. –En la Argentina se está decidiendo cómo va a ser el ente autárquico que controle el acceso a la información. ¿Qué características debería tener? L. F. C.: –Debe ser un ente autónomo del gobierno. En Chile, el Consejo lo dirigen cuatro personas que son propuestas por el presidente con acuerdo del Senado. Se renuevan consejeros cada tres años y asumen a contramano de
las elecciones presidenciales para garantizar la independencia. Al Consejo llegan los casos en los que la autoridad rechaza entregar la información. –¿Qué consejos le dejarían al presidente Mauricio Macri con vistas a la implementación efectiva de la ley?
J. L. S. M.: –Ante todo lo felicitaríamos, porque es una rareza que se sancione esta ley y se aplique en la misma gestión. En general se ha sancionado al final de los mandatos. Le diríamos al Presidente que éste es un proceso de cambio cultural, y es importante que se entienda así, porque la política de acceso a la información es de implementación lenta. Lo que hay que hacer es un proceso de educación muy grande de la población y los funcionarios públicos. También hay que saber que es muy importante el rol de los medios de comunicación, ya que en todo el mundo fueron los aliados naturales de la transparencia. Hay que comunicar que esto es un proceso sin vuelta atrás. –¿En qué consiste el cambio cultural? J. L. S. M.: –El gran desafío es empoderar al ciudadano. Si no, nada pasa. Porque cuando los gobiernos perciben que cada ciudadano de a pie es un fiscalizador, se previenen las malas prácticas. Si no, hay sensación de impunidad.