El fiscal de Jujuy justificó la detención
Respondió en un escrito al Grupo de Trabajo de la ONU que había pedido su liberación “inmediata”
En más de 60 páginas, el fiscal general de la Acusación, Sergio Lello, respondió a la opinión del Grupo de Trabajo para detenciones arbitrarias de la ONU y fundamentó los motivos de la detención de la líder de la Tupac Amaru.
Lello remarcó la pertenencia al sistema mundial e interamericano de derechos humanos de la provincia de Jujuy y la Argentina. Afirmó la coherencia de la actuación judicial local con los parámetros internacionales y la estricta observancia de los derechos y las garantías establecidos a favor de los justiciables.
El fiscal además instruyó a los fiscales actuantes en las investigaciones para que solicitaran a los jueces un análisis crítico en función de las pautas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de modo que se realice la revisión o ratificación de las medidas adoptadas.
Destacó también la falta de información necesaria del Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de la ONU para opinar que Sala “tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado”.
En el escrito, el fiscal aclaró que la reforma procesal de 2009, que pasó de un sistema procesal mixto a uno tendencialmente acusatorio, concentró 350.000 causas en un solo juez: el doctor Francisco Aróstegui. El magistrado sobreseyó a Sala en más de 40 causas en forma irregular, por lo que fue investigado penalmente. Actualmente ese juez se encuentra imputado por la presunta comisión delitos de prevaricato, denegación de justicia y encubrimiento en concurso real, y también se le atribuye retardo malicioso de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Sobre la opinión 31/2016, del Grupo de Trabajo de la ONU, observó que “Sala se encuentra detenida además de por ser supuesta autora de los delitos de jefe de una asociación ilícita y coautora de los delitos de extorsión y fraude a la administración pública por tres investigaciones más: encubrimiento, lesiones graves y fraude a la administración pública y extorsión por la extracción de $ 29 millones de pesos del Banco Nación sucursal Jujuy entre el 2 y el 9 de diciembre de 2015, “circunstancia que habría permitido descubrir un entramado de corrupción vinculado a la obra pública hasta el momento desconocido”.
“Las conductas descriptas son lo suficientemente ilustrativas para que los magistrados puedan colegir que su libertad podría entorpecer las investigaciones”, prosiguió el fiscal Lello.