Prohíben salir del país a Alberto Pérez por una causa de fraude
Una jueza dictó la medida, que alcanza a otros colaboradores, y dispuso la inhibición de bienes
LA PLATA.– El ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, y otros cuatro ex funcionarios sciolistas están cada vez más comprometidos en una causa que investiga la posible administración fraudulenta mediante la emisión de facturas truchas. Ahora, la jueza de garantías de esta ciudad, Marcela Garmendia, les prohibió salir del país y, además la inhibición de bienes sobre Pérez por $ 15 millones.
Entre los cuatro funcionarios imputados se encuentra el ex subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone (al que se le secuestró recientemente de su casa en el country Abril, una estatua de dragón con una caja de seguridad oculta). La ex directora general de administración bonaerense, Sandra Alicia Mamberti, y las ex contadoras Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.
Pérez y el resto de los funcionarios están imputados por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Fuentes judiciales con acceso al expedientes aclararon que Pérez y Carbone ya están procesados en el expedientes y revelaron que hay documentación que los compromete.
La semana pasada, el fiscal de la causa, Álvaro Garganta allanó los aeropuertos Jorge Newbery y San Fernando, y las oficinas del empresario Gustavo Carmona en Puerto Madero en busca de documentación.
“Se secuestraron libros y cuadernos con registros de viaje. Lo que se busca son pruebas para ver si efectivamente el ex gobernador Scioli y su jefe de gabinete realizaron viajes de la campaña presidencial y los hicieron pasar como viajes oficiales pagados con fondos del Estado bonaerense”, dijo un estrecho colaborador del fiscal Garganta.
La causa en la que están acusados los ex funcionarios sciolistas comenzó con una megadenuncia de la diputada nacional, Elisa Carrió, que señaló a Pérez como uno de los “principales responsables” de crear cajas de recaudación política para la campaña presidencial de Scioli del año pasado.
A partir de esa denuncia, que también pedía indagar en otras áreas como el Instituto de Lotería y Casino, el Instituto Obra Medica Asistencial (IOMA) y en Aguas Bonaerenses (ABSA), Garganta se focalizó en la Jefatura de Gabinete.
Allí, pudo encontrar facturas y otra documentación para probar que durante los años 2014 y 2015, en la Jefatura de Gabinete de Scioli se habrían fraguado facturas por un monto que superan los $ 10 millones. Los investigadores judiciales también analiza el pago de $ 8.550.000 a diez cooperativas de la provincia de Buenos Aires, que debían realizar trabajos de reparación y construcción en diferentes municipios y que al parecer no se completaron o nunca se hicieron.