El naufragio de la reforma política
Caprichos, mezquindades y necesidad de mantener el poder feudal malograron el imprescindible e impostergable proceso de transparencia electoral
La decisión del bloque de senadores del Frente para la Victoria, en acuerdo con gobernadores peronistas, de postergar sin fecha el debate por la reforma política, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, ha hecho naufragar el proyecto oficial, al menos para los comicios legislativos del año próximo.
¿Cuál ha sido la víctima principal de ese naufragio? La transparencia y la calidad institucional de nuestro sistema electoral, una promesa de campaña del actual gobierno que incluía, entre otras cuestiones, la instrumentación de la boleta única electrónica (BUE); la eliminación de listas colectoras y de las candidaturas múltiples, que tanto distorsionan la voluntad de los electores; el establecimiento de un proceso sancionatorio claro y de cumplimiento efectivo, y poner el escrutinio provisional en manos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).
No podemos dejar de lamentar la miopía política con que se ha manejado este tema. Las dudas sobre la instrumentación de la BUE, más que el eje del problema, parecen haber sido la mejor excusa que encontraron muchos dirigentes para intentar disimular su apego a prácticas nefastas como el fraude electoral. Un camino alternativo a la utilización de la BUE hubiera sido la instrumentación en los próximos comicios de una boleta única. Pero tampoco esa opción, que asegura la oferta electoral para que los ciudadanos no resulten afectados por el robo de papeletas, fue analizada con la seriedad que merecía. Haber empantanado la discusión en torno de si la BUE debía llevar un chip o un código QR fue conducir el delicado debate de la transparencia electoral por la banquina para, precisamente, hacerlo derrapar. Y en esta cuestión tienen responsabilidad tanto la oposición como el oficialismo, que, por momentos, pareció haberse encaprichado con la BUE. Resulta fuera de toda lógica que una diferencia tecnológica –justificada o no– nos haya hecho perder la oportunidad de mejorar el viejo y fraudulento sistema de votación de nuestro país.
Habrá que esperar a marzo próximo para ver si el tema se reactiva en el Congreso, pero ya no habrá tiempo material para hacer una reforma profunda. En el Gobierno aspiran a remontar la discusión legislativa, pues entienden que hay gobernadores y legisladores del PJ dispuestos a avanzar en el proceso de transparencia electoral. Para entonces, esperan convertir en ley la eliminación de candidaturas múltiples, eliminar las listas colectoras, crear la figura del clientelismo político y establecer el procedimiento electoral sancionador. Para definir que el escrutinio provisorio pase a la CNE, en tanto, no se necesita de una ley, sino de decisión política, pues alcanza con un decreto presidencial para que ello ocurra.
Si esa aspiración también fracasara, en los comicios de 2017 los ciudadanos seguiremos votando con boleta partidaria, lo que implica que vuelvan a agitarse los fantasmas de fraude y que los gobiernos feudales intenten seguir siéndolo mediante el urdido de trampas y engaños al elector. Está más que claro que una reforma como la propuesta amenazaba seriamente el clientelismo y el poder para comprar votos y alterar los resultados.
Tampoco es seguro que en marzo haya acuerdo para avanzar al menos en una reforma gradual. La propia CNE había alertado a los legisladores de la necesidad de “no dar saltos al vacío en materia electoral”. Tanto el presidente de ese cuerpo como su vicepresidente, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, respectivamente, les recordaron que si bien los magistrados electorales apoyan el cambio de sistema de votación, su instrumentación debe ser escalonada y progresiva, y que se necesita contar con la garantía legal de que habrá los suficientes recursos económicos para una auditoría y un control eficientes.
Caída la reforma nacional, hay varias provincias que por estas horas se muestran interesadas en avanzar con los cambios en el orden distrital, entre ellas Córdoba, Entre Ríos, Chubut y Tierra del Fuego. Paradójicamente, no será sencillo el trámite en aquellos distritos que opten por ese camino. De coincidir sus elecciones con las nacionales –otro objetivo del gobierno nacional para evitar la enorme superposición de llamados a votar–, los electores de aquellas provincias podrían verse obligados a sufragar en un mismo día con boleta electrónica para los cargos provinciales y de papel para los nacionales, aumentando la confusión.
Así, la demanda ciudadana de mayor transparencia, expuesta tan claramente en las últimas elecciones presidenciales, podría encontrarse en los próximos meses con escollos absolutamente innecesarios de haber mediado entre sus dirigentes un diálogo serio, sin caprichos ni mezquindades.