Macri contra Macri, la gran batalla
El primer pedido directo, sin eufemismo alguno, de un hombre de negocios al Gobierno en la era Macri llegó el martes, durante un seminario organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Lo hizo Paolo Rocca, uno de los líderes de esa entidad y dueño del grupo Techint, que sorprendió al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que lo escuchaba desde la platea de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.
Rocca dijo ahí que, dada la importancia que tiene para el país desarrollar Vaca Muerta, sería conveniente fijar para esa formación durante al menos cinco años, tal como pretende el Gobierno, un precio mínimo de referencia del gas de entre 7 y 7,5 dólares por millón de BTU (unidad de medida británica), es decir, el doble de lo que cuesta en Estados Unidos y casi el mismo valor al que hoy lo importa la Argentina. Pero que, dada la necesidad de defender la industria fabril y el campo, que requieren de “energía competitiva”, también habría que regular el precio interno del gas que consumen esos sectores en alrededor de 3 dólares. Que esa última sugerencia haya molestado en la Casa Rosada es más que atendible: Rocca es, por un lado, petrolero y fabricante de tubos para gasoductos y, por otro, industrial consumidor de gas, por lo que su propuesta podría interpretarse como un beneficio propio en ambos lados del mostrador. “Hay que aprobar el subsidio a mí”, solía bromear en sus informes el economista Juan Carlos De Pablo.
El Gobierno cree necesario, como el líder de Techint, elevar el valor del gas de Vaca Muerta para recuperar el autoabastecimiento que se perdió en 2010, pero no hará nada por evitar que ese costo se extienda al resto de la economía, que hoy paga en promedio la mitad. “No creo en el spread entre gas producido y gas consumido”, le contestó Aranguren a Rocca al subir al escenario.
Que el empresario más poderoso de la Argentina se haya referido a una cuestión tan específica como ésa merece múltiples lecturas. La más elemental: la AEA, una agrupación que está integrada por dueños cuando resolvió subsidiar la exportación del barril de crudo de Chubut con el argumento de mantener la actividad en esa cuenca y aplacar la tensión sindical. Parece, de todos modos, un módico desafío técnico si se lo contrasta con la explicación política que, desde anteayer, con la publicación del decreto que extiende el blanqueo a parientes de funcionarios, estará obligado a dar. La decisión, que desencadenó quejas y presentaciones de la oposición en la Justicia, sorprende más por lo repentina e inconsulta que por el fondo de la cuestión. En junio, en plena negociación por esta ley, líderes del peronismo habían quedado perplejos al advertir las recurrentes llamadas de teléfono que, con el mismo pedido que acaba de convertirse en decreto, venían directamente desde Colombia, donde Macri inauguraba en esos días la sección latinoamericana del Foro Económico Mundial. La discusión vuelve a involucrar internamente a PratGay, en su momento uno de los más reacios a incluir la cláusula en el proyecto.
Es cierto que la medida tiene consistencia técnica. Se propone igualar ante la ley a todos los ciudadanos, incluidas las familias de los funcionarios, sin descuidar lo más relevante en un blanqueo, que es garantizar que los recursos sean de origen no delictivo. Pero parece más difícil de defender desde las ópticas política y constitucional: ¿por qué el Gobierno cambia de prepo, con la normativa ya discutida en su debido ámbito, una ley por decreto? ¿Qué movimientos societarios pudieron haber existido desde junio hasta hoy en las adyacencias del poder, que para peor carga con varias nominaciones en Panamá Papers? ¿A cuánto podría llegar, por consiguiente, la magnitud de fondos no declarados en el entorno de Pro para que el propio presidente haya decidido pagar semejante costo político en plena recesión? Y finalmente, ¿qué efectos tendría sobre la campaña electoral que alguien filtrara el año próximo una lista de adherentes al blanqueo?
Las circunstancias, que agregan dudas incluso dentro de Cambiemos, donde ya se oyeron voces de rechazo como la de la legisladora porteña Paula Oliveto (Coalición Cívica), vuelven a emparentar a Macri con los empresarios, ese universo con el que acumula múltiples recelos. Más que nada confirman, pese a los esfuerzos, esa incómoda marca de origen: la gran promesa de su mandato, terminar con una Argentina corporativa, le acarrea a veces al Presidente el peso y la dificultad de enfrentarse consigo mismo. © la nacion