costo argentino, un secreto de familia.

Pocos dirigentes empresariales y ningún político se animan a abrir la puerta donde se ocultan privilegios o cuestiones que nadie prefiere reconocer

Pocos dirigentes empresariales y ningún político se animan a abrirla puerta donde se ocultan privilegios.

Como las mejores familias, los argentinos saben guardar secretos compartidos y temas que son un tabú para todos sus integrantes. Cuando los precios de los productos del campo son altos, las tasas de interés son bajas y florece el consumo, la prosperidad reinante hace innecesarias las preguntas antipáticas y el corto plazo prevalece sobre el largo. A nadie se le ocurre preguntarse sobre el costo argentino ni hacer planteos de competitividad.

Cuando las variables cambian de sentido, las patologías afloran. Y como tantas veces, se intentan ajustes que no son tales, provocándose el temido “atraso cambiario”, trasladando a las empresas el peso del gasto público desbordado y las ineficiencias toleradas durante tiempos de bonanza. Ante el desafío de la supervivencia, reaparece la excusa del costo argentino, enemigo público número uno, hijo primogénito del populismo y como tal, votado, mimado y consentido por la mayoría de los argentinos.

Todos se quejan del costo argentino, pero se evitan mayores detalles acerca de su composición. Pues se trata de un secreto de familia, una puerta cerrada que nadie se atreve a abrir sabiendo que oculta verdades inconfesables, que involucran a casi todos los actores relevantes de la sociedad argentina.

Décadas de populismo han permitido acumular enormes deformaciones en la estructura socioeconómica de nuestro país. Y al hacerlo, se han conformado factores de poder que brindarán batalla ante cualquier intento de modificar ese statuquo que es el “modelo nacional” de distribución de ingresos.

En forma simplificada, se dice que el costo argentino está compuesto por la presión fiscal, el costo laboral, la mala infraestructura y el costo del transporte. Sin embargo, se trata de medias verdades, mezcla de intereses creados, escasa vocación de pelearse con amigos y mucho menos, con los enemigos.

Pocos dirigentes empresarios y ningún político llegan a abrir francamente la puerta donde se oculta lo que nadie quiere reconocer.

En lugar de pedir que se reduzca la presión fiscal o la tasa de interés, ¿quién se atreve a decir que es insostenible un modelo donde ocho millones de personas en el sector privado deben sostener a casi veinte millones que viven del Estado?

En lugar de reclamar que se bajen los impuestos al trabajo, ¿quién propone una auditoría exhaustiva del destino de esos aportes, incluyendo las obras sociales sindicales?; ¿por qué no se les exige, antes de emitir los cheques, una reparación histórica inversa, para compensar las contrataciones espurias realizadas durante tantos años con fondos que se restan al salario por disposición estatal?

En vez de reclamar por los altos costos portuarios, ¿quiénes señalan con el dedo las regulaciones que los motivan y a sus “dueños”?

Cuando se cuestionan las altas tarifas eléctricas, ¿quién está dispuesto a abrir las cajas negras de los impuestos provinciales y municipales que se llevan la mitad de lo abonado por la industria y el campo? ¿Los fondos especiales se utilizan en gastos corrientes o en inversiones?

La avidez insaciable de provincias y municipios no se soluciona con buenas intenciones, sino que obliga a ir al fondo del tema: ¿tienen un gasto sostenible, con plantas de personal austeras, sin parientes ni clientes?, ¿son sus contrataciones transparentes?

Y cuando muchos se rasgan las vestiduras por el costo de los fletes terrestres: ¿quiénes están dispuestos a confrontar con el gremio de Hugo Moyano que puede paralizar el país?

Si la conflictividad laboral y su judicialización generan desempleo: ¿quiénes están dispuestos a desarticular la maraña de intereses creados detrás de las leyes laborales, incluyendo abogados y peritos, muchas veces con la complicidad de los jueces?

Y cuando empresarios se quejan por el costo de insumos, ¿cuáles son los colegas que carecen de economías de escala y descolocan a sus clientes con precios no competitivos?

Y quienes reclaman crédito barato para inversiones destinadas a mejorar la productividad, ¿qué hicieron aquel fatídico 23 de diciembre de 2001 cuando la Asamblea Legislativa declaró el default con aplausos de pie?, ¿o cuando se incumplieron los marcos regulatorios en el sector energético, cuando se confiscó YPF a Repsol y cuando se eliminaron las AFJP, aumentando la inseguridad jurídica?

Detrás del costo argentino están plantados quienes van a defender la distribución del ingreso a su favor lograda mediante años de presiones sectoriales y componendas políticas. Hay sindicatos, consejos profesionales, asociaciones, colegios y corporaciones. Todos ellos son cuerpos colectivos entrenados en el lobby parlamentario, la lucha callejera y las medidas de no innovar, para garantizar a sus dirigentes un nivel de vida que seguramente no tenga justificativo en una república sin privilegios.

Por ello, el debate político omite encarar el fondo del llamado costo argentino, optándose por considerarlo un dato de la realidad, aunque ofenda el más elemental sentido de la equidad y demuestre lo distante que estamos de la “justa distribución de la riqueza”.

Para evitar confrontaciones, los partidos sólo aceptan debatir paliativos temporarios, como la reforma impositiva, la política monetaria o la devaluación de la moneda, para trasladar el peso de aquel costo, de las espaldas de unos a las espaldas de otros.

La Argentina no saldrá de su atolladero mientras no se cree una coalición modernizadora, formada por dirigentes políticos que piensen en el largo plazo y por líderes empresarios cuyos intereses estén alineados con la inserción del país en el mundo, dispuestos a transformar el costo argentino en la ventaja argentina: un lugar preferido por los inversores como destino virtuoso para la radicación de nuevas empresas y por los locales, para expandir las existentes.