Declaración de bienes, un drama para ciertos funcionarios
Resulta inadmisible, y altamente sospechoso, que miles de funcionarios y ex funcionarios no hayan declarado su patrimonio
PASA el tiempo y las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios siguen siendo un problema insalvable para muchos de ellos, a tal punto que abundan quienes prefieren no presentarlas y afrontar las consecuencias.
En la actualidad, suman 47.329 los funcionarios jerárquicos del gobierno nacional y los ex funcionarios de la anterior administración –éstos deben presentar el informe de baja de la función– que se encuentran obligados a cumplir con esa formalidad en la oficina Anticorrupción (oA).
Pero aunque el plazo inicial había vencido el 30 de mayo pasado, hasta hace un mes había 3683 funcionarios y ex funcionarios de la administración nacional que no habían cumplido con su obligación, y por ese motivo 93 de ellos fueron sancionados con la retención del 20% de sus sueldos.
En julio pasado, los incumplidores sumaban el doble, por lo cual la titular de la oA, Laura Alonso, envió una nota a todos los ministros con copia al Presidente para solicitarles que insten a sus subordinados a llenar los formularios y presentarlos. Los sancionados con el descuento pertenecen al Pami, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los ministerios de Trabajo y de Ambiente y siete universidades nacionales.
ocurre que hay funcionarios que no han tomado conciencia de que el cumplimiento de ese trámite no consiste en una cortesía de su parte, sino en una obligación ineludible. Por eso es que la sanción del descuento en el salario resulta insuficiente y hasta risible, cuando vemos que hay funcionarios que prefieren esa quita con tal de eludir su obligación legal.
Es más que sugestivo que dos gremios hayan presentado amparos ante jueces en lo contencioso administrativo, acusando al gobierno de violar la ley cuando la oA y el Ministerio de Modernización difundieron las declaraciones juradas en un portal de datos. Se trata del poderoso Sindicato Único de Personal de Aduanas (Supara) y la Unión de Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Más graves fueron las consecuencias de la orden que impartió la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para que subcomisarios y comisarios presenten declaraciones juradas de bienes. Hubo 154 oficiales de esas jerarquías que se negaron a hacerlo.
Una larga y muy sugestiva lista de políticos que tuvieron serios tropiezos con sus declaraciones confirma que se trata de un tema sumamente sensible. El ex presidente Carlos Menem fue uno de ellos, y también Néstor y Cristina Kirchner, a quienes el vergonzoso ahora ex juez federal Norberto oyarbide sobreseyó irregularmente en una causa de enriquecimiento ilícito.
Similares situaciones se repitieron con Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, cuyas declaraciones juradas presentaban, el año pasado, contradicciones, falta de información o valores asombrosamente bajos para ciertas propiedades. La de Scioli, entonces gobernador bonaerense, era francamente escandalosa, y con sospechosa celeridad el juez de garantías de La Plata, Pablo Raele, lo sobreseyó por enriquecimiento ilícito, y el fiscal Jorge Paolini no apeló la medida, que quedó firme. Hace poco se descubrió que Roberto López, ex titular kirchnerista de la Lotería Nacional, aumentó 77 veces su patrimonio declarado, desde 2004.
Las dificultades de los funcionarios con la exteriorización de sus bienes persisten pese a que hace más de tres años se modificó, en beneficio de ellos, y en perjuicio de la ciudadanía, la ley que rige esas declaraciones para tornarlas menos transparentes y dificultar las investigaciones sobre el verdadero valor de los bienes declarados al tornar muy dificultosa la comparación de los últimos valores con los anteriores. Además, tras la modificación, sólo es obligación informar las ganancias y bienes del funcionario, no los de su cónyuge, que se declaran en un formulario al que sólo se accede mediante una orden judicial.
La transparencia de los funcionarios se ha vuelto una imperiosa necesidad para una sociedad sacudida sin tregua por reiterados casos de corrupción pocas veces esclarecidos y casi nunca sancionados.
En este marco, las pruebas de la transparencia de los funcionarios, que deberían quedar reflejadas principalmente en sus declaraciones juradas de bienes, no pueden ser, como ya expresamos, una concesión graciosa sino una obligación ineludible cuyo incumplimiento debería acarrear sanciones mucho más severas y efectivas. También es preciso que una nueva ley restituya las anteriores exigencias en materia de declaraciones juradas y que la confección de éstas sea idéntica en las distintas jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. Los reiterados incumplimientos son la prueba de que allí debe ponerse la lupa.