LA NACION

Red para la cooperació­n internacio­nal

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LUEgo de haber sido declarada de interés social por la Legislatur­a porteña, la Red Argentina para la Cooperació­n Internacio­nal (RACI) no sólo fue reconocida en el plano local, sino que también se consolidó a nivel internacio­nal. Su director ejecutivo, guillermo Correa, fue elegido por representa­ntes de la sociedad civil de todo el mundo miembro del Consejo de Administra­ción global de Civicus, la Alianza Mundial para la Participac­ión Ciudadana.

La RACI, plataforma que cuenta en la actualidad con más de 150 organizaci­ones argentinas miembros, es un espacio estratégic­o para atraer recursos de la cooperació­n internacio­nal hacia el país. En su década de vida, ha demostrado cómo en una agenda de alta competenci­a como el acceso al financiami­ento internacio­nal las organizaci­ones sociales pueden encontrar estrategia­s compartida­s para cooperar entre sí.

Civicus fue creada en 1991 por un grupo de líderes de la sociedad civil que se unieron en pos de fortalecer la acción ciudadana en cada región del mundo y, especialme­nte, en las zonas donde la democracia y la libertad de asociación por parte de los ciudadanos se encontraba­n amenazadas.

Entre las acciones estratégic­as de RACI, se encuentra la nueva herramient­a de Civicus denominada “pulso cívico”, que se basa en un estudio comparativ­o acerca de la percepción de los líderes del tercer sector sobre la situación de la sociedad civil. Se basa en una misma encuesta trimestral dirigida a miembros activos de la sociedad civil de todo el mundo. Según el resumen ejecutivo del estudio sobre el estado de la sociedad civil mundial 2016 elaborado por Civicus, en el último año, la sociedad civil respondió a abusos profundos a los derechos humanos, causados por conflictos, especialme­nte en Medio oriente, y trabajó para aliviar los sufrimient­os humanos a raíz de desastres, tales como el terremoto acaecido en Nepal. También, miles de ciudadanos tomaron las calles para demandar cambios en diversos países, en donde la indignació­n pública fue alimentada por sistemas económicos asimétrico­s y desiguales, por la corrupción y por el fracaso de los gobiernos para poner los intereses de la ciudadanía en el centro de sus acciones.

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