La tecnología debe beneficiar a todos
En un contexto de desarrollo capitalista en el que las sociedades actúan con miedo, se fragmentan y miran con recelo a los extranjeros, debemos plantear un profundo debate sobre la enorme transformación tecnológica que vive el mundo del trabajo, que hoy produce más bienes y servicios con menos trabajadores y ofrece una contracara inquietante: empresarios que no encuentran la mano de obra formada para los nuevos requerimientos del mercado laboral.
El desarrollo tecnológico que exime al hombre de trabajos brutales es un logro de la humanidad toda, no sólo del grupo de corporaciones empresarias que puedan aprovecharse de los beneficios del cambio.
Para el socialismo, el derecho social, y en particular el trabajo y sus condiciones, ocupan un lugar central en la agenda social y política. Sólo con trabajadores educados y con salud se pueden alcanzar los niveles de productividad y condiciones de trabajo que socialicen las ventajas del desarrollo tecnológico del siglo XXI.
Los convenios colectivos de trabajo que hoy tenemos vigentes son del siglo XX, y debemos reformarlos atendiendo las condiciones de trabajo del siglo XXI. Pero cuidado, no queremos discutir convenios colectivos para volver al siglo XIX. Necesitamos convenios colectivos del siglo XXI, un tiempo que permite reducir la semana laboral para trabajar menos, repartir el trabajo y socializar las ventajas del cambio tecnológico.
En Europa se producen automóviles en semanas laborales de 36 horas; en la Argentina, de 48. Si se globaliza el capital financiero y el capital productivo, debemos globalizar también las condiciones de trabajo. Para eso, tenemos que discutir, en el ámbito del Mercosur y en los ámbitos de integración regional latinoamericana, no sólo los aranceles que benefician a las corporaciones, sino también las condiciones de los trabajadores.
Debemos poner en debate la economía dual que existe en los países de nuestra región, donde una parte importante no sólo no está registrada, sino que está regida por las leyes del crimen organizado. Los trabajadores de esa economía (que no es pobre) son un eslabón que sufre la explotación en condiciones de cuasi esclavitud. A la vez son perseguidos, porque aparecen como la cara visible de una cadena perversa de intereses, como ocurre con muchos de los manteros.
Una de las primeras leyes presentadas por Alfredo Palacios en 1906 ya proponía limitar la jornada a 8 horas diarias y a 48 horas semanales, criterio que nos rige desde la ley 11.544, sancionada en 1929. La reducción de la semana de trabajo tiene un profundo contenido social y económico, y afecta intereses contrapuestos. Brasil redujo la semana laboral a 44 horas. Uruguay también lo ha hecho para el comercio. Esto permite una distribución del trabajo en el conjunto social, y genera una mejor y mayor cantidad de tiempo libre y de cuidado familiar. Por eso insistimos en la necesidad de reducir la semana laboral.
Cuando se pretende cerrar la brecha de desigualdad suelen generarse profundos debates y se alzan voces de alarma por “la ruina de la economía”. Si nos remitimos a los debates de 1906, podemos comprobar que con mayores derechos de los trabajadores nos beneficiamos todos. Podrá cambiar la tecnología, pero lo que no cambia son los valores de igualdad, fraternidad y solidaridad a lo largo de la historia humana.