Intentan limitar por decreto los juicios laborales
Macri modificó el régimen de las ART para reducir la litigiosidad
El presidente Mauricio Macri no esperó la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y modificó por decreto el régimen de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), con la intención de frenar la avalancha de juicios por accidentes laborales.
Ante los 340.000 juicios abiertos, con reclamos por US$ 4500 millones, el Gobierno estableció una instancia administrativa obligatoria antes de promover una denuncia judicial. La oposición cuestionó la norma, principalmente, porque elude al Congreso, que tenía en tratamiento una norma similar.
El Congreso puede esperar; el Gobierno, no. En una decisión que motivó criticas de buena parte del sindicalismo y representantes de la oposición, y sin esperar la reapertura del año parlamentario, el presidente Mauricio Macri firmó y publicó ayer la reforma, vía decreto de necesidad y urgencia, del sistema de riesgos de trabajo, con el declarado objetivo de “desincentivar la industria del juicio” en el sector, que hoy suma alrededor de 340.000 litigios abiertos por un valor aproximado de US$ 4500 millones.
Mediante el decreto 54/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Macri y quince de sus ministros, el Gobierno establece un cambio fundamental al momento de registrarse un accidente de trabajo.
La norma, que recibió cuestionamientos en el arco opositor y en el Colegio Público de Abogados (ver aparte), crea lo que el decreto denomina “comisiones médicas jurisdiccionales”. Se trata de un organismo que constituirá “la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la ley de riesgos del trabajo”.
El decreto establece que los peritos médicos que intervengan en los casos deberán integrar el cuerpo médico forense local y sus honorarios no podrán ser variables ni estar vinculados al monto del juicio.
El Estado amplía de dos a tres meses la cobertura si la empresa no hubiese pagado y se crea el Autoseguro Público Provincial (APP), para que todos los empleados públicos provinciales y municipales sean incorporados a la cobertura de ART. Según cálculos oficiales, esto permitirá “proteger alrededor de un millón de empleados en nueve provincias, municipios y comunas que hoy están fuera del sistema”, si las administraciones provinciales adhieren al sistema.
Para la oposición se trata de una “imposición de los empresarios” para trabar el cobro de indemnizaciones y bajar costos laborales.
En el Gobierno desmienten que el empresariado haya presionado para conseguir este cambio significativo. “El sistema está al borde del colapso, deja afuera a demasiados trabajadores, tarda hasta tres años en dar respuesta a quienes sufren un incidente y sólo favorece a algunos abogados y peritos, que lo han transformado en una industria del juicio”, responden en Balcarce 50.
Según cálculos del sector, hay más de 300.000 juicios abiertos en la actualidad, con reclamos acumulados por US$ 4500 millones de dólares. Se esperaba una “ola de juicios” adicional para los próximos días, antes de que la Cámara de Diputados convalidara el proyecto ya aprobado por amplia mayoría en el Senado, a fines del año pasado.
Por eso, el Gobierno actuó con celeridad, afirman los funcionarios.
Argumentos
“En los últimos años había habido un crecimiento casi exponencial de la cantidad de litigios, pero no había crecido la cantidad de accidentes, lo que estaba generando esta famosa industria del juicio”, indicó ayer el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en declaraciones radiales.
Con relación a la decisión de sacar por decreto la reforma, el ministro afirmó: “Lo que se ha puesto es la media sanción que salió del Senado, que tenía acuerdo, en general, con la CGT”. Aseguró que no se tocó una coma de lo aprobado el mes pasado por la Cámara alta.
En el bloque de Cambiemos avalaron la iniciativa presidencial. La senadora Laura Rodríguez Machado (Cambiemos-Córdoba) justificó la velocidad con la que el Poder Ejecutivo promulgó el decreto y reiteró que la medida colaborará para “flexibilizar los costos de los accidentes laborales” y a la vez “logrará reducir la litigiosidad en el sistema de riesgos de trabajo en el país”.
En la Casa Rosada aplaudieron la reacción de sindicalistas como el titular de Smata, Ricardo Pignanelli, quien afirmó que bajo el actual sistema las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART) “se iniciaron con un espíritu y luego se convirtieron en un negocio financiero”. Y preocuparon las declaraciones de Jorge Sola, secretario de Comunicación de la CGT unificada, quien calificó de ilegal la medida. “Es inconstitucional. Están cambiando las reglas del juego”, aseguró el dirigente.
El kirchnerismo y la izquierda se sumaron a la CGT y el Gobierno ya prevé una dura oposición al decreto en la comisión bicameral legislativa que debe validarlos. “Es un avance contra los derechos de los trabajadores y a favor del curro de las ART”, afirmó Víctor De Gennaro.
Con cifras y números en la mano, en la Casa Rosada desmienten las críticas y hablan de la necesidad de terminar con la “moda” de los juicios laborales por accidente para justificar el decreto presidencial.