Llegó la ofensiva: primera denuncia por violar la Constitución

Acusan al presidente de recibir en sus negocios privados pagos de gobiernos extranjeros

NUEVA YORK.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las acusaciones de una demanda presentada ayer por abogados expertos en asuntos constitucionales, que le imputan estar violando la Constitución estadounidense al permitir que sus hoteles y otros negocios acepten pagos de gobiernos extranjeros.

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que la demanda presentada en la corte federal de Manhattan por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética) no tiene méritos.

Morgan Lewis & Bockius, una firma de abogados que representa al presidente en asuntos éticos, no respondió de inmediato a las solicitudes para comentar sobre el tema.

Trump había anunciado este mes que mantendría la propiedad de su imperio global de negocios, pero que delegaría el control en sus dos hijos mayores mientras sea presidente. Sheri Dillon, socia de Morgan Lewis y asesora de Trump, dijo que las ganancias generadas por los gobiernos extranjeros en los hoteles de Trump serán donadas al Tesoro estadounidense.

La demanda de los constitucionalistas afirma que los pagos de gobiernos extranjeros por negocios como alquileres en la Trump Tower de Nueva York, estadías de hotel en sus propiedades y derechos para transmitir o crear versiones propias de programas como su reality show The apprentice son ilegales.

Entre las remuneraciones especiales que se verían amparadas en el litigio se encuentran los ingresos por el alquiler de espacios en la Trump Tower a un banco oficial de China y a la oficina de turismo de Abu Dhabi.

Los redactores de la Constitución, según la querella, pretendían prohibir esa clase de pagos porque creían que “los intereses financieros privados pueden influir sutilmente incluso a los líderes más virtuosos, y el involucramiento entre funcionarios estadounidenses y potencias extranjeras podría suponer una amenaza artera e insidiosa a la república”.

Entre los abogados que trabajaron en la demanda figuran los eruditos constitucionalistas Laurence Tribe y Erwin Chemerinsky, como también Richard Painter, un abogado de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de george W. Bush.