Prepara un amparo contra la norma el Colegio Público de Abogados

Jorge Rizzo negó que exista una “industria del juicio” y puso en duda que el decreto sea constitucional

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal anunció ayer que presentará un amparo para frenar el decreto que modifica el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), una medida que fue calificada de “inconstitucional” y “discriminatoria”. Además, el organismo negó que existiera una “industria del juicio” laboral, como había justificado el gobierno de Mauricio Macri para llevar adelante la iniciativa.

Así lo afirmó ayer el titular de la institución, Jorge Rizzo, quien en declaraciones a Radio Eco Medios adelantó que “en las próximas horas” la institución, que representa a todos los abogados matriculados de la Capital, avanzará con el pedido de amparo contra el decreto.

“Pediremos un amparo que haga cesar el DNU, porque no hay ni necesidad ni urgencia, y también vamos a plantear la inconstitucionalidad de fondo contra la norma. Es discriminatoria”, afirmó el abogado, quien agregó que la modificación “aparta a los abogados de la medida preliminar [a la instancia judicial]”, lo que puede ser “peligroso” porque el trabajador afectado “no puede ser asesorado como tiene que ser y el abogado no puede trabajar”.

Tanto el decreto que fue publicado ayer en el Boletín Oficial como la media sanción que el proyecto de ley ya tiene en el Senado agregan a los reclamos de los trabajadores una instancia previa a la de los tribunales, a partir de la intervención de comisiones médicas encargadas de evaluar cada caso en particular.

Rizzo negó que haya una “industria del juicio” en ciernes por el aumento de la litigiosidad que se registró el año pasado. “Si los empleadores cumplen con las normas, habrá menos juicios”, dijo. Y se preguntó: “Si un empresario no le compra un casco al trabajador y se le cae una viga en la cabeza, ¿dónde está la industria del juicio?”.

Por su parte, la CGT dio ayer su apoyo a la modificación de las ART, pero lamentó que la iniciativa no haya seguido su curso institucional en el Congreso. porque podría abrirle las puertas a la posibilidad de que sea declarada “inconstitucional”, según dijo Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato. Destacó que el decreto haya incorporado las “observaciones” que se le hicieron a la iniciativa del Poder Ejecutivo por pedido de la central obrera.