La oposición criticó los DNU y no descartó declarar su invalidez
El FPV, GEN y el socialismo advirtieron que el Gobierno quiere esquivar el Congreso y legislar por decreto
La decisión del Gobierno de legislar por vía del atajo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) despertó fuertes críticas en la oposición, convencida de que el presidente Mauricio Macri, en minoría en ambas cámaras, pretende esquivar al Congreso en este año electoral.
Los principales bloques opositores le achacaron al Gobierno no haber convocado a sesiones extraordinarias, ya que dos de los tres DNU que se publicaron ayer en el Boletín Oficial –el nuevo régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y el esquema de feriados de este año– se basan en proyectos de ley con estado parlamentario.
Esta cuestión se discutirá el 2 del mes próximo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuerpo encargado de dictaminar sobre los decretos presidenciales. Tal como adelantó anteayer la nacion, la mayoría opositora en esa comisión podría rechazar algunos de los decretos más polémicos, lo que preocupa a las espadas legislativas del oficialismo en el Congreso.
Además de la vía legislativa, el Frente para la Victoria (FPV) analiza presentar una denuncia ante la Justicia respecto del decreto referido al nuevo régimen de las ART. La norma dispone la creación de comisiones médicas que, en los casos de accidentes laborales, se expidan sobre si corresponde o no el inicio de una acción judicial en procura de una indemnización por enfermedad o incapacidad. La intención del Gobierno es evitar la “industria del juicio” que, según su criterio, se genera con los accidentes de trabajo.
El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Héctor Recalde, rechazó estas explicaciones y prometió acudir a la Justicia. “Lo que hace este decreto es soslayar la justicia nacional de trabajo –sostuvo en declaraciones a la radio La Metro–. Se le dan facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales. Y realmente la experiencia nos indica que el trabajador sometido a ese sistema sufre un vía crucis.”
Para el legislador, si el presidente Macri “realmente consideraba importante, trascendente y creía que había razones de urgencia, tiene la facultad de citar a extraordinarias al Congreso para su tratamiento”. “Es un gobierno con un sesgo autoritario”, opinó.
También Margarita Stolbizer, líder de GEN y aliada política de Sergio Massa (Frente Renovador), cuestionó el decreto sobre ART y el uso de esta herramienta que realiza el Gobierno.
“Poner restricciones y trabas al derecho del trabajador para acceder a la Justicia es inconstitucional. Hacerlo por decreto para eludir el debate parlamentario es doblemente grave”, enfatizó Stolbizer.
“El DNU que reforma la ley de riesgos del trabajo también es contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley, discriminando a los trabajadores en su derecho de acceso a la justicia”, advirtió.
“La cuestión no es bajar los juicios, sino bajar los accidentes, y para eso el Estado debe exigir a empresarios y aseguradoras que se tomen las medidas de prevención, seguridad e higiene para evitar los daños”, enfatizó Stobizer.
Comisión Bicameral
Por su parte, el diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, aseguró que pedirá que se convoque “rápidamente” a la Comisión Bicameral para que analice los decretos.
“Parece que el año electoral ha entrado bastante fuerte en quienes hoy manejan el país y la verdad que eso no sirve”, cuestionó el ex gobernador sanjuanino.
También las críticas sonaron puertas adentro del bloque oficialista. “Es un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes. No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Poder Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso”, cuestionó el diputado Ricardo Alfonsín.
Desde el Partido Socialista, la diputada Alicia Ciciliani indicó que “la incorporación de una nueva instancia administrativa para dilatar procesos judiciales en las ART está dada por la necesidad y la urgencia de bajar costos en beneficio de los empresarios, y se convierte en una arremetida del Gobierno en contra de los trabajadores”.