Otros negocios, por US$ 400 millones, pendientes de una firma
El país se juega en estos días el ingreso en EE.UU. de productos sin arancel
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sólo tiene a los limoneros en un puño. También hay varios productos de la agroindustria que están a la espera del visto bueno del nuevo presidente para poder volver a entrar en los Estados Unidos sin pagar aranceles de importación. Son unos US$ 400 millones, al menos, según estimaciones que manejan en el Ministerio de Producción.
Antes de partir, el gobierno de Barack Obama había abierto las puertas para que la Argentina recuperase un lugar en el sistema general de preferencias (SGP), el régimen que permite a países en vías de desarrollo ingresar en el mercado norteamericano algunos productos sin pagar aranceles de importación.
La Argentina había ya iniciado todo el proceso formal e incluso el 10 de este mes había participado de una audiencia pública convocada por la Oficina de Comercio de los Estados Unidos para respaldar el caso.
Según el cronograma establecido entonces, todas las partes involucradas –y no sólo el gobierno argentino– tienen hasta hoy para presentar los comentarios referidos a la audiencia.
Pero será finalmente la nueva administración de Trump la que le ponga el sello al acuerdo.
En el Gobierno estiman que, hasta que la Argentina fue excluida del SGP, se exportaban a través de este régimen aproximadamente unos US$ 400 millones. La mayoría, explican, eran productos de la agroindustria. “De todas formas, una vez reincorporado el régimen se definen nuevamente los productos”, aclaran.
A diferencia de la exportación de limones, cuyo marco legal ya estaba firmado cuando el gobierno de Trump decidió suspenderlo por 60 días, en el caso del SGP el trámite está en curso.
El gobierno norteamericano había suspendido el derecho de la Argentina a los beneficios del SGP en mayo de 2012, en un momento de gran deterioro de las relaciones comerciales y financieras entre ambos países. La administración Obama había citado en ese momento como argumento que el gobierno de Cristina Kirchner no estaba respetando los fallos del tribunal arbitral del Banco Mundial, el Ciadi. La Argentina llegó a tener varias decenas de demandas en el tribunal.