Avances y retrocesos en seguridad
Aun año del comienzo de la nueva gestión de gobierno, es útil hacer un balance de cuestiones delicadas que hacen al bienestar ciudadano y que no pasan por los problemas estrictamente económicos que siempre sacuden nuestras agendas.
En ciertos asuntos institucionales, reconocemos con agrado y satisfacción avances importantes: por ejemplo, el programa Justicia 2020 tendiente a mejorar nuestro servicio de justicia nacional; la sanción y promulgación de la ley de acceso a la información pública, o la propuesta de candidatos calificados tanto moral como académicamente para integrar la Corte Suprema. Sin embargo, por otra parte, resulta alarmante el retroceso en el campo de la privacidad, con su consecuente vulneración de otros derechos. En líneas generales, se fijan decisiones con el argumento de que, mediante estas medidas, se hace un aporte a la construcción de una sociedad más segura y a salvo de los flagelos de la violencia o el narcotráfico.
En los casos que a continuación citaremos, el Gobierno tomó decisiones que llevaron a poner en conflicto el derecho a la privacidad con otros derechos. Lo que ha de analizarse es si el derecho que se impone por sobre otro es proporcionalmente justificado por el fin que persigue. Me animo a sostener que no lo son.
El presidente Macri nombró al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a personas con pocos o nulos antecedentes para afrontar la dura tarea de conducir uno de los organismos más importantes entre nuestras instituciones, aquel que busca asegurar nuestra paz. Incluso dio marcha atrás en ese organismo, con normas implementadas durante el último año por la ex presidenta que otorgaban un mayor nivel de transparencia al uso de sus recursos económicos y humanos. A su vez, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, firmó con la Anses un convenio por el cual el Gobierno accedería a información personal de cada ciudadano, bajo el supuesto de que de tal modo se habrá de “mejorar la comunicación con la ciudadanía”. Finalmente, poco tiempo atrás, los ministerios de Defensa y de Comunicaciones firmaron una resolución por la cual todos los celulares deben estar registrados nominativamente.
Se trata de medidas que además de arrastrar el grave vicio de su inconstitucionalidad, por no haber sido resultado de leyes, tampoco responden a una ponderación de eficacia y más bien prueban que, quizás hasta con la mejor de las intenciones, en ocasiones, su aplicación puede acercarnos a un tipo de sociedad controlada y carente de las libertades imprescindibles de nuestra joven democracia.
Una Agencia Federal de Inteligencia poco transparente y mal conducida o incluso bases de información ciudadana recolectadas sin fines profundamente justificados pueden dar lugar a un grave retroceso institucional. El gobierno nacional aún está a tiempo de modificar estas medidas, es por ello que instamos a su revisión.
Evidentemente, a dos años de uno de los sucesos de mayor gravedad institucional de nuestra historia, la democratización de los sistemas de inteligencia sigue siendo un tema pendiente. La muerte del fiscal Alberto Nisman fue la expresión más escandalosa de la dinámica de funcionamiento del sistema de inteligencia argentino: un cuerpo autónomo de agentes estatales y paraestatales que actúa al margen de la ley; un verdadero punto de inflexión para la democracia argentina y los derechos de los ciudadanos. La sociedad debe tomar conciencia sobre la situación crítica de este ámbito del Estado.