El Tribunal Supremo de Justicia, un collage de figuras cuestionadas
Su presidente cumplió condena por homicidio; otros jueces no reúnen los requisitos para el cargo
CARACAS.– No habían transcurrido unas horas desde la contundente derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 cuando el chavismo se puso manos a la obra. Un solo objetivo para sus estrategas: atornillar su poder en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano judicial del país, para blindar a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
“La confrontación es inevitable”, vaticinó entonces el radical Diosdado Cabello, presidente del Parlamento aquellos días. Saltándose todos los procedimientos (los 42 días necesarios para la designación se re- dujeron a 15) y manu militari, el oficialismo impuso el nombramiento de 35 magistrados (13 principales y 22 suplentes), algunos de ellos conocidos revolucionarios, como el viceministro Calixto Ortega (del entorno de Maduro), el diputado Christian Serpa, otro viceministro, un juez fiel al proceso revolucionario y la hermana de un fiscal asesinado en extrañas circunstancias, convertido hoy en héroe de la revolución.
Plazos sin cumplir, militancias prohibidas por la legislación y, ante todo, una Asamblea moribunda, con el período de sesiones agotado, operando con alevosía, nocturnidad y en plena Navidad cuando ya un nuevo Parlamento había sido elegido por el pueblo.
El resultado de la operación Navidad 2015 se sumó a la famosa “Matadora”, como bautizó el propio Cabello en 2014 la imposición, por mayoría simple, de 12 nuevos magistrados, tras obligar a la jubilación de los más independientes.
Entre aquellos elegidos estaban Marjorie Calderón, la jueza que castigó con 30 años de cárcel a los comisarios y policías del golpe de abril de 2002, en una sentencia teledirigida desde el Palacio de Miraflores; una hermana del gobernador chavista de Carabobo, Francisco Ameliach; la revolucionaria declarada Indira Izaguirre y, sobre todo, la gran apuesta del chavismo: Maikel Moreno.
Presidente del TSJ desde febrero pasado, este viejo camarada de Nicolás Maduro ha superado todas las expectativas levantadas con su nombramiento.
Siendo canciller, el “hijo de Chávez” envió a su amigo a la legación diplomática de Italia, un destino ideal para un juez amante de las bellezas.
El currículum de Moreno es el más pintoresco de magistrado alguno. Antes de llegar Hugo Chávez al poder, y siendo oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), participó en dos homicidios, por los que fue condenado.
De la cárcel a un juzgado
Moreno fue destituido y encarcelado, pero en 1990 obtuvo un beneficio procesal. Tres meses después ingresó en el Poder Judicial como secretario de un juzgado en la capital.
Su fidelidad a la revolución se confirmó al convertirse en el abogado defensor de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, radicales que dispararon contra la marcha opositora en abril de 2002 en los hechos violentos que antecedieron al golpe de Estado fracasado contra Hugo Chávez.
En la elección pesó más la fidelidad al poder bolivariano del magistrado que su pasado tumultuoso y su presente polémico, como uno de los chavistas más destacados entre la beautiful people revolucionaria.
Las crónicas rosas de la revolución han convertido a Moreno en todo un personaje de la erótica del poder, cercano al llamado “zar de la belleza”, Osmel Sousa, presidente de Miss Venezuela.
Estos cronistas de la farándula, siempre de pluma afilada, ya contaron en su día que Moreno mantuvo relaciones cordiales con Miss Barinas 2011, hasta que se convirtió en el apoyo fundamental para que Debora Menicucci se alzara con la corona de Miss Venezuela en 2014.
El resultado de la apuesta personal de Maduro, 16 meses después, ha provocado que este tribunal bajo sospecha sea hoy noticia mundial, tras disolver de facto a la opositora Asamblea Nacional y usurpar sus funciones.
Paradójicamente, la propia Asamblea ahora disuelta revocó en julio de 2016 la designación de un buen número de sus jueces y declaró nulo el proceso de selección del comité de postulaciones, por “graves irregularidades y fraude constitucional”.
Según las investigaciones del diputado Carlos Berrizbeitia, 23 de los 32 magistrados no cumplen los requisitos que marca la ley.
Y si se considera sólo la Sala Constitucional, autora de las dos sentencias de esta semana, sólo uno de sus integrantes cumple todas las formalidades, y sobre otros dos se levantan serias dudas. Entre ellos, militantes chavistas, viceministros, magistrados exprés del 2015, candidatos electorales.
Ya lo dijo el magistrado estrella del chavismo, Eladio Aponte, que escapó a Estados Unidos después de participar como hombre clave del Palacio de Miraflores en el TSJ: “Todos los fines de semana, especialmente los viernes, hay una reunión en la vicepresidencia. De allí es de donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia; salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela”.