La Justicia sospecha de un encuentro de José López con AySA y empresarios

Fue un mes antes de la creación de un ente para el soterramiento del Sarmiento

José López los recibió a todos en su oficina. Los empresarios: Lorenzo Ghella (Ghella SA), Juan José Rampoldi (Comsa) y Javier Sánchez Caballero (Iecsa). Los funcionarios: el anfitrión, el secretario de Obras Públicas y Oscar Ricardo Vélez (AySA). Ausente: Odebrecht. La reunión con los empresarios a cargo de realizar el soterramiento del Sarmiento –hasta ahora desconocida– fue el 26 de julio de 2013, un mes antes de que Cristina Kirchner creara la unidad ejecutora para soterrar el Sarmiento, lo que volvió a darle vida a la millonaria obra.

La proximidad a la fecha del reimpulso al proyecto y los protagonistas del encuentro fueron los elementos que tomó la Justicia para investigar el contenido de la reunión, que considera clave para descifrar las negociaciones por el contrato que despierta sospechas de sobornos. Los datos se desprenden de los registros de audiencia pública de la Secretaría de Obras Públicas, que el fiscal Federico Delgado cruzó con la información del teléfono de López y presentó ante los jueces que investigan causas conexas con el caso Odebrecht.

El decreto 1244/2013, firmado por Cristina Kirchner, puso en marcha la unidad ejecutora para el soterramiento del Sarmiento. Aunque la licitación ya había sido adjudicada al consorcio de emprede sas, la obra nunca comenzó. La siguiente pieza del rompecabezas aparece en diciembre. Desde San Pablo, José López envío varios SMS a su secretario privado, después de reunirse con Odebrecht para ordenarle frenar un pago a la empresa por el Sarmiento.

“Estas reuniones marcan las idas y venidas del soterramiento, atravesadas por problemas de financiación, cuya estación principal es el dictado de aquel decreto que de alguna manera la reflota. Si algún ilícito se cometió, fue en los momentos que venimos narrando”, escribió el fiscal en su informe.

Las sospechas de sobreprecios fueron ratificadas por Ernesto Selzer, presidente de la unidad ejecutora del soterramiento del Sarmiento. El ex funcionario sostuvo ante la Justicia que la obra costaba US$ 1000 millones menos de lo que finalmente pagó el Estado. “Yo explicaba técnicamente que lo que pretendía cobrar Odebrecht como monto actualizado de la obra era inaceptable. Pretendía US$ 3000 millones, cuando nuestros ingenieros demostraban que el precio actualizado era de US$ 2000 millones”, dijo ante Delgado.

Selzer, un reconocido ingeniero civil, realizó un detallado informe de 2000 fojas con varias irregularidades que ahora analiza la Justicia. También repartió ese informe a tres ministerios y otras oficinas públicas cuando renunció.

La Justicia tomó nota también la presencia de funcionarios de AySA en la reunión. Participaban del proyecto para soterrar el Sarmiento desde la parte técnica, con el aporte de personal conocido como “tuneladores”. Pero AySA tenía otras atribuciones. El fiscal investiga una “articulación” entre López, Odebrecht y AySA.

La hipótesis fue ratificada por Selzer: “Había un convenio entre Obras Públicas y AySA para que este organismo afrontara los gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora para soterrar el Sarmiento. Pagaban el alquiler de la oficina y los sueldos del personal contratado. Proveían los servicios de infraestructura porque la unidad ejecutora no tenía presupuesto”.

El testigo apuntó contra Carlos Ben, ex titular de AySA. “Ben era del gremio y era una persona de confianza de José Luis Lingeri, que se movía en la práctica como el gran jefe de AySA.” No es la primera acusación contra Ben. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, inició una investigación sobre el patrimonio del ex jefe de AySA tras recibir denuncias anónimas sobre su alto nivel de vida.

Pero el fiscal Delgado entiende que la “articulación” entre los protagonistas se gestó a raíz de una obra que compartieron: la construcción de una planta potabilizadora en Paraná de las Palmas, una obra millonaria que licitó AySA y que ganó Odebrecht.