LA NACION

Los padres del menor mutilado sospechan del personal del cementerio de Otamendi

investigac­ión. Aseguran que se habían quejado por la escasa profundida­d de la tumba

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Los padres de Matías Fernández, el niño de 2 años que falleció tras atragantar­se en Mar del Plata y que luego de haber sido enterrado su cadáver fue hallado mutilado y sin sus órganos cerca de Miramar, aseguraron que el día del funeral de su hijo tuvieron que ayudar a hacer más profundo el pozo en el cementerio porque el cajón no entraba, y que están destrozado­s por tener que volver a enterrar el cuerpo.

“Tuvimos que ayudar a hacer más profundo el pozo. Un sobrino mío que fue al entierro agarró una pala para cavar más porque el cajón sobresalía de la tierra”, dijo a Télam el padre del niño, Eusebio Fernández, de 38 años, durante una entrevista que brindó junto a su esposa, Daisi, de 34, madre de Matías.

“Con el pozo que hicieron en el cementerio, el cajón se notaba que sobresalía de la tierra. Le pedimos a la gente del lugar que cavara más, porque el pozo era corto y poco profundo. Nos dijeron que caváramos nosotros, pero no pensamos nada extraño, la verdad. No imaginamos nada raro”, contó la mujer.

Daisi y Eusebio enterraron a su hijo en la mañana del lunes 13 de marzo último en el cementerio de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, a 38 kilómetros de Miramar, tres días después de que el niño falleciera luego de haberse atragantad­o mientras jugaba en su casa. Féretro violentado

Una exhumación realizada el miércoles último en el cementerio demostró sin embargo que el féretro del niño había sido violentado, que su tapa estaba partida y que dentro del cajón sólo había algunas prendas de ropa que sus padres habían puesto junto al cuerpo.

La exhumación de la sepultura había sido solicitada por la fiscal de Miramar, Ana María Caro, en el marco de la investigac­ión para determinar la identidad del cuerpo de un niño que había sido hallado mutilado, sin órganos ni dientes, el 21 de marzo a la vera de la ruta interbalne­aria 11, entre Miramar y Mar del Sud.

Un cotejo de muestras de ADN de ese cadáver con los registros genéticos de autopsias realizadas a niños fallecidos recienteme­nte en la zona, arrojó que el cuerpo hallado junto al arroyo La Totora era el de Matías, que había sido autopsiado en la morgue policial de Mar del Plata porque su muerte se produjo en la ambulancia mientras era trasladado el Hospital Materno Infantil marplatens­e.

La propia Caro fue la encargada de informar el resultado de esas pruebas de ADN el martes por la noche a Daisi y Eusebio, en la quinta donde ambos viven en el barrio El Boquerón, cerca de Batán, donde trabajan desde hace más de diez años como recolector­es frutihortí­colas.

“No podíamos creer lo que decía la fiscal. Es algo ilógico, quién va a hacer algo así, si mi hijo era un ángel. Nosotros lo velamos y le dimos cristiana sepultura”, dijo la madre en la entrevista con Télam, la cual fue realizada en el estudio de sus abogadas Carolina Ramasco y Marcela González.

El velatorio del niño, contó la mujer, se realizó “a cajón abierto” durante el sábado y domingo posteriore­s a la muerte, y participar­on en él cerca de cien integrante­s de la comunidad boliviana del lugar, y familiares que llegaron desde Tarija, de donde ellos son oriundos.

La mujer contó que ocho días después del entierro habían realizado una misa en memoria de su hijo y habían visitado su tumba, la número 29 del sector IV del cementerio.

“Dejamos unas plantas que regamos y unas flores con forma de corazón que todavía estaban cuando fuimos a la exhumación. Ahora sé que mi hijito ya no estaba ahí”, contó la mujer, en línea con informació­n de la causa que indica que el cuerpo habría sido sustraído la misma noche del funeral.

“Ahora viene lo más duro, que es volver a enterrarlo. Y además ahora sé que mi hijo está todo lastimado. Cualquiera puede imaginar cómo nos sentimos: destrozado­s”, relató la mujer. La fiscal consideró, en tanto, que debía quedar detenido en la alcaidía de Batán el encargado del cementerio de Otamendi, Carlos López, por “contradicc­iones en su declaració­n”.

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