ALQUILERES Y MERCADO DE CAPITALES, LAS LEYES QUE DESVELAN AL SECTOR
La nueva norma que regulará los alquileres y la reforma del mercado de capitales, entre las prioridades del Congreso
Tres proyectos de ley de interés para el real estate figuran en la agenda de prioridades del oficialismo en el Congreso y el Ejecutivo.
Una es la reforma de la ley de alquileres, que si bien no figura entre las prioridades del Gobierno, sí lo está en la agenda del bloque Cambiemos y la oposición. Si Diputados da luz verde al proyecto que recibió media sanción del Senado a fin del año último, impulsado por organizaciones de inquilinos y contra la voluntad de propietarios e inmobiliarias, podría convertirse en ley. Pero Cambiemos le anticipó a la nación que buscará modificar el proyecto.
“Teniendo en cuenta lo costoso que es alquilar en la Argentina, es necesario avanzar en una nueva regulación, pero no necesariamente en el sentido que lo plasmó el Senado”, adelantó el presidente de la comisión de Legislación General de Diputados, Daniel Lipovetzky (Pro), donde debe debatirse la ley. Y agregó: “Tenemos que ver cómo consensuamos la modificación de esa media sanción para incluir un incentivo a la construcción de nuevas viviendas para alquiler. Debemos incrementar la oferta para que bajen los precios y se generen nuevas oportunidades de empleo en la construcción”. Si modifican el texto de la opositora Silvia García Larraburu (PJ-FpV) aprobado en el Senado por unanimidad –incluidos los legisladores de la coalición Cambiemos–, debería volver a la cámara alta en revisión, lo que podría demorar la sanción definitiva.
El proyecto fija un tope al aumento de los alquileres dado que sólo podrán “reajustarse” una sola vez al año en función de un índice que elaboraría el Indec compuesto por el diferencial del aumento de precios minoristas –inflación– y de salarios. En tanto, se aclara que la actualización de los alquileres sólo se aplicaría si existe un incremento del costo de vida superior al 10 por ciento. No obstante, en Cambiemos consideran que la actualización del valor de los alquileres debería ser sólo por el índice de variación salarial. Además, se fija un plazo mínimo de tres años para los contratos –en lugar de dos como en la actualidad– y se permite la rescisión en cualquier momento con una multa de un mes y medio de alquiler, si lo hace durante el primer año, y, de un mes, en el segundo o tercero. De acuerdo con el articulado, cuando el inmueble sea alquilado para vivienda, “no puede requerirse del locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes” y tampoco “depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler”. Por último, aclara que los impuestos que gravan la propiedad y las expensas extraordinarias estarán a exclusivo cargo del propietario.
El diputado macrista anticipó a la nación que el debate tendrá lugar en el marco de los acuerdos sectoriales que lleva adelante el gobierno nacional con el sector empresario, los sindicatos y las provincias. En tanto, los distintos bloques ya mantienen reuniones con los diferentes actores para sentar posiciones.
Por otra parte, la ley del mercado de capitales es, en cambio, prioridad número uno para el Gobierno, aunque no hay aún consenso legislativo siquiera para arrancar su debate. El propio Mauricio Macri le pidió a los diputados en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo que sancionen esa ley cuanto antes. El proyecto fue enviado al Congreso en noviembre e incluido en las extraordinarias, pero la disputa que se libró por la reforma del impuesto a las Ganancias alteró todos los planes. Y lo cierto es que el clima electoral empantana hoy todo tipo de negociación con los aliados habituales del oficialismo, el Frente Renovador y el bloque justicialista.
El apoyo de ambos es fundamental, dado que el Frente para la Victoria ya anticipó su rechazo absoluto a la propuesta oficial de eliminar los poderes que tiene la Comisión Nacional de Valores (CNV) para intervenir en las empresas –impulsada por el propio Axel Kicillof cuando se aprobó la ley en diciembre de 2012–. Además, el proyecto de Pro sugiere que las controversias sobre las decisiones de la CNV se diriman en el fuero comercial y no en el contencioso-administrativo, como disponía la ley K. En este marco, uno de los puntos del proyecto es el que elimina la “doble imposición” tributaria de los fondos comunes de inversión (FCI) cerrados. Desde la oposición se le reprocha que, con esta ley, los FCI dejarían de pagar impuestos.
Con el bloque massista se analiza gravar la renta financiera, pero dejando explícitamente de lado a estos FCI productiva. Además, se dejarían exceptuados a los plazos fijos. También, la intención de ofrecer incentivos para operar en el país, se sostendría la inmunidad impositiva para los compradores de acciones en el mercado local, aunque con reparos. La oposición propone que si la utilidad por compra y venta de acciones se logra en el mismo año fiscal no esté alcanzada por Ganancias, mientras que si la obtiene en otro período estaría gravada.