Odebrecht: más revelaciones
Un ex ejecutivo admitió el pago de sobornos para hacer un gasoducto en el país.
Un ex alto ejecutivo de la firma Odebrecht reveló en Brasil nuevos datos sobre las coimas pagadas en la Argentina durante la última década. Y, otra vez, el Ministerio de Planificación Federal que lideraba Julio De Vido, quedó bajo la lupa del Lava Jato, por lo que, en Buenos Aires, podría resultar una derivación del “caso Skanska”.
El nuevo informante es Márcio Faria da Silva, un ex jerarca de Odebrecht que se acogió al régimen de delación premiada a cambio de una reducción de su condena. Detalló que la empresa pagó coimas a “agentes públicos” argentinos en los proyectos de ampliación de los sistemas troncales de gas, según informó el ministro del Superior Tribunal Federal (STF) de Justicia, Edson Fachin.
Los nombres de los funcionarios argentinos que coimeó Odebrecht permanecen, por ahora, en las sombras. Fachin ordenó mantener la investigación bajo secreto de sumario y sólo aportó pocos datos más en una nota de una carilla que envió a la Procuración General. El primero, que los sobornos se habrían canalizado a través del área de “operaciones estructuradas” que Odebrecht montó para sobornar políticos y funcionarios dentro y fuera de su país, en efectivo o mediante transferencias a cuentas bancarias en paraísos fiscales.
A cargo de supervisar todas las investigaciones derivadas del Lava Jato, Fachin tampoco explicitó cuál sería el proyecto argentino de obra pública en el que Odebrecht coimeó para obtener “ventajas indebidas”, aunque los negocios de la compañía en el país acotan esa búsqueda.
Según su página de Internet, Odebrecht participó en sólo dos proyectos del sector gasífero en la Argentina. Desde 2005, en la ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II, en el Sur –proyecto que financió el Banco de Desarrollo (Bndes) brasileño con US$ 279 millones y que terminaría bajo la lupa judicial como el “caso Skanska”–, y desde 2007 en la ampliación de la capacidad del transporte de gas a lo largo de 15 provincias argentinas.
El currículum del delator Faria aporta otro posible indicio. En la Argentina intervino como apoderado de Odebrecht en las negociaciones para el primero de esos proyectos: la ampliación desde 2005 de los gasoductos bajo el paraguas de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Es decir, el proyecto que derivó en el “caso Skanska” –que admitió el pago de “comisiones indebidas”– e incluyó el allanamiento de las sedes en Buenos Aires de las firmas sueca y brasileña.
En su reporte –identificado como “Petición N° 6712” y dirigido a la Procuración General–, el ministro Fachin detalló además que el ahora delator Faria también identificó a Hilberto Mascarenhas como el responsable de instrumentar el pago de esas coimas a los funcionarios argentinos desde la compañía.
Mascarenhas también se acogió ya al régimen de la delación para obtener una reducción de su condena a cambio de aportar información y documentos sobre el entramado delictivo. Por eso detalló a la Justicia hace un mes que, entre 2006 y 2016, Odebrecht destinó US$ 3390 millones al financiamiento negro de campañas electorales en Brasil y varios países de América latina y África, aunque no aludió a la Argentina entre los receptores.
¿Brasil juzgará coimas criollas?
En la nota que envió a la Procuración, el ministro Fachin tampoco detalló cuánto dinero pagó Odebrecht a esos “agentes públicos” argentinos. Hasta ahora sólo se conoce la cifra total que la compañía brasileña admitió ante la justicia de Estados Unidos que entregó a “intermediarios” para que llegaran a los funcionarios argentinos. En total, US$ 35 millones entre 2007 y 2014.
De esos US$ 35 millones sólo algunos datos sueltos salieron a la luz. Entre ellos, que Manuel Vázquez, operador del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime reclamó por mail los pagos atrasados de una coima en cuotas. También, los pedidos de fondos negros del entonces CEO de la compañía en la Argentina, Flavio Bento e Faría –que no es pariente de Márcio Faria–, para dos receptores en Buenos Aires a los que sólo identificó como “Festança” (“festivo” o “fiestero”) y “Duvidoso” (“dudoso” o “dubitativo”).
Sin embargo, los indicios argentinos que surgen del Lava Jato exceden a Odebrecht. También trascendieron rastros sobre la presunta coima pagada por Cristóbal López para quedarse con la refinería San Lorenzo, que era de Petrobras, y el ingreso de Electroingeniería en Transener gracias a la supuesta intermediación interesada del entonces ministro De Vido.
En el caso de los nuevos datos que aportó el delator Márcio Faria, por lo pronto, el ministro Fachin le pidió a la Procuración General que evalúe si el Poder Judicial brasileño tiene jurisdicción para juzgar actos de corrupción cometidos por empresas de su país en el extranjero.
La pregunta del ministro del Superior Tribunal Federal (STF) a la Procuración no es una mera cuestión formal. Por el contrario, podría abrir la puerta para que la justicia brasileña investigue, por ejemplo, las coimas que Odebrecht ya admitió que pagó en nueve países: la Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, Perú, República Dominicana y Angola.
Esa opción registra antecedentes en otros escándalos de corrupción transnacional. La firma Siemens, por ejemplo, afrontó investigaciones en su país y en Estados Unidos por las coimas pagadas en varios países, entre ellos en la Argentina, por el contrato de los pasaportes y DNI, con resultados dispares. Así, mientras la multinacional alemana admitió su culpa y pagó multas multimillonarias en Munich y Washington, en Buenos Aires todavía ni siquiera comenzó el juicio oral.
Ahora, Odebrecht busca negociar un camino en la Argentina. Ya contactó a la Procuración y al Ministerio de Justicia para transmitirles que puede aportar información, pero a cambio desea negociar su subsistencia operativa en el país. Si no, afirman desde la compañía brasileña, ciertos datos jamás saldrían a la luz.