Temer dio marcha atrás y retiró a los militares de la calle
Luego de las fuertes críticas, revocó el decreto; presentan otro pedido de
RÍO DE JANEIRO.– Ante las intensas críticas que generó el despliegue de las fuerzas armadas en Brasilia para contener las violentas protestas en su contra, el acorralado presidente Michel Temer dio ayer marcha atrás en su decisión y ordenó la retirada de los militares.
Luego de una reunión de urgencia con sus principales asesores en el Palacio del Planalto, el mandatario, cada vez más debilitado por las revelaciones del escándalo de sobornos del frigorífico JBS, revocó el polémico decreto firmado menos de 24 horas antes. Le tocó a su ministro de Defensa, Raúl Jungmann, dar la cara y hacer lo posible por defender la controvertida medida que llevó a 1500 efectivos del ejército a las calles de la capital.
“El presidente, considerando que fue restaurado el orden, la tranquilidad y el respeto a la vida, decretó la suspensión de la garantía de la ley y el orden”, señaló el funcionario, que resaltó que los militares habían sido autorizados sólo a actuar defensivamente para proteger el patrimonio público y a la gente. “Quedó claro que el desorden no será tolerado. Será reprimido con la ley”, agregó.
Anteayer por la tarde, una manifestación de unas 35.000 personas convocada por sindicatos y movimientos sociales se enfrentó con la policía frente al Congreso y luego se desbordó en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. Varios edificios públicos fueron depredados y cuatro ministerios, incendiados. Al final de la noche, ocho manifestantes habían sido detenidos; 49 personas resultaron heridas.
Desde el opositor Partido de los Trabajadores (PT) se calificó la intervención militar como “una medida innecesaria y desmedida, que nos remite a retrocesos típicos de los años de plomo de la dictadura militar”.
Jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) también expresaron su preocupación, mientras que en las redes sociales se multiplicaron las condenas al presidente por la orden, que para muchos analistas dejó en evidencia la vulnerabilidad de su gobierno ante la profunda crisis política.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República inició una investigación contra Temer por intento de obstrucción de la justicia, corrupción pasiva y asociación ilícita tras la revelación del acuerdo de delación premiada de Joesley y Wesley Batista, dueños de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. Como parte de su colaboración judicial, Joesley Batista aportó una grabación en la que parece escucharse a Temer avalar el pago de sobornos al condenado ex titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para comprar su silencio.
Cunha, que al igual que Temer pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue el mayor impulsor del impeachment contra Dilma Rousseff que posibilitó la llegada del actual mandatario al poder.
En sus esfuerzos por aplacar las críticas al despliegue militar, el ministro Jungmann apuntó que la medida ya había sido aplicada varias veces en los últimos diez años, y dio como ejemplos la orden de Dilma para garantizar la subasta de derechos de exploración de reservas marinas de petróleo a fines de 2013, durante el Mundial de fútbol y para los Juegos Olímpicos de Río. Pero, hasta ahora, las fuerzas armadas no habían sido llamadas para contener protestas, responsabilidad de la policía y la Fuerza Nacional.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentó un nuevo pedido de impeachment al presidente (el 13° que está bajo consideración del titular de la Cámara baja). En él se detallan que Temer habría cometido dos crímenes de responsabilidad en la grabación ofrecida por Batista: violó el código de conducta ética de funcionarios públicos al aceptar una reunión sin registro con una persona investigada ya por actos de corrupción, e incumplió sus deberes como funcionario público al escuchar de Batista que había cooptado a fiscales y jueces para limitar la operación anticorrupción Lava Jato.