Investigan las amenazas que sufrió Ducler antes de morir
El fiscal federal Zoni impulsó la causa; pidió que el hijo del financista vuelva a declarar ante el juez Lijo
El fiscal federal Juan Pedro Zoni impulsó la causa para que se investiguen las intimidaciones que denunciaron haber recibido Juan Manuel Ducler y su padre, Aldo, poco antes de morir, la semana pasada. Zoni le pidió al juez federal Ariel Lijo que vuelva a citar a Ducler hijo para pedirle más detalles de lo ocurrido.
Ahora el juez, al que le tocó la denuncia por sorteo, decidirá cómo investigar las intimidaciones que el financista y su hijo dijeron haber recibido. Se trata de llamadas amenazantes, sostuvo, recibidas en los últimos 40 días, algo que vinculó al manejo de los fondos de Santa Cruz y cómo fueron usados para la política y para privatizar YPF.
Ducler hijo declaró al viernes ante el juez Claudio Bonadio, quien le puso custodia. No dio muchos detalles, ni el número del teléfono por donde dijo haber recibido las llamadas, ni la dirección de su madre, de quien dijo que era víctima de intimidaciones.
Ahora Ducler hijo sostuvo que el año pasado también había sufrido otras amenazas, en aquella oportunidad vía Twitter, y señaló que denunció el episodio ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Para la familia de Aldo Ducler, su muerte sigue siendo sospechosa, a pesar de que la autopsia determinó que padeció una cardiopatía.
Ducler había prometido en un escrito presentado en la Unidad de Información Financiera (UIF) revelar documentación explosiva sobre los millonarios fondos de Santa Cruz y la “argentinización” de YPF por parte de los Kirchner.
Su hijo declaró ahora que ya en 2016 había denunciado “graves amenazas”.
Según documentos a los que accedió la nacion, Ducler había pre- sentado en octubre pasado una ratificación de una denuncia iniciada un mes antes por “lesiones a su honor” debido a las versiones que lo vinculaban al “narcolavado” –causa en la que había sido sobreseído– y los fondos de Santa Cruz. La denuncia se había hecho en el tribunal que conduce Martínez de Giorgi. En esa ratificación afirma haber sido “blanco de graves amenazas proferidas en forma cobarde en las redes sociales”. En el círculo de los Ducler afirman que el magistrado no reaccionó ante esa información.
En el juzgado explicaron que era una “autodenuncia” cuyo objeto era el fraude del que se lo acusaba y que a instancias del fiscal Franco Picardi fue enviada al Sur porque se trataba de hechos ocurridos en Santa Cruz. Y dijeron las fuentes que no hubo una formalización de la denuncia de amenazas, sino comentarios del abogado en la mesa de entradas del juzgado que no quedaron en la declaración de Ducler.
A disposición
El escrito que dejó Ducler señalaba: “Me pongo a vuestra entera disposición a efectos de colaborar y aclarar cualquier cuestión referida a los hechos que la presente investigación suscite, a fin de preservar el buen nombre que con los años me he ganado”.
Agregaba: “Acompaño una serie de noticias periodísticas que guardan estrecha relación con el objetivo de mi denuncia y que, además, vuelven a vincularme con posibles acciones espurias con relación al manejo de los fondos cobrados por la provincia de Santa Cruz en concepto de regalías”.
En mayo de 2008, Ducler había sido sobreseído por el juez Octavio Aráoz de Lamadrid en una causa de “narcolavado”.
El gobierno de EE.UU., en una investigación por lavado de dinero, detectó que cuentas de la financiera Mercado Abierto fueron el destino final de millones de narcodólares enviados desde Nueva York por agentes secretos que infiltraron una operación encubierta del cartel de Juárez. A fines de 2004, la justicia mexicana afirmó que la llamada Operación Casablanca, nacida a fines de los 90 y en la que estaba mencionado Ducler, era ilegal. En septiembre de 2000, los integrantes de Mercado Abierto (Ducler, Miguel Iribarne y Héctor Scasserra) acordaron con los departamentos de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos para poder seguir operando en ese mercado y descongelar sus cuentas bancarias.