Un quinielero pagó coimas en 27 seccionales
Buscaba proteger el juego ilegal en la zona norte.
El 8 de septiembre de 2003, Carlos Fernández recibió una pequeña caja con un dedo. Concretamente, la primera falange de un meñique derecho. Para que no le quedaran dudas de que se trataba del de su hija, Mirta, los delincuentes que la tenían cautiva mandaron un video en que la mujer estaba en la cama y con la mano derecha herida.
Mirta Fernández fue víctima de uno de los secuestros más aberrantes de la historia penal argentina. Durante los 27 días que estuvo cautiva, los delincuentes la torturaron con una picana eléctrica y le amputaron un dedo para mandárselo a su padre y obligarlo a pagar el millonario rescate que exigían para liberarla.
La banda que secuestró a la hija de quien era señalado entonces como uno de los capitalistas de juego más importantes de la zona noroeste del conurbano estaba integrada por Sergio Orlando Leiva Pérez, alias “el Negro Sombra” y Horacio “Lala” López. Según la Justicia, Leiva y López también fueron responsables de los secuestros de Ernesto Rodríguez –padre de Jorge “Corcho” Rodríguez– y de Francisco Hahner.
Por el secuestro de Mirta Fernández también fue condenado el suboficial de la Policía Federal Juan Carlos Gómez, que fue carcelero de la mujer durante los 27 días de cautiverio, lapso en el que ambos trabaron una relación afectiva, según fuentes de la causa. Siguieron comunicándose después de haber sido ella liberada.
Los secuestradores exigían por ella un millón de dólares. Para “convencerlo” de pagar, los delincuentes le mandaron a Fernández un audio con los gritos de su hija mientras era picaneada.
Había sido secuestrada el 19 de agosto de 2003 cuando llegaba a su casa, en Don Torcuato. Ocho sujetos armados con pistolas 9 mm y FAL, distribuidos en tres autos y una moto, la interceptaron y dispararon contra un policía que intentó impedir que se la llevaran. Una semana después de haber recibido la caja con el dedo de su hija, Fernández pagó $ 430.000 de rescate. El dinero fue arrojado en una bolsa de polietileno en la avenida General Paz, a la altura de puente Saavedra. Horas después, Mirta fue liberada.
En 2008, la Cámara Nacional de Casación penal confirmó la condena de 23 años de prisión contra Leiva y de 20 años para López y el policía Gómez.