El Gobierno defendió la expropiación de YPF ante la justicia norteamericana
En un escrito, la defensa afirmó que se trató de un acto soberano; busca evitar una demanda millonaria del fondo Burford
El Gobierno le pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que no haga lugar al reclamo económico del fondo de inversión Burford al expresar que la expropiación de las acciones de Repsol YPF fueron un acto soberano de la Argentina, sin una finalidad comercial.
Así lo expresa en un escrito de 60 páginas que sirve como base para la audiencia que se realizará la semana próxima, en la que estos magistrados de segunda instancia decidirán si hacen lugar al reclamo original de Petersen, que fue comprado por el fondo Burford y que ya recibió una sentencia favorable en primera instancia.
El argumento central de los abogados del estudio Akerman gira en torno de la doctrina del Act of State, que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su Poder Judicial no se entrometerá en los actos de otros países cuando se trata de hechos ocurridos en su territorio.
Estados Unidos acepta esta doctrina en sus tribunales, que es una de las piezas que la Argentina llevó como argumento a este juicio y que la jueza neoyorquina Loretta Preska no convalidó en primera instancia. El Act of State se utiliza generalmente cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida.
“La expropiación es constitucional y fue avalada por el Congreso”, indicaron los abogados, defendiendo, a la fuerza, la polémica decisión del kirchnerismo.
La Argentina, indicaron, es un Estado soberano y por lo tanto inmune a ser sancionado por actividades comerciales que no fueron tales en el caso de esta expropiación, ya que está protegida como otros países en Estados Unidos por la Foreign Sovereing Immunity Act (FSIA).
Acto soberano
El escrito, al que tuvo acceso la nacion, subraya que la firma Petersen, del grupo Eskenazy, está haciendo un reclamo por un acto soberano, no comercial.
De inmediato en el escrito se aclara que la decisión se tomó durante el kirchnerismo y que el gobierno de Macri ha tenido una conducta diferente hacia el sector privado, tal como lo demostró en el pago a los acreedores que estaban en default.
De todos modos, la defensa separa ambos hechos al expresar que en el caso del conflicto con los holdouts había una disputa que abarcaba una actividad comercial en los Estados Unidos, mientras que en el caso de YPF fue una decisión en la Argentina, sobre la base de una ley nacional, sin afectar activos norteamericanos.
El Gobierno afirma que el grupo Petersen no pudo probar la raíz comercial que dio origen al reclamo judicial y afirma que el grupo empresarial discute en su demanda la naturaleza de la expropiación.
En su descargo, el grupo Petersen había afirmado justamente lo contrario: que no disputaba la expropiación en sí y que sí había una actividad comercial.
Una vez que pase la audiencia del próximo jueves y la cámara se expida sobre los argumentos que expondrán los abogados de la Argentina y de Burford –que le compró el reclamo legal a los Eskenazy–, el tema volverá a la primera instancia, donde la jueza Preska deberá decidir si el reclamo del fondo de inversión es pertinente y si hace lugar a la demanda de 3000 millones de dólares que pidió como resarcimiento contra el Estado argentino.
Recién en ese momento la Argentina podría argumentar, como piensan algunos abogados que participan del caso, que luego de las revelaciones formuladas por el financista Aldo Ducler –quien tuvo mucha cercanía con el kirchnerismo y falleció el jueves pasado– el reclamo de Burford-Eskenazy es nulo porque la compra de esas acciones se habría hecho con dinero presuntamente “mal habido”. Y, más aún, no sólo rechazar el pedido de los demandantes, sino repetir la demanda contra ellos, en complicidad con el kirchnerismo.