Para manejar el juego ilegal les pagaba sobornos a 27 seccionales
El jefe de la maniobra destinaba $ 150.000 por mes para que sus levantadores de quiniela no fueran detenidos por la policía
Un capitalista del juego destinaba al menos 150.000 pesos por mes a 27 dependencias policiales de la zona norte y noroeste del conurbano. No eran otra cosa que coimas para evitar que sus cien levantadores de quiniela clandestina, que recaudaban hasta $ 800.000 en jornadas en que había cuatro sorteos, fuesen molestados durante sus quehaceres o, eventualmente, detenidos por las operaciones ilegales.
Esta red de corrupción policial fue desbaratada a partir de una investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal de San Martín en julio del año pasado. Durante los allanamientos fueron apresados tres jefes policiales y el organizador de la maniobra: Carlos Alberto Fernández, que murió mientras estaba detenido. Su abogado era Jorge Cancio, actual subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas.
Durante los operativos, los detectives abocados al caso secuestraron computadoras y soportes informáticos que contenían archivos encriptados, es decir, cifrados con una clave secreta.
Hace una semana, los peritos informáticos oficiales lograron desencriptar esos archivos. Encontraron una planilla donde el capitalista detallaba todo el dinero que pagaba en concepto de sobornos.
Allí figuran las siguientes dependencias policiales: Don Torcuato, Del Viso, Alberti 1 y 2, Departamental Don Torcuato, Los Polvorines, Dirección de Investigaciones de Pilar, Dirección de Investigaciones de San Martín, Comando de Patrullas, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Garín, Departamental Pilar y Distrital Escobar. Figuran, también, al menos cinco policías que se desempeñan en jefaturas departamentales de la zona.
Los sobres con dinero que se destinaban a esos policías corruptos sumaban $ 120.000, a los que se agregaban $ 30.000 que eran entregados a ocho uniformados que aparecen con distintos sobrenombres y en diversas dependencias.
En la planilla figura un ítem titulado “adicionales”, en el que, además de los honorarios del jardinero, figura un apellido: Cancio.
Ese apellido se repite en una de las actas en las que se detalla cuáles fueron los elementos secuestrados en los allanamientos. Dentro de una caja fuerte había 76.800 pesos repartidos en fajos que llevaban los nombres de “Cancio”, “Alberto”, “Rosa” y “Walter”. Ese cofre guardavalores fue encontrado en un inmueble situado en José Martí al 1400, de la localidad de Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas.
El propietario de ese local era Fernández, señalado como el capitalista de juego más importante de la zona, con más de cien levantadores de quiniela que operaban en el eje de la vieja ruta 8, la ruta 202 y la autopista Panamericana.
Su hija, Mirta, había sido secuestrada en 2003, en la época más crítica de ese tipo de delitos. Estuvo 27 días cautiva. Los secuestradores le cortaron un dedo y se lo mandaron a Fernández para que pagara el rescate. La mujer fue liberada luego de que su padre abonó 400.000 pesos, más de 100.000 dólares de la época. La banda de secuestradores, encabezada por Sergio Orlando Leiva, alias “Negro Sombra”, fue condenada en 2007. Entre los sentenciados figuraba un policía bonaerense (ver aparte).
Además del dinero, dentro del inmueble los investigadores de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense encontraron un centro de cómputos donde se procesaban las apuestas clandestinas de quiniela. Los investigadores secuestraron 15 computadoras y siete faxes en los que se recibían las planillas con las jugadas.
Al revisar la propiedad, los funcionarios de Asuntos Internos encontraron programas con apuestas de todas las quinielas nacionales y provinciales, anotaciones de juga- das de quiniela, de levantadores y corredores que trabajaban en combinación con el dueño del local. Toda esta actividad ilegal fue desarrollada por Fernández en el inmueble de Malvinas Argentinas.
Al ser consultado por la nacion, el subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, admitió que había sido abogado del capitalista de juego detenido en una causa en la que había sido acusado de un homicidio culposo ocurrido en el cruce de la avenida 9 de Julio e Independencia, en el centro porteño.
“Hace mucho tiempo que no hablaba con Fernández, así que no sabía que todavía desarrollaba esa actividad. Pensé que había dejado hace tiempo. Voy a presentarme cuanto antes ante la Justicia para aclarar todo esto”, dijo a la nacion el funcionario municipal.
Fernández falleció mientras estaba detenido. Fueron procesados el oficial Damián Campero y el comisario de Los Polvorines Andrés Fabián Condes. El juez de San Martín Mariano Gramático Mazzari los acusó de cohecho activo.
La causa comenzó hace once meses a partir de una llamada anónima que recibió el fiscal de Investigaciones Complejas de San Martín, Edgardo Ledesma. Le dijeron que “policías de las comisarías de “Pablo Nogués, Los Polvorines Jefatura Departamental y Comando de Patrullas pasaban a retirar sobres con dinero por el inmueble situado en José Martí al 1400, de Malvinas Argentinas. Allí, el dueño de la propiedad entregaba dinero para que no lo persiguieran y lo dejaran continuar con la actividad de apuestas clandestinas de quinielas”.
Ante esta denuncia, el fiscal ordenó una vigilancia de ese domicilio que derivó en las detenciones de los jefes policiales y en el allanamiento de la propiedad de José Martí al 1400, donde estaba montado el centro de cómputos de las apuestas clandestinas.
El análisis del contenido de los discos rígidos y de los servidores asociados a las computadoras del lugar fue arduo. En especial, costó desentrañar las claves de los archivos encriptados. Finalmente, los expertos informáticos de la Dirección General de Asuntos Internos lograron, la semana pasada, abrir la caja de Pandora. Así tuvieron el detalle de las coimas que Fernández pagaba para que sus corredores levantaran $ 800.000 por día en apuestas clandestinas.
A partir de la desclasificación de los archivos habrá, seguramente, nuevos nombres en la causa.