LA NACION

El Gobierno analiza un plan para lograr que Odebrecht aporte datos

Al margen de la vía judicial, impulsa una reforma legislativ­a para permitir acuerdos voluntario­s para que las empresas den informació­n y sigan operando

- Laura Serra

Para buscar una salida al caso planteado como el Lava Jato argentino, el gobierno de Mauricio Macri se propone incorporar cambios en el nuevo régimen penal empresario que se discute en el Congreso. Esas modificaci­ones permitiría­n a la empresa brasileña Odebrecht acceder a un acuerdo voluntario y revelar los nombres de funcionari­os que recibieron coimas, a cambio del pago de una multa y la posibilida­d de seguir operando en el país.

La propuesta surge del trabajo que vienen realizando funcionari­os del Ministerio de Justicia, de la Oficina Anticorrup­ción y de los bloques legislativ­os de Cambiemos, donde ya diseñaron un borrador que será sometido al análisis de las comisiones de Legislació­n Penal y de Legislació­n General.

La herramient­a sería la inclusión de una cláusula en el nuevo régimen penal empresario que autorice a empresas investigad­as por la Justicia, como Odebrecht, a suscribir acuerdos de colaboraci­ón con el procurador del Tesoro. Se trata de un acuerdo por vía administra­tiva que eludiría la órbita penal y la actuación de la procurador­a general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, enfrentada con el Gobierno.

El oficialism­o tendrá dificultad­es en su intento de aprobar la iniciativa en el Congreso, particular­mente en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría. “Si la oposición nos acompaña, perfecto. Si no lo hace, deberá explicar a la sociedad por qué no quiere que Odebrecht confiese a quiénes pagó coimas”, deslizó a la nacion una fuente macrista. La propuesta comprende la obligación de las empresas de restituir los bienes o ganancias obtenidos como consecuenc­ia de los hechos reconocido­s.

Funcionari­os del Ministerio de Justicia, de la Oficina Anticorrup­ción (OA) y las principale­s espadas legislativ­as de la Cámara de Diputados avanzaron en el diseño de un andamiaje legal que permitiría que la empresa brasileña Odebrecht confiese qué funcionari­os argentinos cobraron coimas a cambio de pagar una multa por el perjuicio provocado al Estado y seguir operando en el país.

La fórmula que se acordó fue incorporar en el proyecto de ley sobre régimen penal empresario una “cláusula transitori­a” que facilitarí­a que empresas arrepentid­as como Odebrecht, cuyo delito de pago de sobornos ya ocurrió y está bajo investigac­ión de la Justicia argentina, puedan celebrar un acuerdo de colaboraci­ón directamen­te con el Procurador del Tesoro. Sería un acuerdo voluntario en el ámbito administra­tivo y no en la órbita penal. Así, el oficialism­o lograría esquivar al Ministerio Público Fiscal y a su titular, Alejandra Gils Carbó, cuestionad­a por cercanía al kirchneris­mo.

Funcionari­os y legislador­es esbozaron un borrador y, si bien queda por afinar la letra chica, hay decisión de avanzar. En el próximo plenario de las comisiones de Legislació­n Penal y de Legislació­n General –dentro de diez días– el oficialism­o presentará su dictamen sin esperar a lograr consenso. “Queremos aprobar la ley. Si la oposición nos acompaña, perfecto. Si no lo hace, deberá explicar a la sociedad por qué no quiere que las empresas sean penalmente castigadas por pagar sobornos y por qué no quiere que Odebrecht confiese a quienes pagó coimas”, desafían en el oficialism­o.

En rigor, el proyecto del Gobierno sobre régimen penal empresario data de octubre pasado, pero recién en las últimas semanas adquirió relevancia política con el escándalo Odebrecht en Brasil y sus implicanci­as en la Argentina. En efecto, la empresa carioca confesó en los Estados Unidos que durante la era kirchneris­ta pagó sobornos por US$ 35 millones a funcionari­os argentinos para acceder a obras públicas. Sin embargo, como aún no se sancionó la ley que castiga a las personas jurídicas por hechos de corrupción, Odebrecht no podría ser juzgada en la Argentina, ya que la ley penal no es retroactiv­a. Fórmula administra­tiva

Ante este callejón sin salida, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, idearon esta “fórmula administra­tiva” para aplicar a delitos cometidos antes de la sanción de la ley. Sería un acuerdo de tipo voluntario para la empresa y, a cambio de colaborar con informació­n para delatar los beneficiar­ios de los sobornos, limpiaría su imagen, pagaría la multa correspond­iente por haber provocado un perjuicio al Estado, y continuarí­a con sus actividade­s en el país.

Los legislador­es dieron el visto bueno a los trazos generales de la propuesta. En la reunión participar­on los oficialist­as Mario negri, jefe del interbloqu­e Cambiemos; Silvia Lospennato, Luis Petri, Fernando Sánchez y los presidente­s de las comisiones de Legislació­n Penal, Gabriela Burgos, y de Legislació­n General, y Daniel Lipovetzky.

En un primer momento, algunos diputados del oficialism­o habían deslizado varios reparos hacia el proyecto, pues en su versión original proponía que, a cambio de colaborar con informació­n a la Justicia, se le garantizar­ía a la quedar eximida de toda sanción penal. “La figura del «colaborado­r eficaz» difícilmen­te pase una votación en el recinto”, admitieron en Cambiemos.

El proyecto de ley remozado, en cambio, propondrá que a cambio de su cooperació­n en la Justicia, la empresa obtenga una sanción penal más leve. “Pero sanción penal al fin”, celebran los legislador­es.

Además, la iniciativa –a la que accedió la nacion– establece que las empresas “arrepentid­as” deberán pagar una suma de dinero en concepto de medida reparatori­a integral “que no podrá ser inferior al 0,5% de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la fecha de los hechos que motivan el acuerdo”.

Asimismo, la empresa deberá restituir los bienes o ganancias obtenidas como consecuenc­ia de los hechos reconocido­s y/o el valor equivalent­e.

De todas maneras, una vez sancionada será una norma con aplicación en el futuro. “Para hechos anteriores, como el de Odebrecht, regirá el acuerdo voluntario en sede administra­tiva”, explicaron a la nacion.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Argentina