La Justicia investiga el aporte de $ 500.000 a Pro
Se trata de una donación de la empresa Braskem; el fiscal Di Lello abrió una investigación preliminar
Odebrecht vuelve a complicar al oficialismo en Tribunales, aunque esta vez poco tiene que ver con el Lava Jato. El fiscal Jorge Di Lello investiga el aporte electoral que Braskem SA –una petroquímica controlada por la constructora brasileña– realizó a la campaña presidencial de Mauricio Macri, al entender que pudo haber formado parte de una compleja maniobra que pudo haber perjudicado al Estado.
Di Lello abrió en la última semana una investigación preliminar para determinar si los $ 500.000 que donó Braskem a Pro en 2015 están vinculados con una operación financiera que habría generado un perjuicio millonario para el Estado, informaron fuentes judiciales.
El fiscal ya tomó la primera medida de prueba: ordenó a la inspección General de Justicia (iGJ) que entregue la nómina de integrantes de la empresa. La intención es establecer si, además del aporte corporativo, algún ejecutivo realizó donaciones a nombre individual a la campaña del Presidente.
Odebrecht es la accionista mayoritaria de Braskem, una empresa que también admitió sobornos ante la Justicia de los Estados Unidos.
Según explicaron desde Odebrecht a la nacion, el aporte de Braskem Argentina SA figura en el balance de Pro porque la empresa pagó una mesa en la cena de recaudación que organizó Cambiemos en marzo de 2015. Desde la petroquímica, en tanto, señalaron que el aporte fue legal y aseguraron ser una firma independiente al holding constructor.
“La donación es totalmente legal. Es una más entre los 2000 empresarios que vinieron a la cena. no existe ninguna incompatibilidad, ni nada espurio detrás del aporte”, sostuvo José Torello, apoderado de Pro.
Di Lello, fiscal electoral, abrió una investigación preliminar por la donación a raíz de otra denuncia que ingresó en su oficina. La diputada Victoria Donda (Libres del Sur) pidió investigar si distintas operaciones financieras realizadas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses estuvieron orientadas a empresarios de buen vínculo con el Gobierno.
Donda pidió, en particular, investigar la venta de acciones de la química Solvay indupa a la brasileña Unipar Carbocloro, que habría generado –sostuvo– un perjuicio al Estado de $ 12 millones, un cálculo desmentido por la Anses.
Sin embargo, la diputada despertó otra alerta al asegurar que Unipar Carbocloro tiene un nexo comercial con Braskem, la empresa que aportó a la campaña del Presidente.
Según pudo conocer la nacion, Braskem quiso absorber a Unipar en Brasil, pero chocó con el Consejo Administrativo de Defensa Económica, que rechazó la operación en base a las leyes antimonopolio.
Así, Unipar se escindió en dos empresas: Unipar Carbocloro y Unipar Comercial. Finalmente, Braskem logró absorber sólo a Unipar Comercial. “no tuvimos relación con Unipar Carbocloro”, aseguraron desde esa empresa a la nacion.
Mientras tramita ambas causas, Di Lello espera recibir datos sobre Braskem de la iGJ para ordenar nuevas medidas de prueba con respecto a la donación electoral.
Las cuentas de la campaña presidencial de Macri también quedaron bajo la lupa por el aporte de su cuñado, Daniel Awada. El fiscal abrió otra investigación preliminar para investigar si detrás de la donación del empresario textil se esconde una maniobra de lavado de dinero. El aporte de Awada ya había sido objetado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Días antes del ballottage, Awada desembolsó $ 2,6 millones para financiar el último tramo de la campaña. El empresario entregó a la nación todos los documentos que certifican que el aporte se hizo a través de transferencias bancarias.
El monto de la donación llamó la atención de la Justicia, pese a que se encuentra dentro de los límites establecidos por la ley. Una denuncia de la Procelac puso en duda los ingresos del empresario, al indicar que recibió en los últimos meses de 2015 “acreditaciones bancarias” por sólo un millón de pesos.